Ernesto “Kila” Gonza tendrá que dar explicaciones a la Justicia tras recibir una nueva denuncia en su contra, esta vez por parte del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dávalos, quien ya presentó en el Ministerio Público Fiscal toda la documentación probatoria que indicaría que el ex jefe comunal defraudó a la administración pública por más de $7 millones. 

Dávalos contó que todo comenzó por un pedido de informe que el cuerpo hizo a Ceremonial y Protocolo de la comuna, en donde pedían que se rinda cuenta y envíe copia de lo actuado en los últimos tres años. Allí se dieron con que en el último período del ex intendente, a través de esa área se realizaron “supuestamente dos compras de juguetes”, una por $412.000 y otra por $215.000, sin factura ni proceso de licitación, algo que está estipulado obligatoriamente por la Carta Orgánica municipal a partir de los $300.000.

Se trata de dos órdenes de pago a un mismo proveedor, pero en donde las firmas no coinciden, “son ellos los que truchaban la firma”, aseguró el presidente del Concejo, para quien lo hacían para quedarse con el dinero ya que “ni siquiera rindieron con la factura o un recibo, sino directamente con la cotización que les pasaron, es decir, con un presupuesto”.

A partir de ese hallazgo, el Concejo Deliberante pidió otro informe en donde solicitaban que se dé cuenta cómo se habían contratado camiones “para saber cómo y cuánto se estaba pagando en esta gestión a los camiones de los militares, que son los más baratos, pero pedimos también la del 2019”, y allí se encontraron con la misma operatoria que con los juguetes, “contrataron por más de $6.500.000 sin factura de absolutamente nada”, como tampoco papeles de contratación o cotizaciones y licitaciones previas.

Solo apareció una factura por $230.000, en donde figura una supuesta Minera Santa Rita SRL, cuando en la realidad, la única prestataria con ese nombre en Salta es una Sociedad Anónima y no una de Responsabilidad Limitada. Sin embargo, Dávalos aclaró que no era que la factura tuviese esa denominación, sino que “el sello del que fue a cobrar decía Minera Santa Rita y es un tal Javier Hadad”. Y en este caso, como en el anterior, “las firmas nunca coinciden”. Por lo que para él se inventaron un sello “para afanarse absolutamente todo”.

Volviendo a los más de $6 millones, indicó que “solo hay órdenes de pago a esa Minera” por valores que siempre exceden los $300.000, e incluso una de ellas es por más de $2 millones, “pero lo peor de esto es que los retiros eran en efectivo, ni siquiera con cheques”, algo que también obliga la Carta Magna municipal.

Para el edil, esta una prueba más de cómo Gonza utilizaba el dinero municipal a gusto y piacere y sin siquiera rendir cuentas como correspondía “se robaban la plata, no es que contrataban una empresa y lo pagaban en negro”, afirmó.

Tampoco de las órdenes de pago se desprende para qué supuestamente se contrataban esos servicios de “camiones”, si era para trasladar áridos, para levantar ramas o escombros u otras tareas.

Por último, el concejal sumó como dato de color que en 2011, cuando Gonza perdió las elecciones, armó su propia empresa familiar de áridos con tres camiones y dos tractores, y que luego los utilizó para prestarle servicios al municipio cuando retornó en el período 2015-2019. Sospechosamente, una de las órdenes de pago detalla “arreglos camión rojo”, cuando el municipio no tiene ningún transporte de ese color, “esa orden debería haber indicado por lo menos la patente”, y el valor ascendía al $1.500.000.

“En la municipalidad todos los camiones son verdes, donde sí había uno rojo era en la empresa de los Gonza”, añadió Dávalos, “que en cuanto yo lo advertí y lo expuse, lo pintaron de amarillo”, dijo entre risas pero asumiendo el error de que se adelantó a hacer declaraciones sobre ese hecho sin haber realizado la denuncia previa.

La primer denuncia

En marzo del 2020, el actual intendente Manuel Saravia, había denunciado penalmente a Ernesto Gonza por irregularidades en su última gestión en donde habrían retirado junto a su hermano, el concejal Aldo Gonza y su secretario de Hacienda, Rogelio Guaymás, más de $4 millones a través de una “caja chica paralela”.

La mecánica utilizada que detectó el nuevo jefe comunal era simplemente la de firmar recibos “truchos” indicando superficialmente para qué se retiraba el dinero, de los cuales encontraron 90, aunque no descartan que pudieran haber hecho más.

En algunos casos, los montos superaban el millón de pesos, con justificativos tales como “elecciones”, “lota”, “tablets”. “Eso viola totalmente la normativa del manejo de fondos públicos”, explicó en ese momento Saravia. A veces, esos recibos ni si quiera llevaban una explicación, sólo el nombre del hermano del intendente, “Aldo”.

Por esa denuncia, la titular de la Fiscalía penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, decidió imputar al ex jefe comunal, su hermano y el ex secretario de Hacienda, por delitos contra la administración pública.