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Desde Santa Fe
El Ministerio Público llamó a la “empresa criminal Delegación Santa Fe SA” y reveló que su “único fin” era “recaudar fondos” para sus partícipes. El Tribunal Oral de Santa Fe condenó esta semana al ex jefe de la Policía Federal en esta ciudad, Marcelo Lepwalts (“Lechuga”), a cinco subordinados que integraban la SA y a un vendedor de sustancias ilegales, Guillermo Kernc, que aportaba la plata de las “coimas” a cambio de protección. Lepwalts fue sentenciado a cuatro años de cárcel por “cohecho”, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad”, “sustracción de pruebas”, “falsedad ideológica de documento público” y “tenencia simple de estupefacientes”, su segundo en el grupo, Cristian Bogetti, a la misma pena por los mismos delitos (más “encubrimiento agravado”), Kernc a cuatro años de prisión por “cohecho”, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia de arma de guerra” y los otros cuatro policías federales a tres años de prisión por los mismos cargos que su jefe. Siete condenas.
Lepwalts comandaba la primera de las dos cúpulas de la Policía Federal de Santa Fe que cayeron en cuatro meses –en mayo y setiembre de 2019- cuando el fiscal federal que las investigó, Walter Rodríguez, mandó dos alertas a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre lo que llamó un foco de “corrupción institucional alarmante”, le advirtió que la Policía de la provincia y la Federal “estaban sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales”, lo que “afectaba” las investigaciones del Ministerio Público y le pidió que adoptara “las medidas necesarias”.
Bullrich nunca le contestó: ni en la primera alerta del 3 de mayo de 2017, un mes después de iniciarse la investigación a Lepwalts y compañía. Ni la segunda en una fecha increíble: el 6 de setiembre de 2019, tres días antes del tiroteo en la autopista al sucesor de Lepwalts, el comisario Mariano Valdés, que Bullrich calificó como un presunto “ataque mafioso”, pero luego se desmintió. Valdés y su número dos Higinio Bellaggio, que eran los jefes de la segunda cúpula, están presos desde el 20 de setiembre de 2019 por otra causa que Rodríguez pidió elevar a juicio el 20 de mayo de 2020.
El juicio a la SA comenzó el 17 de marzo ante el Tribunal Oral de Santa Fe que integran los jueces Luciano Lauría –que lo presidió-, María Ivón Vella y José María Escobar Cello. Terminó el jueves con la condena a los siete imputados. El fiscal Martín Suárez Faisal había pedido ocho años de prisión para Lepwalts y Bogetti, cinco años para un tercer policía: Michel Juan Arbildo y cuatro años para los otros tres: Carlos Gómez Navarro, Darío Duarte y Lucas Bustos. Y cuatro también para Kernc. El Tribunal los sentenció a 4 años y tres meses de prisión a Lepwalts y Bogetti, a 3 años y cuatro meses a Arbildo y a tres años a Gómez Navarro, Duarte y Bustos. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 15 de abril.
El que finalizó esta semana es el primer juicio. El 13 de julio de 2020 el fiscal Rodríguez ya elevó al Tribunal Oral una segunda causa a los mismos seis condenados del jueves: Lepwalts, Bogetti, Arbildo, Gómez Navarro, Duarte y Bustos, por supuesta “asociación ilícita”. El 20 de mayo de 2020 cerró la tercera: la investigación a Valdés y Belaggio, a quienes acusó por “haber concertado un plan” y “actos preparatorios para cometer el delito de tráfico ilegal de estupefacientes en su modalidad de transporte”. Y avanza en la cuarta: un operativo contra la agente Roxana González –que acompañaba a Valdés en la balacera de la autopista, en setiembre de 2019- en la son investigados dos mandos superiores de la Policía Federal y dos jefes del hospital Churruca por supuesto “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”.
El fiscal del juicio, Martín Suárez Faisal, dijo en su alegato que Lepwalts y compañía “incumplieron sus obligaciones como funcionarios públicos con el único fin de recaudar fondos para su empresa criminal”, a la que llamó “Delegación Santa Fe SA”. El que aportaba las “dádivas” y “coimas” –agregó- era Kernc, a quién le descubrieron en un allanamiento en su casa una pistola 9 mm. de la Policía Bonaerense y 70 proyectiles.
“Lepwalts era el encargado de todas las teclas y palancas de la Policía Federal en Santa Fe, tenía el poder de sacar y poner a cualquier policía, controlaba a todos sus elegidos, por lo que utilizó esa autoridad para formar una banda delictiva dedicada a recaudar”, explicó Suárez Faisal. “Él fue quién ordenó, fomentó, favoreció, auspició y consintió la realización de esos delitos, con los más ‘despiertos’” –como se los llamó en el juicio-, “garantizó la impunidad de los ejecutores materiales” y “permitió que se desenvolvieran sin interferencias externas y en la más absoluta clandestinidad para asegurar el resultado pretendido”, que era “el plan de corrupción y enriquecimiento que ejecutaban”.
Lepwalts estaba “al tanto de todo” –dijo el fiscal-. Y citó al ex jefe de la Policía Federal Argentina Néstor Roncaglia, que declaró como testigo en la sala de audiencias. “El responsable es el jefe. El jefe siempre sabe lo que pasa y si no lo sabe es un estúpido o un vivo que se aprovecha de lo que está pasando”, dijo Roncaglia ante los jueces. En su alegato, Suárez Faisal concluyó: “No parece que Lepwalts sea ningún estúpido, al contrario, es un delincuente disfrazado de policía”.
