Desde Santa Fe

La diputada provincial Matilde Bruera dijo que la “persecución” al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain está “armada”. “Es un lawfare santafesino”, tan “evidente” y “grosero”, como si alguien dictara el guión. La denuncia de la diputada Lucila Lehmann para iniciarle un juicio político es “vergonzosa” y el operativo de la comisión del ramo en la Cámara de Diputados –con mayoría del Frente Progresista-, “ilegal e inconstitucional”. La Constitución de Santa Fe es muy clara. “El juicio político es contra un ministro. Sain renunció, entonces no puede haber juicio político si no hay ministro. Es imposible legal y constitucionalmente”, explicó la legisladora a Rosario/12. “Esto es una persecución hacia alguien que empezó a desenredar la madeja de la vinculación del crimen organizado con sectores judiciales y políticos”. Pero como el juicio político “ya es un papelón”, ahora la extienden al cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA que Sain ganó por concurso y en el que fue reincorporado porque cesó su licencia. “¿Por qué lo persiguen también en ese cargo? Esto pone en evidencia que lo que no quieren es que Sain investigue, lo que les preocupa no son los audios privados sino las investigaciones públicas que está haciendo”.

Bruera planteó que la denuncia de Lehmann con la que “se pretende abrir el juicio político” debe ser rechazada. “Es vergonzosa. No tiene entidad jurídica. En realidad, no denuncia nada. Habla de injurias, que es un delito de acción privada, si alguien se siente injuriado debe querellar. Dice que ha cometido delitos y no dice qué delitos cometió. Realmente es para descartar. Pero además, hay un hecho previo: Sain ya no es más ministro, no hay juicio político, se terminó. Sin embargo, mantienen abierto ese escenario para hacer campaña electoral, perseguir a un funcionario y evitar que sigan las investigaciones del crimen organizado en esta provincia. Realmente, es muy preocupante”, alertó.

-Pero las decisiones en la comisión de Juicio Político salen por mayoría.

-Por supuesto que las mayorías deciden, pero dentro de la ley. La mayoría no puede decidir fuera de la ley. Es un descrédito institucional muy grande. La Cámara de Diputados no puede seguir con un juicio político cuando la Constitución dice que no puede haber juicio político si no hay funcionario.

-¿Es ilegal?

-Por supuesto. Es inconstitucional, va contra las leyes y las convenciones de derechos humanos que tienen vigencia en la Argentina. El artículo 98 de la Constitución de Santa Fe dice claramente a quiénes se les pueden hacer juicio político. Y si una persona ha cesado en el Ministerio ya no se le puede hacer juicio político. Eso es clarísimo en la Constitución. No se pueden adoptar medidas, citar gente, pedir informes sin decidir previamente el juicio político. Lo que se hizo hasta ahora es ilegal. Por eso digo que afecta la calidad institucional, pero muy seriamente.

-¿Una excursión de pesca?

-Es peor. Una excursión de pesca sería dentro de un procedimiento determinado. Pero acá no se puede abrir el procedimiento. Creo que mantienen abierto un escenario político al margen de la ley. El juicio político a esta altura es sólo una excusa para avanzar en la persecución política al funcionario, que además es evidente. Esto no es una suposición mía, es evidente. Porque en la medida que se les reduce la posibilidad del juicio político aparecen ataques por otros frentes. Aparece la denuncia (del fiscal regional de Santa Fe Carlos) Arietti. Aparece la decisión (del fiscal regional de Rafaela Diego) Vigo. Aparecen todos estos ataques por muchos frentes. Es evidente que lo que no se quiere es que una persona que investiga el crimen organizado siga en Santa Fe. Un crimen organizado que por otra parte mueve mucho dinero. No tenemos instituciones.

-¿Qué opina de la denuncia de Arietti?

-Es un fiscal cuestionado (por Sain) y ahora lo denuncia. No hay dudas que es una persecución armada, en distintos planos. Por eso mantienen el juicio político, pero como se les cae y es un papelón, entonces abren otros frentes. Y los que se prestan a esa persecución son fiscales cuestionados, como Arietti por el caso Oldani. Ninguna de las denuncias tiene entidad alguna. Sain asumió el cargo que ganó por concurso y eso no lo pudo impedir nadie. Además, es vergonzoso que las instituciones no tengan un límite legal para actuar, que se las utilice como una patente de corso. En esta provincia hay patentes de corso, realmente.

-¿Cómo es eso?

-Es una expresión. La patente de corso es la que tenían los piratas del imperio británico, la que le daban a los corsarios. Por eso se llama así. El permiso que la monarquía le daba a los corsarios para depredar. Quiero decir que en esta provincia hay instituciones que se están manejando fuera de la ley. Me refiero que el MPA ya tiene varios fiscales cuestionados por proteger el crimen organizado. Y la Legislatura se está prestando a la persecución del funcionario que ha propiciado esas investigaciones. Lo cual es muy preocupante.

-La denuncia sobre el caso Oldani la hizo Sain.

-Y ahora resulta que el fiscal que fue puesto en cuestión por el caso Oldani, ahora es el que denuncia a Sain. Es lo mismo que la denuncia que se les hace a los fiscales (Matías) Edery y (Luis) Schiappa Pietra. Son dos fiscales que discuten un tema jurídico, tengan razón o no, pero discuten un tema jurídico. Bueno, no se los puede denunciar penalmente porque cumplen con su función. Por eso digo que la situación institucional de Santa Fe es muy preocupante, sobre todo en la Legislatura que invade funciones de otro poder. Nosotros nos escandalizamos del lawfare a nivel nacional, pero esto es un lawfare mucho más grosero que el que se produce a nivel nacional. Acá, abiertamente se persigue al funcionario que desentraña la madeja del crimen organizado.

-¿La denuncia de Arietti y la orden de Vigo forman parte del mismo operativo?

-Sí, no hay dudas. Forman parte de la misma operación de persecución ilegal al funcionario que justamente pone en evidencia los vínculos del crimen organizado.