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Desde Santa Fe
El fiscal regional de Rafaela Diego Vigo reculó en su intento de resistir el regreso del ex ministro de Seguridad, Marcelo San, como director del Organismo de Investigaciones del MPA –un cargo que ganó por concurso en 2018- y “dejó sin efecto” la orden que les dio a los fiscales de su zona para que cesen la intervención de la OI en causas en trámites. Una medida que algunos asociaron a una supuesta “rebelión de fiscales” –por la vuelta de Sain-, pero que se apagó en una semana. A cambio del recule, el fiscal general Jorge Baclini cubrió a Vigo con un manto de piedad: informó al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, que la resolución 15/2021 de su subordinado -que la diputada Matilde Bruera calificó como “ilegal”- fue dictada por Vigo “dentro del marco de la ley”. Lo que significa que no avanzará en las otras dos acciones que pidió el Poder Ejecutivo: que gire los antecedentes a la comisión de Acuerdos de la Legislatura para que inicie el proceso de remoción de Vigo y notifique al fiscal en turno para que analice si la “conducta” del fiscal regional de Rafaela encuadra en “algún ilícito penal”, atento a la “manifiesta extralimitación de sus funciones”.
Vigo dictó la resolución el martes 6, en tándem con su ex jefe, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, que denunció a Sain por supuestas “faltas graves” y pidió su destitución al frente del Organismo de Investigaciones. La diputada Bruera interpretó que ambos hechos -la denuncia de Arietti y la orden de Vigo- “forman parte del mismo operativo de persecución ilegal” a Sain. “Nosotros nos escandalizamos del lawfare a nivel nacional, pero este es un lawfare mucho más grosero. Acá, abiertamente se persigue al funcionario que desentraña la madeja del crimen organizado”, alertó.
El viernes, el Poder Ejecutivo –en una nota que firmó Somaglia- solicitó a Baclini que anule la orden de Vigo que cesó “de facto y sin sustento legal” la intervención del Organismo de Investigaciones en causas en Rafaela e instruyó a los fiscales de la zona que pidan la devolución de los legajos. Vigo generó una “situación de gravedad institucional en el servicio de justicia”, planteó Somaglia. Y le pidió a Baclini que “deje sin efecto” la orden de Vigo, remita los antecedentes a la comisión de Acuerdos de la Legislatura para que le inicie el proceso de remoción en el cargo y notifique al fiscal en turno para que analice si el “comportamiento” de Vigo encuadra en “algún ilícito penal”.
Ayer, Baclini le respondió a Somaglia. “Es sumamente saludable y positivo –le dijo con cierto tono irónico- el interés que se demuestra en el funcionamiento del Organismo de Investigaciones –que ahora dirige Sain- y en matener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial”.
Y le aclaró que antes de que el PE se lo pidiera, el propio Baclini había “entendido conveniente” que Vigo “reconsidere la instrucción dada a los fiscales” de su zona para que marginen al OI de las investigaciones judiciales en Rafaela. Baclini dijo que se lo pidió por escrito a Vigo el jueves 8, un día antes de que Somaglia le enviara la nota de la Casa Gris.
Vigo reculó. Porque Baclini le remitió al secretario de Justicia la resolución 17/2021 del fiscal regional de Rafaela que “dejó sin efecto” la anterior, la 15/2021, que estuvo vigente sólo siete días, desde el 6 al 13 de abril.
La respuesta de Baclini a Somaglia no sólo arranca con cierta ironía sino que cierra con un costado salomónico. Le cuenta –como si el secretario de Justicia no lo supiera- cuál es el diseño institucional del MPA. Que Vigo dio la orden –que ahora anuló- “sobre la base de una situación puntual” que es “provisoria” y “está sujeta a decisiones ulteriores de otros órganos”. Y que la resolución 15/2021 de Vigo “fue dictada dentro del marco de la ley”.
Baclini es el primero que dice que la orden de Vigo era legal. El PE –en la nota de Somaglia- la consideró “de facto” y “sin sustento legal”, por eso le pidió que la anule, gire los antecedentes a la comisión de Acuerdos y le inicie una causa penal. La diputada Bruera –de extensa trayectoria en la justicia federal- lo dijo sin eufemismos. “Es una orden ilegal”. Vigo “no tiene facultades para dar esa orden” y la ubicó como “parte de una maniobra política” contra Sain. “Esto es escandaloso en Santa Fe, donde ya tenemos cuatro fiscales cuestionados por el juego clandestinos y fiscales que se prestan a una opereta política. La única intención es impedir que Sain siga investigando sobre el crimen organizado y los vínculos judiciales y políticos”.
Y el domingo, el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta dijo que “los fiscales están obligados a cumplir la ley antes que cualquiera, por lo tanto sorprende que un fiscal diga que no va a cumplir con una ley que marca la creación del Organismo de Investigaciones, o que va a darle órdenes a sus fiscales para que no trabajen con un organismo creado con una competencia específica en delitos complejos”. Baclini –planteó Erbetta en Rosario 12- “debe poner las cosas en orden porque no es solo que los fiscales deben cumplir la ley, sino que, además, hacer pública una decisión de este tipo verdaderamente pareciera trasuntar una desconfianza dentro de la propia institución”.
