El convulsionado norte salteño no para de generar noticias del orden judicial, y y ahora los protagonistas son el ex intendente de Aguaray, Enrique Prado, imputado por el robo de más de 200 caños del Gasoducto del NEA valuados en alrededor de USD 1.500.000, que deberá enfrentar un juicio oral y público. Mientras que el actual jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez, fue citado a declarar ayer por el juez Federal de Tartagal Carlos Martínez Frugoni, en una causa por evasión fiscal.
Méndez, ya tiene en su haber otra denuncia realizada por el presidente del Concejo Deliberante de aquella localidad, Carlos Villalba, y que corre en el fuero provincial a manos del fiscal Penal Armando Cazón, por malversación de caudales públicos e incumplimiento de sus deberes por no respetar la Carta Orgánica municipal. Se suman a una denuncia por violencia de género de su ex pareja y un par de intentos de remoción por parte de los concejales, que hicieron saber que esta semana irán por su destitución nuevamente.
Prado a juicio
Esto confirmó lo que ya se especulaba sobre que el magistrado no haría lugar a los pedidos de nulidad planteado por los nueve imputados por el robo de 35 kilómetros de caños del gasoducto GNEA entre finales del 2019 y principios del 2020, y entre los que se encuentra implicado el ex intendente de Aguaray, Enrique Prado, su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes y seis empresarios más, entre ellos Diego Alos, el mendocino dueño de la empresa OSYP S.A y apuntado junto a Prado, como los mentores del plan.
Según comunicaron desde la Unidad Fiscal Salta, el fiscal General Eduardo Villalba sostuvo su acusación que apuntaba a las maniobras delictivas de los imputados que “despojaron al Estado Nacional de cientos de caños estructurales de una obra pública y perjudicaron a miles de habitantes de la región”, y rebatió los argumento de Prado y su defensa, a cargo de Fernando Teseyra, quienes sostenían la inconstitucionalidad de la Ley 27.304, conocida como del “arrepentido”, y por lo tanto pedían la nulidad de la acusación.
Teseyra, indicó que la imputación contra el ex intendente se basó exclusivamente en la declaración de Adrián Vera, quien reconoció y aportó detalles de la trama que habrían llevado adelante Prado, Alos y Céspedes, entre otros.
Vera, es el joven empresario que se acogió a la ley del arrepentido y desnudó la trama cuando fue detenido en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, el 22 de agosto del año pasado. Para el fiscal, el arrepentido “ingresó a esa cadena delictiva para seguir con la sustracción y comercialización de los caños, por lo cual recibió $800.000, dinero con el cual contrató a Andrés Ayala, gerente de la empresa Perterser SRL, quien proporcionó la maquinaria necesaria para la extracción de los caños”, y a otros empresarios como Miltón Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa MyP Servicios Especiales, quienes aportaron un predio para el acopio de los caños sustraídos.
El empresario Matías Rossi, presidente de la empresa Comarfil SA, con instalaciones en el partido bonaerense de Quilmes, en tanto, fue otro de los acusados. Se le atribuye haber adquirido caños que les fueron vendido por Alos, quien junto a Prado tenía el mayor dominio de los bienes enajenados.
Al momento de responder los planteos, Villalba pidió el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, al señalar que dicha discusión ya fue planteada y zanjada por distintos tribunales de alzada, como así también afirmó que la acusación contra Prado no se sostiene sólo en lo declarado por Vera, pues existen numerosas pruebas, tanto documental como testimonial en su contra.
El juez Castellanos rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por Prado y seguida por casi todos los demás imputados, como así también los planteos de nulidad y pedidos de sobreseimiento. Resaltó el hecho de que las defensas no señalaron aspectos jurídicos del proceso penal que se hayan vulnerado, y que en todo momento intentaron llevarlo a emitir un fallo basado sobre la evaluación de la prueba, lo cual “me está vedado”.
Por último, en respuesta a una petición de la fiscalía, resolvió que el juicio se realice con un tribunal colegiado, exigencia establecida para casos en que los imputados sean funcionarios públicos.
Una causa más a Méndez
En tanto, el jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez, tuvo que presentarse a declarar ayer en el Juzgado Penal Federal de Tartagal, a cargo de Carlos Martínez Frugoni, en la causa que pesa en su contra por infracción a la Ley 24.769 (Ley Penal Tributaria).
Según medios locales, la investigación comenzó por el crecimiento patrimonial que tuvo Méndez en los últimos años, a pesar de figurar en los registros de AFIP como comerciante y haberse declarado insolvente en el juicio que lleva desde el 2018 con su ex esposa por no pasar la cuota alimentaria de su hijo. La misma mujer, lo denunció un par de veces por violencia de género.
La concejala Marisa Valdivieso, recordó que ya corre contra el intendente una denuncia que realizó el Concejo Deliberante, a cargo del fiscal provincial Armando Cazón, “por mal desempeño de la función pública y otras situaciones que hacen a sus responsabilidades”. Entre ellas, subrayó que Méndez nunca presentó sus declaraciones juradas anuales a ese cuerpo como lo establece su Carta Orgánica, “justo por lo que lo están investigando, por no tributar como corresponde y esconder sus ganancias”.
Méndez, además de estar al mando de la intendencia de Salvador Mazza, es un comerciante del rubro bebidas y representante de la firma Coca-Cola en aquella zona, contó la edil, quien supone que la investigación de la Justicia corre por esa vía.
En cuanto a la denuncia que está en manos de Cazón y que fuera presentada a fines del 2020 por el presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Bladimir Villalba. Valdivieso sostuvo que lo denunciaron por no poner en funcionamiento el Juzgado Administrativo de Faltas y el Tribunal de Cuentas creados por el Concejo Deliberante en cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal y, además, por no presentar el presupuesto de gastos para el control del Concejo Deliberante. “Estamos a mediados de abril y todavía no acercó el presupuesto de este año”, resaltó, y aseguró que hay una falta de voluntad “bárbara” para con ese cuerpo deliberativo, “no quedaba otra que judicializar”.
El fiscal penal decidió imputar a Méndez en febrero de este año por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor.
La concejala confirmó que están estudiando realizar un segundo juicio político contra el intendente por todo lo denunciado. Entre otros puntos, el Concejo Deliberante subrayó que no hay informes de auditorías desde 2013 sobre la gestión de Méndez, lo que deja en evidencia un seria falencia de la Auditoría General de la Provincia.
En 2017, el Concejo había decidido realizar el primer juicio político contra Méndez y destituirlo justamente por no presentar informes sobre las arcas municipales, sin embargo, la destitución fue apelada por el intendente y llegó a la Corte de Justicia, que aún no se expidió al respecto.
