La psicóloga Natalia Amatiello enfrenta un proceso del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, a partir de la denuncia de un hombre imputado penalmente de abuso sexual gravemente ultrajante a su hija de 4 años. La profesional presentó un pedido de nulidad, al entender que este órgano incurrió en diferentes irregularidades, entre ellas la violación de su derecho a defensa. Tras la publicación de esta situación en Rosario/12, el Colegio de Psicólogos de Santa Fe Segunda Circunscripción emitió un comunicado en el que pide derecho a réplica, para expresar que la profesional no fue sancionada. "No podemos ser más claros en este punto: al momento de publicarse esta nota, la sanción mencionada no existe", dice el documento publicado en las redes sociales del Colegio. "Cabe aclarar que la recepción de denuncias presentadas al Tribunal no constituye a priori sanción alguna", sigue la comunicación oficial del Colegio y aclara que "el funcionamiento del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio es confidencial, independiente y autónomo respecto de las autoridades del Directorio". 

Hecha la aclaración, vale la pena sumar algunas informaciones. La misma conformación del Tribunal es cuestionada por la profesional que enfrenta el sumario, ya que hubo excusaciones de tres integrantes y las nuevas fueron designadas sin mediar el procedimiento estipulado en el mismo Estatuto del Colegio, en su artículo 41. "En caso de recusación o excusación, las vacantes serán cubiertas por conjueces elegidos de una lista de cinco miembros que deberán reunir los mismos requisitos que los integrantes del tribunal y que se designarán por sorteo de una lista que a tal fin confeccionará el Directorio cada año", dice el estatuto. Sin embargo, Amatiello pidió reiteradamente a la comisión directiva del Colegio que se le informe sobre la lista de conjueces. Y no obtuvo respuesta. 

En la denuncia contra la profesional --especialista en estimulación temprana y con amplia formación en la problemática de abuso sexual infantil--, el padre de la niña asegura no haber dado su consentimiento para el tratamiento de su hija. Los argumentos de la acusada fueron expuestos en la nota anterior. En el marco del sumario, que todavía no tuvo resolución, Amatiello presentó el 22 de marzo un pedido para que se suspenda el proceso, al conocer un "hecho nuevo grave". Allí, rememora lo ocurrido a partir de que el Tribunal de Ética citó al denunciante a ratificar la denuncia, en noviembre de 2019. El 20 del mes siguiente, Amatiello solicitó la aplicación de la Resolución aprobada por unanimidad en la Asamblea Extraordinaria de la FEPRA del 14 de diciembre de 2019. Cabe recordar que se trata de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, cuyo código de ética es el que aplica el colegio local.  

"Los informes que las psicólogas/os brindan durante el trámite de las causas, permiten en sede penal llegar al dictado de procesamientos de sospechosos y luego, en la etapa respectiva arribar a su juzgamiento y eventual condena. En sede civil a su vez, permiten fundamentar medidas de protección a las víctimas y de restricción de acercamiento respecto de los posibles victimarios. Es por esas razones que psicólogas y psicólogos somos sistemáticamente blanco de un sinnúmero de ataques tanto personales como profesionales. Representamos con nuestra actividad, tal vez el mayor riesgo para la impunidad tradicional de quienes a lo largo de los siglos han abusado de la infancia prácticamente sin sanción alguna. A su vez, los avances aludidos, han dejado sin fundamento la habitual afirmación de 'los chicos mienten', argumento que ya no puede ser utilizado para obtener impunidad en nuestro país. Fue entonces que los abusadores y sus simpatizantes, comenzaron a desarrollar nuevas estrategias basadas en la descalificación sistemática de las víctimas, sus madres protectoras y de todo aquel que se preste a darles apoyo y auxilio", dice la resolución de FEPRA. Allí se mencionan los argumentos que se usan en las denuncias, como el "discurso contaminado", la "co-construcción" y el falso "Síndrome de Alienación Parental", que ha sido rechazado por diversas entidades científicas. 

La larga resolución de FEPRA, abundante en argumentaciones, recomienda a los Colegios y sus Tribunales de Ética "ser sumamente cuidadosos desde lo institucional en cuanto al trámite a dar ante las denuncias del tenor de lo expuesto. Ello, porque cuando, desde un Colegio Profesional, se da traslado de denuncias calumniosas y además elaboradas y concretadas con la finalidad de desacreditar profesionales, víctimas y familiares, y perturbar investigaciones judiciales en trámite, se favorece involuntariamente esa ilegal estrategia ya que como es común en lo cotidiano se toma la mera aceptación de la denuncia como un equivalente de la existencia de la falta. En sentido contrario, su rechazo “in límine”, no sólo resulta acorde a la legislación protectora vigente, sino que reafirma la función esencial de cada Colegio y de la Federación, que es el apoyo irrestricto a los profesionales que cada día realizan una labor invalorable desde una incumbencia tan elevada como es la psicología".  

Amatiello, en su presentación del 22 de marzo de este año, consideró "extraño" y "grave" un hecho del que tuvo conocimiento. "Ha existido un requerimiento insistente por parte del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Rosario,  ante la Comisión Directiva de FEPRA (Institución que emitió la Resolución que invoco), y en duros términos por la que se reclamó que la misma se modifique.  En lugar de ajustar su conducta a la norma, se pretende que se modifique la norma. De ese modo, pueden resolver la cuestión que me involucra según su apetencia", dice  la acusada, ante el Tribunal de Ética que continúa el sumario.