Con el objetivo de fomentar la difusión y el tratamiento adecuado de información vinculada a los sucesos que tuvieron lugar en el país y en la región durante la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina sin vulnerar derechos, la Defensoría del Público y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación publicaron una guía de recomendaciones destinadas  medios de comunicación. El documento, que puede descargarse aquí, ofrece una docena de consejos que subrayan la importancia de que estos temas integren las agendas informativas, que argumentan la necesidad de utilizar, para tal cometido, algunos conceptos en detrimento de otros, y que invitan a respetar las decisiones de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado. 

“Es interés del Estado que se hable de lo que pasó en la última dictadura y de todo lo que hoy se está haciendo para revisarlo porque es parte de la reparación simbólica y efectiva que el mismo Estado debe llevar a cabo”, apuntó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en relación con la intención que empujó al área que dirige a apoyar y acompañar la redacción y puesta a disposición de medios de comunicación, periodistas, comunicadores y público en general, del conjunto de Recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que encabezó junto a la Defensoría del Público de la Nación.

Miriam Lewin, a cargo de esa área dedicada a velar por el derecho de les ciudadanes a estar informados, coincidió en la importancia de que diarios, radios, canales de televisión, sitios web informativos “cubran” y difundan información sobre lo acontecido en los años donde reinó el terrorismo de Estado en el país y la región. “Es la única garantía de que el nunca más sea efectivamente nunca más”, subrayó y añadió, en ese sentido, que “es responsabilidad” de esos medios que esa cobertura “no vulnere derechos, que no revictimice y que no atente contra el proceso de memoria, verdad y justicia”.

La necesidad de que los delitos de lesa humanidad de la última dictadura integren la agenda mediática es la primera recomendación del documento que Pietragalla y Lewin presentaron públicamente a través de una charla virtual que compartieron con la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida, el juez federal Daniel Rafecas, la sobreviviente de la Esma Ana María Soffiantini y la fiscal Mercedes Soiza Reilly, representantes de las áreas --organismos de derechos humanos, justicia, sobrevivientes y familiares de víctimas-- que fueron consultadas a la hora del armado del documento. También asesoraron periodistas, como Juan Marco Candeloro García, Dalia Cybel y Diego Pietrafesa; integrantes del colectivo Historias Desobedientes; abogados especializados en causas de lesa humanidad, las ex juezas Lucila Larrandart y María del Carmen Roqueta, entre otros y otras.

La guía, explicó Lewin, “no constituye una imposición de una postura ideológica sino más bien es un cúmulo de consejos para comunicar sin vulnerar derechos. Estamos recomendando, no imponiendo. Nadie va a sancionar nada ni censurar nada si quiere hacerlo de otro modo”, advirtió. Las recomendaciones apuntan a “desnaturalizar” conceptos y modos que se han ido naturalizando con los años. Pero también a nutrir de herramientas a toda una generación de jóvenes periodistas a los que “la última dictadura les quedó muy lejos, pero el período inaugurado por Néstor y Cristina Kirchner de fin de la impunidad también”, señaló Pietragalla.

“Durante los primeros 2000, por la novedad de los juicios de lesa humanidad, el tema estuvo muy presente en la agenda. Después de cuatro años de macrismo, en los que hubo una política de desacelerar el proceso, hubo una merma en el interés periodístico”, argumentó el secretario de Derechos Humanos, quien fue un bebé apropiado por genocidas y recuperó su verdadera identidad meses antes de que Kirchner asumiera la presidencia de la Nación. Lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri fue “una disputa de sentido común sobre el tema, con la reintroducción desde el propio Estado de la teoría de los dos demonios como habilitante que abrió las puertas al negacionismo. Y tuvo consecuencias”, remarcó.

Por eso, entre la docena de “consejos” se destaca la necesidad de utilizar un “lenguaje preciso” a la hora de difundir informaciones vinculadas a la temática. Así, se aconsejan expresiones como “dictadura cívico-militar” en lugar de “proceso de reorganización nacional”, “represores” o “genocidas” y no “presidentes o gobernadores de facto”, “apropiadores o presuntos apropiadores” a “padres de crianza”, “secuestro” o “desaparición forzada” o “detención ilegal”. Incluso la guía incorpora un glosario en el que cada concepto recomendado es definido detalladamente.

El avance del negacionismo en la sociedad fue uno de los reclamos “urgentes” que los organismos de derechos humanos expresaron durante la ronda de consultas. Los comentarios que en redes sociales recibió la difusión de la presentación de la guía sirven para ejemplificar la avanzada. “El empleo de términos correctos (a la hora de realizar coberturas sobre la última dictadura, sus crímenes, sus consecuencias) es importante para contrarrestar de alguna manera estas nuevas tendencias que promueven la negación de lo que pasó, las negación de crímenes de lesa humanidad”, puntualizó Lewin.

Entre las recomendaciones, se insiste en la necesidad de contextualizar los hechos, de hacer hincapié en la responsabilidad del Estado en los crímenes de la última dictadura y de difundir los hechos con respeto hacia les sobrevivientes y familiares de víctimas, sin espectacularizar ni revictimizar.

También en lo imperioso de sostener las coberturas sobre la señalización de lugares que fueron escenarios de violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de los nietos y nietas que aún viven bajo identidades falsas impuestas durante el terrorismo de Estado, la búsqueda, el hallazgo y la identificación de restos de desaparecidos y desaparecidas. Por último, remarca la necesidad de difundir los crímenes de género contra mujeres y disidencias como hechos violencia agravada. El documento ofrece, además, un recursero con datos de contacto de organismos, especialistas y archivos de consulta útiles en cada cobertura.