En una escueta comunicación con Salta/12, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Gustavo Krause, negó que se vayan a realizar modificaciones en el uso de los edificios de los institutos de menores en conflicto con la Ley Penal ubicados en las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal.

La advertencia sobre la posible desafectación de ambas instituciones fue volcada en un comunicado oficial por la asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, quien mostró preocupación ante el posible traslado de adolescentes alojados en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal en el Distrito Judicial del Norte a otros inmuebles que se buscaban alquilar.

Frente a esos hechos, Lapad afirmó en el comunicado que se realizaron reuniones con Krause y el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, quien le habría manifestado que no era una decisión tomada, sino una idea surgida durante una reunión de trabajo en la que se analizó la situación carcelaria de la provincia.

Aunque en la reunión Pulleiro “garantizó que la intención es trabajar en un dispositivo adecuado, siempre respetando el marco normativo que regula a los jóvenes en conflicto con la ley penal y teniendo en vista su reinserción social”, los asesores de la zona norte recordaron las condiciones en las cuales estuvieron antes alojados los jóvenes.

El asesor de Incapaces N° 2 de Orán, Cristian Babicz, señaló que la situación de hacinamiento ya fue atravesada por los jóvenes oranenses que se encuentran imputados o procesados por delitos graves y tienen entre 16 y 17 años. Lapad recordó, por su parte, lo acontecido en la madrugada de la Navidad de 2008, cuando por un motín e incendio en la Comisaría 20 de Orán murieron 6 chicos menores de edad que estaban alojados en una misma celda.

El Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la ley Penal de Tartagal fue inaugurado en 2013. El de Orán fue habilitado en enero de 2014. "El nuevo edificio tiene capacidad para albergar a 24 menores y posee una estructura pensada para el abordaje integral, a través del trabajo de un equipo interdisciplinario compuesto por asistentes sociales y psicólogos. Asimismo, garantiza la educación formal y no formal de los jóvenes y propone actividades recreativas, deportivas y culturales", informaba la provincia entonces.

De casualidad

Babicz afirmó que los asesores se enteraron casi de casualidad de las intenciones del Ministerio de Seguridad. Esto ocurrió cuando visitaron el Centro de Menores de Orán y se dieron con la novedad, sin que hubiera ninguna información oficial hacia ellos o la misma Lapad respecto de un posible traslado a otro lugar. En las versiones aparecían también las promesas de que estos inmuebles iban a ser acondicionados.

El Centro donde se aloja a chicos en conflicto con la Ley Penal en Orán tiene una hectárea, un salón de usos múltiples (SUM), canchas, y salas para recreación, todo lo que les permite una mejor condición de internación. Los asesores pusieron en duda que en Orán se pueda conseguir un inmueble que reúna estas condiciones. 

A ello, Babicz sumó que una decisión para trasladar a los menores de edad a otro lugar, implicaría un retroceso para la política penal juvenil de la provincia, que cuenta con estos dos centros desde 2013.

El asesor agregó que la situación menos común es que los chicos queden encerrados en las penitenciarías de adultos antes de cumplir los 18. Actualmente, en el Centro de Orán son 14 los internos y hay 8 en el de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín). Las instalaciones actuales, en tanto, tienen 24 plazas cada una.

La decisión sobre la continuidad o no de estos chicos en una cárcel de adultos queda a cargo del juez de Menores. El funcionario de la asesoría recordó que la mayoría de los chicos que terminan internados en estos institutos vienen de una situación de vulnerabilidad atravesada por el denominador común de las adicciones. A ello se suman situaciones de expulsión familiar en algunos casos, más la deserción escolar.