La Cámara Nacional en lo Civil ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a vacunar contra el coronavirus a todas las personas que estén internadas por problemas de salud mental, tanto en el sector público como en el privado.
La medida judicial fue dictada luego de una presentación hecha por el defensor público coadyuvante Mariano Laufer Cabrera, que presentó un informe en el que detalló que hay un universo de al menos 450 personas asistidas jurídicamente por él y que se encuentran internadas de manera involuntaria en los efectores sanitarios públicos y privados de la Capital Federal.
Si bien el fallo de la Cámara civil obliga a la administración de Juntos por el Cambio a vacunar contra la voluntad de quienes por su problemática no estén en condiciones de decidir sobre la vacunación, hace la salvedad de que no se vacune a quienes puedan negarse o haya sobre ellos una indicación médica que lo prohíba.
En su pedido, el Defensor argumentó su pedido sobre la base de la legislación nacional e internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de los servicios de salud mental.
"Las personas con padecimiento psíquico internadas en efectores de salud mental se encuentran en una situación de vulnerabilidad psicosocial, actualmente agravada por la pandemia por Covid-19", sostuvo Laufer Cabrera.
