En la noche de ayer domingo estaba previsto librar cuatro allanamientos, en tanto que ya hay alrededor de 30 personas identificadas, cuyas detenciones se irán librando en las próximas horas.

Desde el gobierno se cree que los grupos buscaban el enfrentamiento, “por eso se actuó de manera muy cauta para evitar confrontaciones humanas que pudieran provocar personas heridas, a pesar de que los grupos ni siquiera dejaban ingresar a los bomberos cuando la sede de Agua Rica se estaba incendiando”, informaron altas fuentes. La orden fue desde un primer momento no reprimir.

Se supo que el gobernador Raúl Jalil estuvo en contacto permanente con funcionarios de la Secretaría de Minería de la Nación, quienes están conformes con la actuación del Estado provincial. Este martes, el gobernador y el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno, viajarán nuevamente a Andalgalá para seguir normalizando la situación institucional.

El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, viajó a Andalgalá con el ministro Moreno. Juntos observaron los pasos a seguir por parte de la Policía de la Provincia y la Justicia.

El equipo de gobierno se comunicó varias veces con el intendente Córdoba estando allá, aunque no se encontraron personalmente. Aguirre aseguró que enviaron un apoyo económico al municipio: “enmarcado en la intención de tener una relación madura e institucional”.

Los daños en las oficinas de la empresa minera Agua Rica fueron totales, alcanzando incluso a vehículos particulares estacionados en el lugar. El local del Partido Justicialista y la sede del senador Horacio Gutiérrez sufrieron también importantes daños.

El ministro de Seguridad dijo que “hubo una decisión del gobierno de la provincia de no reprimir, fundamentalmente para evitar males mayores”.

En este sentido señaló: “La policía intentó en un principio prevenir la situación, hubo una reacción por parte de estos manifestantes, y solicitó instrucciones a sus superiores. Desde el gobierno se pidió que no ejerzan ninguna acción de represión por la fuerza y mucho menos con armas de disuasión”.

“Hemos trabajado en las últimas horas para tener información más precisa de los hechos de violencia, de los daños. Estuvimos visitando los lugares que fueron focos de los atentados”, dijo. Explicó que el gobierno puso a disposición efectivos policiales y auxiliares de Justicia para llevar adelante las investigaciones y las directivas del fiscal y el juez de garantía.

Sobre los hechos de violencia, Aguirre aseguró: “Vamos a trabajar a través de los mecanismos institucionales, que es el camino que corresponde para que estas personas tengan la sanción y la pena correspondiente. Lo que no se puede permitir, ni tolerar, ni aceptar, ni justificar mucho menos, es la violencia. Fundamentalmente es un atentado contra las instituciones de la democracia. Hay que retomar la vía pacífica”, aseguró.

La Asamblea El Algarrobo, emitió un comunicado en el que acusa al gobierno provincial de “militarizar nuestro territorio y poner en peligro la integridad de todxs, nuestra respuesta es una sola: no nos van a vencer, nuestra resistencia continúa, solo demuestran que este modelo no cierra sin represión por parte de las fuerzas estatales junto a las mineras contaminantes”. El grupo antiminero había negado la responsabilidad en los hechos. En un comunicado aseguró que “Andalgalá expresó su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal antiminero”.

Desde el oficialismo se animan a responsabilizar indirectamente al intendente andalgalense, que “llamó a poner el cuerpo al reclamo minero”. Un funcionario de su gobierno fue detectado en la manifestación de manera activa, lo que provocó un revuelo a escala política.