Martín Soria cumple este lunes dos semanas al frente del Ministerio de Justicia. Es un tiempo convulsionado por las revelaciones de visitas de jueces a Mauricio Macri tanto en la Casa Rosada como en la quinta de Olivos, que repercute en una tensión inédita en el más alto tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación. Denunciante de algunos de esos hechos durante su mandato como diputado, Soria sostiene que que las reuniones de Macri con los jueces son una “obscena prueba de la violación del Estado de Derecho” y que la Corte Suprema tendrá, tarde o temprano, que revisar el accionar de los magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri.

Página/12 dialogó también con el funcionario sobre el desafío de designar un jefe de los fiscales, sobre la necesidad de una reforma con perspectiva de género y sobre las acusaciones que el macrismo formuló en una reciente presentación ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

-- ¿Cómo ve la situación en la Cámara de Casación?

-- Me parece que tiene que ver con lo que venimos viendo: una fuerte politización de la justicia. En las últimas semanas han salido a la luz los ingresos a escondidas a Casa Rosada y las visitas a Olivos, los mensajes que intentó borrar el secretario privado del expresidente Macri, que era un recordatorio de que tenían que hablar con (Mariano) Borinsky sobre una denuncia. A esto se le suma el hecho de que, cuando les pidieron informes sobre quiénes ingresaban a Olivos y a la Rosada, ese mismo secretario, Darío Nieto, alteró los registros. Es evidente que estaba mal, que no era lícito lo que estaban haciendo con la mesa judicial que crearon para presionar a la justicia y para armar causas, para perseguir a opositores, a empresarios, a todo aquel que se opusiera a su modelo económico.

-- Ahora empezaron los planteos en las causas en las que intervinieron estos jueces, pero ellos mismos rechazan estos planteos sin más -- como pasó en la causa de espionaje. ¿Esto es un foco de atención para el gobierno?

-- No me gusta personalizarlo, pero hay cosas que son increíbles. Recusan a un juez por el escándalo público de haber ido a Olivos, supuestamente a jugar al paddle mientras intervenía en causas que eran del interés del entonces presidente, y había mensajes del secretario de Macri que decía que tenían que hablar de causas, o sea no era solamente una relación deportiva. El umbral de la vergüenza de algunos de estos personajes está por el suelo. Hay que ver qué dice el Código Procesal sobre qué es lo que debe hacer un juez: yo me considero imparcial, pero no es algo que deba resolver yo, le remito el expediente a un colega para que resuelva. Lo que hizo este magistrado de Casación fue, una vez más, tirar el Código a la basura al resolver él mismo rechazar su recusación. Borinsky resolvió que Borinsky es imparcial. Es insólito. La propia jueza Ángela Ledesma, compañera de Sala y la misma a la que otro colega violentó en un chat -- me refiero a (Juan Carlos) Gemignani --, tuvo que salir a decir que lo que hacía Borinsky era lisa y llanamente ilegal, pero obviamente quedó en minoría. La Casación es un tribunal que lamentablemente, por culpa de unos pocos, ha quedado muy contaminado. Ha quedado con algunos integrantes que demuestran la intoxicación de los tribunales con la política.

-- ¿Y qué se hace frente al diagnóstico que hace sobre la Casación?

-- Corresponde al Consejo de la Magistratura determinar si actuaron con imparcialidad e independencia, si debieron haberse inhibido en causas en las que el principal interesado era Macri y su gobierno.

-- En el Consejo dicen que los votos no están -- especialmente lo dicen desde parte del estamento de los jueces. ¿Ustedes perciben una obstrucción?

-- El propio presidente de los Estados Unidos quiere crear una comisión para aggiornar la Corte Suprema, incluso habla de acortar los plazos para la designación de los jueces. Yo no creo que el presidente de los Estados Unidos sea peronista, tampoco me imagino a (Germán) Garavano y a Macri denunciándolo ante la ONU. Creo que el funcionamiento de la Justicia es un debate contemporáneo. Esto lo dijo el propio (Carlos) Rosenkrantz al abrir el año judicial en 2019, cuando hablaba de que el Poder Judicial tenía una crisis de legitimidad. Es un poder que ha quedado con las estructuras del siglo XIX, asociado a privilegios corporativos. Algunos quieren aferrarse a sus privilegios corporativos y creen que nada va a avanzar o que cuentan con la complicidad de aquellos que los utilizaron para sus fines políticos o económicos.

-- ¿Entonces se va a impulsar la creación de una bicameral para analizar el funcionamiento del Poder Judicial?

-- En la historia del Poder Legislativo, no es la primera vez que se crean este tipo de comisiones para analizar distintas situaciones. Se creó la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal. La oposición se opone a todo: desde el diálogo hasta la posibilidad de crear una bicameral para analizar el funcionamiento o cómo se afectó la independencia del Poder Judicial. 

-- ¿Con este panorama, se puede avanzar con el tratamiento en Diputados de la reforma del Ministerio Público?

-- Dicen que se van a oponer a cualquier reforma al Ministerio Público, pero ni siquiera han leído los proyectos que ellos mismos presentaron. Ahora Garavano va a la OEA, pero están los registros de cuando él mismo hablaba de reformar las mayorías para elegir al procurador. Más allá de esta oposición por la oposición misma, los principales interesados por mejorar el funcionamiento de la Justicia, de terminar con la Justicia que actúa según los vientos políticos de turno y que tiene un desprestigio que supera el 85 por ciento de imagen negativa, son los ciudadanos de pie y los fiscales que no entraban a escondidas a Olivos.

-- ¿Cómo caracteriza la gestión de Eduardo Casal?

-- La Procuración tiene desde hace más de tres años el interinato más largo de su historia. Muchas veces está la sensación de que la Justicia no actúa en el tiempo necesario. Una de las razones de esa percepción tiene que ver con ese 30 por ciento de fiscalías vacantes que hoy tenemos porque no se llama a concurso. No se llama a concurso porque hay un procurador interino, a quien le conviene mantener esas vacancias para poder poner y sacar fiscales de una causa a otra según la relevancia política que le da quien hasta hace poco era su jefe. El costo de esa anomalía la termina pagando la gente en las causas cotidianas.

-- ¿Tiene confianza en que van a lograr designar a un nuevo procurador con este funcionamiento que percibe de la oposición?

-- No tengo dudas. El Presidente me encomendó generar consensos.

-- ¿Y la reforma con perspectiva de género?

-- Está el techo de cristal -- del que hablábamos hace unos días con la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Los números son incontrastables: el sistema de justicia argentino está conformado por un 56 por ciento de mujeres, pero sólo poquito más del 30 por ciento llegan a ocupar cargos importantes dentro de la estructura del Poder Judicial. Hay que fijarse quiénes son las que arrancan el debate sobre la contaminación, la pérdida de independencia e imparcialidad en Casación: dos mujeres que están dando la lucha y el debate, no solamente con Gemignani y sus chats violentos.

-- ¿Con la Corte por dónde se arranca?

-- Hay que buscar canales de diálogo. Son ellos quienes tienen que resolver sobre la falta de legitimidad que hace dos años atrás denunciaba Rosenkrantz. Son ellos mismos los que se tienen que ocupar como cabeza del Poder Judicial de sanear esa situación, de corregir esa pérdida de independencia y de imparcialidad que ha llevado a jueces y fiscales a entrar a escondidas al despacho del presidente Macri y al día siguiente a sacar fallos. Tarde o temprano, muchas de estas causas armadas por la mesa judicial van a llegar a conocimiento de la Corte Suprema.

-- El Presidente mencionó el ejemplo del Lava jato. ¿Usted ve un panorama en el que la Corte argentina pueda revisar como sucede en Brasil?

-- No hay que masificar: no todos los jueces y no todos los fiscales hicieron lo que hizo un puñado de magistrados que se contaminó con la política de una manera como nunca antes se vio. En Brasil hay algunos sectores del Poder Judicial que, al verificar que había jueces y fiscales que violaban todas las leyes de procedimiento y montaron un Estado paralelo para perseguir a Lula, empezaron a revisar esa pésima actuación de un poder del Estado. El problema es que en nuestro país no estamos hablando de un solo juez. Acá, en la Argentina, las pruebas que salen a la luz todas las semanas muestran que tenemos muchos (Sergio) Moro. 

-- Se habló de proyectos para regular el artículo 280 o la creación de un tribunal intermedio, ¿la prioridad son los proyectos con media sanción en Diputados o van a avanzar también con esas iniciativas?

-- El Presidente anunció que vamos a seguir enviando proyectos en este mismo sentido, ya sea con el tribunal de garantías, que tiene que ver con el funcionamiento de la Corte. También anunció reformas a lo que hace a la integración o el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Es un abanico de reformas que tiene que ver con la premisa con la que comprometió el Presidente y nuestro gobierno en campaña: Nunca Más a una justicia contaminada que persiga opositores, Nunca Más a los sótanos de la democracia.

-- ¿Y la reforma de la ley de inteligencia se incluye en este paquete?

-- Lo más importante fue la decisión de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la imposibilidad del Poder Judicial de hacer tareas de investigación a través de la AFI, como sucedió durante el macrismo. Esa es una línea de conducta que marca un antes y un después. 

-- ¿Daniel Rafecas sigue en carrera para la Procuración?

-- Todos me preguntan eso y es el único que tiene presentado el pliego.

-- Trascendió que no aceptaría si se modificaban las mayorías...

-- No me corresponde a mí contestarlo.

Mesa Judicial


-- El informe judicial que referentes de Cambiemos presentaron ante la OEA dice que la "mesa judicial" sólo se reunía para tratar designaciones de jueces. ¿Era esa la función que usted denunció?

-- No pueden tapar la realidad. No es un delito en sí mismo que el Presidente se junte con un juez o un fiscal. El problema es cuando te juntás a escondidas y, al otro día, sale un fallo en el cual tenías intereses. El problema es cuando tu subsecretario general de la presidencia borra los nombres de esos jueces y fiscales. Este puñado de jueces y fiscales entrando a escondidas a la Casa Rosada o a Olivos muestra la afectación de la independencia del Poder Judicial. Son la obscena prueba de la violación del Estado de Derecho. Gran parte de los problemas que hoy enfrenta la Argentina tiene que ver con esa relación directa. Mientras Macri se autocondonaba la deuda de su propia empresa familiar con el Estado argentino, los jueces y los fiscales armaban causas para las tapas de los diarios para desviar la atención de todos los argentinos de lo que realmente venían a hacer, que era hacer negocios.

-- ¿Qué responde a las acusaciones de que se avanza en una política de revancha contra el expresidente, también denunciadas ante la OEA?

-- ¿Qué se puede esperar de alguien que desde siempre, con su familia, manipuló y utilizó a la justicia a su favor? Lo que hizo Macri en el gobierno no fue muy diferente a lo que hizo Macri empresario con la Corte de los '90. El Presidente lo dijo muy claro: no vamos a disponer de las mismas herramientas que usó el macrismo, no venimos a hacer ninguna persecución. Es absurdo que nos quieran acusar de lo que ellos hicieron.