En un intento por acelerar el esclarecimiento del ataque contra las oficinas de Minera Agua Rica – Alumbrera (proyecto MARA), y la sede del PJ, la Procuración General de la Corte de Justicia determinó que el fiscal de quinta nominación Hugo Costilla se ponga al frente de la investigación.

Con los allanamientos y arrestos librados durante la jornada de ayer por la fiscal subrogante de la segunda circunscripción judicial, María Soledad Rodríguez, se tensa el clima social en Andalgalá. El intendente Eduardo Córdoba continúa sin hacer apariciones públicas. Mientras que ayer, voces de la comunidad científica se manifestaron en favor de los grupos manifestantes.

Hay descontento generalizado con la actuación de la fiscal Rodríguez, que recién a 48 horas de los hechos consiguió librar los primeros arrestos. En la noche de ayer se conoció que un equipo con Costilla a la cabeza será el encargado de agilizar la actuación judicial en Andalgalá.

Desde horas tempranas del lunes personal policial irrumpió en domicilios de activistas antimineros. Al cabo de la jornada hubo seis detenciones de vecinos andalgalenses, entre ellos una mujer. Se espera que hoy sean puestos a disposición del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro.

Se conoció que entre los secuestros figuran cámaras de fotos, celulares y elementos que podrían servir para la elaboración de bombas molotov.

La Asamblea El Algarrobo denunció persecuciones y violencia en los allanamientos, y difundió fotos de daños en los domicilios allanados: “todas las residencias quedaron destrozadas”, expresaron en redes sociales.

Se conoció que el gobernador Raúl Jalil finalmente no viajará a Andalgalá por la situación de la covid, pero expresó: “Estamos en una etapa de conversación. La violencia es mala para todos y creo que tiene que actuar la Justicia ante los hechos”.

Legisladores de la oposición pidieron una reunión con el mandatario para conocer más de la actuación del gobierno ante los hechos: “Les pedí una conferencia conjunta cuando terminamos, pero dijeron que iban a dar expresiones individuales. Ellos (por los legisladores) pensaban que íbamos a intervenir Andalgalá, una cosa ridícula. No vamos a mandar ninguna intervención. Creemos en la democracia”, dijo el mandatario.

El delegado provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, acusó al intendente Eduardo Córdoba de ser uno de los responsables de los hechos: “Con sus declaraciones arrojó nafta al fuego. Creo que esto fue algo premeditado que iba a suceder. Lamentamos daños materiales, pero pudo sucederle algo a los compañeros”, dijo. 

Se conoció, además, que 50 contratos de trabajadores que se encontraban haciendo el preocupacional dentro de la empresa perforista habrían quedado suspendidos. Hay, además, 100 trabajadores directos preocupados por su situación laboral.

En tanto, el equipo de investigación de Ecología Política del Sur, integrado por profesionales del CONICET, CITCA y la UNCa (Universidad Nacional de Catamarca), emitió un comunicado, en el que expresan: “Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold, no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura”, señalan.

Por su parte, el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), organismo dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como presidente honorario, envió una nota al gobernador Jalil en la que pide la suspensión de las actividades de la exploración avanzada en Andalgalá. Señalaa que “las perforaciones y construcción de los 2700 metros de nueva huella minera producirían la afectación a la naciente del río Minas, el cual es uno de los que da nacimiento al río Andalgalá y es el que provee de agua potable, tanto para consumo humano como para la agricultura a la población de Andalgalá”. El SERPAJ es un organismo con estatus consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC) y estatus permanente en UNESCO.