“Mi militancia política era mi identidad de género. Mi arma y mis balas eran mi voz, mi presencia en la calle. Era considerada extremista, subversiva, enemiga de la patria, por el simple hecho de haber nacido hombre y haber elegido vivir como mujer.” Ivanna Aguilera es sobreviviente de la última dictadura cívico militar eclesiástica e integra el grupo de personas travestis y trans que, aunque perseguidas, torturadas, violentadas, desaparecidas y asesinadas también durante el terrorismo de Estado, fueron invisibilizadas dentro del universo de víctimas de los delitos de lesa humanidad. “No sabemos cuántas somos. Venimos encontrando continuamente historias de compañeres que sufrieron la dictadura y no lo denunciaron en su momento. Sabemos que hay muchos desaparecides que no han tenido la fortuna de tener a alguien que los reclamara”, describió. Dice que les travestis y trans son “un agujero negro en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”. 

Aguilera fue secuestrada por primera vez en agosto de 1976, en Rosario, pero hace muy poco se animó a denunciarlo ante la Justicia y ahora espera que la instrucción sobre su caso avance. Por el momento, solo una trans se convirtió en querellante en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad: el caso de Valeria del Mar Ramírez, secuestrada en dos oportunidades en el Pozo de Banfield, es el primero que llega a juicio y su testimonio es inminente. Y si bien desde un tiempo (corto) a esta parte varias, como Aguilera, se han acercado a tribunales o fiscalías a contar sus historias, están lejos de ser todes.

Hace algunos años, la abogada Ana Oberlin se topó con el “agujero negro” del que habló Aguilera y se dedicó de lleno a investigarlo. La tarea se enmarcó en sus estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales y los desbordó. La violencia que sufrieron las disidencias sexuales, en particular la población travesti trans, “es una parte del terrorismo de Estado que está invisibilizada. Y si no las ponemos sobre la mesa la historia no va a estar completa. Tenemos la obligación de visibilizar estas historias, sus porqué, de oír esas voces”, consideró en diálogo con este diario.

Y así introduce su artículo “‘La memoria no se guarda en el closet’. Violencias invisibilizadas del terrorismo de Estado en Argentina”, donde plantea que la violencia estatal hacia las personas con orientaciones sexuales, expresiones de género no heteronormativas, identidades de género no cisnormativas, se intensificó durante el golpe de Estado. “En particular, las mujeres trans en situación de prostitución fueron quienes estuvieron más expuestas a esa intensificación de la violencia.”

Las razones de la persecución

Como dice Aguilera, “la caza de travestis y trans no empezó ni terminó con la dictadura”. “El Estado nos persigue, violenta, tortura y mata desde mucho antes de 1976 y lo siguió haciendo después de la vuelta de la democracia. Para nosotras el genocidio no terminó”.

Oberlin contextualiza y le otorga argumentos políticos a esa violencia sostenida que fue especialmente encarnizada cuando las Fuerzas Armadas, el poder económico y la Iglesia pusieron en marcha su plan sistemático de exterminio de gran parte del pueblo argentino: “El terrorismo de Estado llegó para instalar un modelo de país que tenía un montón de aristas. Siempre se habla de la política y la económica, pero también había una social, una cultural y una sexogenérica, que es algo que está absolutamente silenciado”, apuntó.

¿Y qué planteaba el modelo sexogenérico defendido por la dictadura? Los propios dictadores llamaban “occidental y cristiano” al “modelo de familia a defender de la subversión. Lo decían en las normas que dictaban, en sus discursos, en sus declaraciones”, explicó Oberlin. Ese plan, “que vino a afirmar el machismo imperante en la década de los 70”, que ubicaba a la mujer en la esfera doméstica y al hombre fuera de la casa, aceptaba solo una fórmula familiar: la binaria. “Cualquiera que saliera de ese modelo era castigade, disciplinade, especial foco de la persecución y la represión”, completó.

“Éramos invertidos, degenerados, inmorales, nos detenían por ser varones que salíamos a la calle vestidos de mujeres, con pelos largos, o mujeres machonas que vestían ropa de hombre y manejaban motos. Nos violaban para corregir nuestra desviación. ¿Quién puede decir que esa no es una razón política”, se preguntó Aguilera.

A los abusos que antes de la dictadura cívico militar eclesiástica sufría la población travesti trans de parte de las policías, especialmente las que se encontraban en situación de prostitución, se sumaron “todas las otras fuerzas, los militares, el personal civil de inteligencia, la gendarmería” y en lugar de ser golpeadas en la calle o en las comisarías, demoradas y denigradas allí, de repente fueron ingresadas en el circuito represivo de centros clandestinos, y atacadas con los mismos dispositivos que las víctimas identificadas como “políticas”. Además de torturarlas, de dejarlas encerradas en los centros clandestinos, incomunicadas, sin comida, sin higiene, “para disciplinarlas las violentaban especialmente desde su identidad de género: les cortaban el pelo, les rompían la ropa, las llamaban con su nombre de varón, las violaban en manada, un plus de violencias específicas”, describió Oberlin.

Las razones de la invisibilización

Valeria del Mar Ramírez es la primera trans cuya persecución, secuestro y abusos durante la última dictadura es tenida en cuenta como “caso” en un juicio por delitos de lesa humanidad: el que revisa los crímenes de las Brigadas de Quilmes, Banfield y Avellaneda. También es la primera trans querellante en estos procesos. La primera y la única, por ahora.

Estuvo secuestrada en el Pozo de Banfield, donde funcionó la Brigada de Investigaciones de la localidad. La “levantaron” de Ruta 4 y cercanías de la rotonda de Lavallol a “fines del 76, principios del 77”. “Fue diferente a otras veces, de eso me di cuenta después, cuando pasaron los días”, reconoció. Es que, en su relato de aquella cotidianidad trans, las “levantadas” de la cana eran moneda corriente. Una tarde/noche, un Falcon las cruzó mientras trabajaban. “Iba uno manejando y otros dos atrás. Nos subieron atrás, nos hicieron agachar y si queríamos levantar la cabeza o preguntar algo nos pegaban”, contó. Iban ella y su amiga Romina.

Estuvo secuestrada 15 días. Allí, escuchó ruidos de música, gritos, la radio a todo volumen y un parto clandestino. Sufrieron tortura y abusos por ser “putos asquerosos”, recordó Valeria. “Nos ponían a picar cascotes, a limpiar los pisos, a hacerles sexo oral a cambio de comida. Nos violaban. Para nosotras la tortura fue la violación sistemática. Nos pegaban. Y como una no sabía si saldría viva o muerta de ahí, o qué le iba a pasar, qué íbamos a hacer”.

Si bien es muy difícil tener una cifra acabada y final de aquelles que padecieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, “en el caso de travestis y trans se dificulta aún más ya que se trata de personas que, en su inmensa mayoría, no tenían familiares que las buscaran al momento de ser secuestradas. Dificulta también el hecho de las identidades, ya que si de alguna manera eran registradas en listas o libros de ingreso, lo eran con la identidad asignada al nacer. Y además, las que sobrevivieron, tienen una historia de exclusión y discriminación social que hace muy difícil que denuncien”, apuntó la auxiliar fiscal Oberlin, actualmente representante del Ministerio Público en el juicio de las Brigadas.

Para su investigación, conversó con una decena de ellas, de todo el país. Y desde entonces sigue enterándose de “nuevos” casos. “Casi todas fueron secuestradas con amigas o compañeras de trabajo --dijo--. Eso implica que hay un número muy grande que desconocemos.” En el último tiempo se sumaron a las instrucciones de causas de lesa humanidad tres casos en La Plata, dos en Córdoba y uno en Rosario. Aguilera es quien sumó su relato allí.

Tenía 13 años cuando, junto a un “grupito de amiguitas” fue “levantada” por un camión y llevada al Batallón de Comunicaciones 121 de la ciudad, donde funcionaba un centro clandestino de detención. “Solíamos juntarnos a visitar a una trans mayor, que nos tenía obnubiladas. Nos llevaron a todas juntas”, contó. Era el 15 de agosto de 1976. En el Batallón, denunció, fueron “violadas en grupo, golpeadas bestialmente, a mí me quebraron varios huesos, picaneadas en los genitales e insultadas en todo momento. Nos decían putos, maricones, enfermos”. Las dejaron tiradas en un descampado tres días después.

“Esa fue la primera de muchas”, advirtió Aguilera, que también pasó por la Unidad de Servicios de informaciones de la Policía de Rosario en pleno “proceso” y actualmente está a cargo de Área trans travesti no binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, adonde migró escapando a la persecución estatal y familiar: dos de sus cinco medios hermanos, Marcelo y José Aguilera, eran funcionarios policiales y “me la tenían jurada”. Volvió a Rosario hace pocos años. Entonces, se animó a denunciar. Santa Fe es la única provincia del país en haber habilitado una línea de reparación económica para personas que sufrieron, debido a su identidad de género, persecución y hostigamiento durante la última dictadura.

La importancia de integrar una lista

“Nosotras éramos NN antes de desaparecer. Ni el ‘privilegio de ser inscriptas en un libro de entrada de alguna comisaría, en una lista con nuestros nombres verdaderos, tuvimos. ¿Cómo encontrarnos en archivos, si es que existen?”, advirtió Aguilera.

Janet Derganz no figura en ninguno, a pesar de que tuvo una red de compañeras y amigas que insistió a su familia para que intentara buscarla. Y eso hace, hasta hoy: busca saber qué ocurrió con ella.

Tenía 22 años Janet y “trabajaba en los cabaret de Córdoba capital haciendo shows”, contó a este diario su sobrina, Paola, sostén de la búsqueda. “Paraba en el hotel Avenida y hasta allí la fueron a buscar. Caballeros de civil a bordo de dos Ford Falcon. La bajaron de su cuarto, la agarraron de los hombros en el lobby del hotel, la arrastraron hasta los Falcon y se la llevaron. Se la tragó la tierra porque nunca más se supo de ella”. Era abril de 1977.

Brigitte, su amiga y compañera de trabajo, fue la primera en enterarse. Le contó el conserje del hotel. La historia se regó entre la comunidad local y, de allí, hasta Salta capital, donde vivían los padres de Janet. “Mucha gente fue a decirle a mi abuela que la habían secuestrado los militares”, aseguró Paola. La mamá de Janet viajó a Córdoba y recorrió comisarías hasta que en una le dijeron “que lo deje de buscar al puto ese porque si no te va a pasar lo mismo. Se murió de depresión”, contó la sobrina. El padre intentó localizarla fuera del país. Uno de sus hermanos años después dejó su muestra de ADN por si acaso en el marco de investigaciones de lesa humanidad llegaban a encontrar sus restos.

Paola realizó la denuncia por la desaparición de su tía en Tucumán, expediente que fue traspasado a Córdoba. Su tía, en tanto, no figura en el Nunca Más ni en ninguna lista de víctimas del terrorismo de Estado. “Yo me conformo con que ella esté en el listado de los desaparecidos. Que figure, que no quede en la nada. Eso repararía un montón de cosas”, concluyó Paola.

El número 30.400

El activista LGTB+ Carlos Jáuregui fue el primero en exponer la invisibilización de las disidencias sexuales en el reclamo por memoria, verdad y justicia. Denunció en 1987 que la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas había recibido denuncias de 400 personas homosexuales desaparecidas por la última dictadura. Sin embargo, ni esa palabra, ni ninguna de las que nombra con más definición a las disidencias figura en el informe Nunca Más.

“Nuestra lucha es por visibilizar la persecución que sufríamos entonces y la indiferencia que aún sufrimos hacia nuestras identidades. Por eso sostenemos la cifra 30.400 compañeres detenides desaparecides”, indicó Aguilera. “Hubo 400 que fueron reclamades por familiares, vecines, parejas en la Conadep y que por presiones del ala católica no fueron visibilizades. Necesitamos reivindicar la memoria de eses compañeres y para eso necesitamos la verdad y la justicia”, puntualizó. Exige que se abran los archivos de la Conadep para poder ver quiénes son los 400 “cuya identidad fue licuada y reparar eso”.

Sin embargo, ni su historia, ni la de Valeria, ni la de Janet figuraron en ese registro del horror que inició una reparación. “Son casos ‘nuevos’ entre comillas… ¿cuántos más hay?", se pregunta Oberlin. “Buscamos que los delitos que sufrió Valeria del Mar Ramírez, y por ende el resto de las personas travestis y trans en su misma situación, sean considerados delitos de lesa humanidad”, señaló y remarcó que quienes hayan pasado por los infiernos del terrorismo de Estado y quieran declarar, pueden acercarse al Ministerio Público Fiscal.