El Correo Argentino intenta evitar que la justicia decrete su quiebra a través de la presentación de al menos 354 avales truchos y la conformidad el Meinl Bank, un banco acusado de corrupción y lavado de dinero que en una extraña operación aceptó la cesión de los créditos más elevados de la deuda con privados de la empresa del Grupo Macri. El concurso de acreedores está en un momento crucial de definiciones: la firma postal ofreció pagar 1000 millones de pesos, que es una quinta parte de la deuda real según el cálculo de la fiscalía de Cámara, después de que cinco oferentes renunciaron al proceso de salvataje. Como el Estado –que es el acreedor más grande-- se opuso a aceptarlo y pidió la quiebra, los Macri intentan que se lo excluya del recuento de las mayorías para salir airosos. Quien debe tomar una decisión es la jueza Marta Cirulli y, como paso previo, les pidió a las tres sindicaturas que intervienen, que expliciten si el Correo logró la mayoría de conformidades necesarias. La fiscala Gabriela Boquin advierte desde 2017 que una buena parte están simuladas y funcionan cual testaferros.

Para salvarse de la declaración de quiebra, el Correo necesita la conformidad de los acreedores que representan las dos terceras partes del capital. El Estado nacional, principal acreedor, ya rechazó por escrito lo que ofrece el Correo. Tampoco lo aceptaron el Banco Nación, la AFIP y numerosos trabajadores. En total hay 708 beneficiarios de la deuda de la empresa. Esta sostiene desde 2016 que tiene avales de 375 acreedores, a los que se sumaron unos 35 más en los últimos días. Quiere mostrar que tiene más del 75 por ciento de conformidades porque especula con que de ese modo pueda imponer su oferta al Estado, y dejarlo afuera de una definición.

Lo que sucede es que de acuerdo a lo que ya había denunciado la fiscalía de Boquin, de todas las conformidades que exhibe el Correo hay 354 que están concentradas por 14 apoderados, seis de los cuales tienen el mismo domicilio, y cuatro de ellos formaron parte del directorio del propio Correo Argentino. Es decir, la mayoría tienen vinculaciones entre sí y con la empresa que se supone que les debe algo. Boquín había señalado en sus dictámenes “serios indicios de manipulación de las mayorías con conformidades otorgadas mediante la cesión de créditos o el otorgamiento de poderes especiales irrevocables”. Página/12 pudo reconstruir esa trama de apoderados vinculados entre ellos y con el propio Correo:

* Hay cuatro apoderados que integraron o integran el directorio del propio Correo: Diego Martin Teglia, tiene el poder de 51 acreedores, Claudio Lehmann, de 33, Germán Carnevale de 19 e Ignacio Buceta de 15.

* Seis apoderados comparten el mismo domicilio en Lavalle 1650, piso 2, departamento “F”: ellos son, además de Lehmann y Carnevale, Gabriela Di Ciommo (44 acreedores), Miguel Martín Mac Cormack (23 acreedores), Ivana Bender (22 acreedores) y Verónica Bergman (10 acreedores).

* Susana Pinatelli (44 acreedores) figura como “gerente” del estudio de abogados “Kleidermacher y asociados” y declaraba trabajar allí como administradora y encargada de efectuar los depósitos bancarios. Jaime Kleidermacher es el representante legal del Correo y es socio en el estudio. Está imputado en la causa penal por el acuerdo que se firmó durante el gobierno de Macri para licuar la deuda.

* Di Ciommo es directora suplente en la sociedad “Transportes agrícolas” donde Lehmann, integrante del directorio del Correo, es socio.

* Carnevale es, además de apoderado y director de Correo, cesionario de dos acreedores (Nevika Cristales y Groisman y Cía)

* Lebenglik es socio en el estudio AK abogados y consultores, junto con Jaime Kleidermacher, letrado del Correo y tiene una sociedad con él, Desarrolllos Metropolitanos SA.

* Buceta, además del cargo de director suplente de Correo, tenía una sociedad con otro apoderado, Martín José Ceferino Díaz (15 acreedores). Según denunció Boquin es integrante del Estudio Tonelli, con Pablo Esteban Sarín, que fue director del Correo, y tiene al Correo como cliente y está habría sido beneficiario de desvíos de fondos.

Entre las cesiones más llamativas de créditos que también había advertido Boquin, figura el Meinl Bank, que adquirió las deudas del Correo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CFI (Corporación Financiera Internacional), por el equivalente a 374 millones de pesos, sin contar los intereses. El Meinl es un banco austríaco que está denunciado por lavado de dinero e involucrado en el pago de sobornos en el caso Odebrecht. Según relevó la periodista Emilia Delfino en EldiarioAR el Banco Central Europeo le quitó la licencia en 2019. La fiscal planteaba la duda sobre por qué esa entidad aceptaría las deudas de hace 20 años de una empresa inactiva cuyas acciones no valen nada. El Meinl prestó su conformidad con la oferta de Correo. Es el acreedor privado más grande, por lo que su voto puede ser determinante si el juzgado dejara afuera al Estado en el conteo de las mayorías.

El Correo lleva dos décadas en concurso de acreedores y una deuda acumulada de 5000 millones de pesos. En 2017 Boquin denunció un intento por licuar la deuda en un acuerdo entre la empresa y el gobierno del propio Maci. Ese acuerdo quedó abortado. Quien debe resolver ahora si decreta la quiebra es la jueza Cirulli. El expresidente le dedicó un tuit la semana pasada, como para ejercer presión después de que la Procuración del Tesoro rechazara la oferta de 1000 millones y pidiera la quiebra. “Frente al atropello al margen de la ley del PTN Zaninni, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta de pago del 100%...”, publicó. 

La magistrada ordenó a las tres sindicaturas que intervienen que calculen si el Correo consiguió las mayorías. El asunto crucial será qué criterio se utiliza para evaluar los apoyos y si se tiene en cuenta los avales vinculados con la propia empresa, que la ley impide aceptar. Las sindicaturas deben controlar el devenir del proceso concursal. Hasta ahora la sindicatura verificante pareció la menos condicionada; la sindicatura general está a cargo de Julio Rivera, abogado de Macri en su divorcio designado por él como conjuez de la Corte; la sindicatura controlante fue señalada por la fiscalía por dar información incompleta, por ejemplo, ante las denuncias de desvíos. Después que evalúen los síndicos, la jueza tendrá que tomar una decisión.