En uno de los avances más violentos que tuvieron lugar en contra de la minería en Catamarca, ayer un grupo de manifestantes irrumpió en la ciudad de Andalgalá y provocó destrozos en un confuso episodio. 

Lo que estaba anunciado como una manifestación en contra del desarrollo de proyectos de explotación minera de la empresa Agua Rica frente a las oficinas con sede en Andalgalá, terminó en actos vandálicos que pusieron en peligro a trabajadores que se encontraban en el lugar.

Supuestos manifestantes incendiaron la sede de la minera y avanzaron con destrozos también en el Consejo Departamental del PJ. Trabajadores de las oficinas de Agua Rica tuvieron que abandonar las instalaciones por el techo. Al momento del arribo de los bomberos los daños ya eran mayores. Testimonios relatan que prendieron fuego a camionetas de la empresa y que hubo daños a vehículos particulares instalados en el lugar.

El intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba (UCR), quien llegó a la conducción de su localidad por su defensa antiminera, está siendo criticado a raíz de los sucesos de hoy. Varios políticos del oficialismo se manifestaron en sus redes sociales responsabilizando a Córdoba. 

El senador provincial Horacio Gutiérrez (FDT), escribió: “Quiero expresar mi más enérgico repudio y rechazo a los actos de violencia vividos en el día de hoy en nuestra ciudad de Andalgalá, tanto en el edificio de la Empresa Minera Agua Rica y nuestra sede partidaria. Jamás la violencia puede ser el camino ni la forma de imponer posiciones. El pensar distinto en política no nos convierte en enemigos, el vandalismo y saqueo que sufrió nuestra sede del Partido Justicialista es inaceptable, atentar contras los espacios políticos es atentar contra la democracia misma”.

Gutiérrez señaló incluso a colaboradores del intendente Córdoba: “Le solicito al Intendente Municipal Eduardo Córdoba, que dé las explicaciones del caso, ya que funcionarios de primera línea, participaron de la manifestación, desconociendo el Decreto Municipal de Fase Roja por el Refrendado. Su llamado a la paz social debe ser sincero y lo insto a trabajar en esa dirección de manera urgente y seria”.

La presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, publicó: “El Intendente Córdoba no puede mirar para otro lado ni hacerse el distraído. Su responsabilidad política es evidente y manifiesta, si ayer mismo hablaba que Andalgalá no era un pueblo pacífico y que había que poner el cuerpo para impedir el comienzo de la exploración. La Ordenanza antiminera cuyo cumplimiento pretende exigir, fue declarada inconstitucional por la Corte de Justicia, y ni la articulación del Recurso Extraordinario Federal, ni tampoco su eventual concesión, suspenden los efectos del fallo judicial de inconstitucionalidad", remarcó.

Andalgalá promulgó en 2016 una ordenanza que prohibía la actividad minera metalífera de cobre, oro, plomo, plata y otros metales a cielo abierto, y de minerales nucleares en cualquiera de sus formas en la cuenca Alta del Río Andalgalá. Sin embargo, a fines de 2020 la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional tal normativa, haciendo lugar a una acción interpuesta por la empresa Agua Rica en contra de ese municipio. Los fundamentos señalan que la ordenanza “lesiona normas constitucionales, y por lo tanto no puede surtir efecto jurídico alguno sobre la actividad minera”. La decisión de la Corte fue luego legitimada por un petitorio de más de 6000 vecinas y vecinos que juntaron firmas a favor del desarrollo minero en la región, con los controles ambientales pertinentes.

Córdoba, que en 2019 al asumir como Intendente advirtió que haría respetar la ordenanza antiminera, emitió un comunicado en la noche de ayer en el que a través de una filmación llama a "la paz de los vecinos": "Como intendente de Andalgalá nunca compartiré los actos de violencia o vandalismo que ha generado un grupo minoritario como forma de protesta en una manifestación que era pacífica. Creo firmemente que los caminos deben ser los del diálogo y los caminos institucionales de la justicia. Estamos atravesando un duro momento sanitario. Les pido que pensemos en quienes más nos necesitan, y les aseguro que este intendente hará todo lo necesario por las vías que correspondan para preservar a toda la comunidad. Mi compromiso es con todos los andalgalenses", señaló.

Por su parte, la Asamblea El Algarrobo conformada por grupos antimineros, publicó un descargo en el que señalan que “ante el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violación sistemática de las leyes, durante una multitudinaria caminata, el pueblo de Andalgalá expresó hoy su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero. Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social”. Para luego expresar que “desde la Asamblea El Algarrobo negamos cualquier vinculación con los incidentes violentos producidos esta tarde". Y agregan que “Además, denunciamos públicamente a la Policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzaron los incendios y los ataques contra el inmueble donde Agua Rica tiene sus oficinas”.

Durante la manifestación, voceros leyeron un comunicado en el que retoman la defensa de la ordenanza antiminera y advierten que “no vamos a permitir que caiga”.

Agua Rica emitió un escueto comunicado a última hora en el que lamentan los hechos de violencia y aseguran que “el Proyecto M.A.R.A (integración de Agua Rica y Minera Alumbrera) sigue comprometido con el diálogo continuo, abierto y transparente con la comunidad y todas las partes interesadas y agradece el creciente apoyo de las personas que están enfocadas en trabajar con nosotros para crear un proyecto que brindará beneficios a toda la región”.

La situación provocó un operativo de seguridad por parte del Gobierno provincial que envió un equipo a la zona. Hasta entrada la noche de ayer sábado se estaba realizando la identificación de personas a través de filmaciones aportadas por vecinos. Se espera que en las próximas horas se libren órdenes judiciales para posibles detenciones.

La marcha se convocó en un momento sanitario crítico. Andalgalá es una de las localidades de Catamarca más afectadas por el COVID. La última semana suspendieron las clases presenciales y luego entró en etapa roja.