La Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, Catamarca, denunció “allanamientos arbitrarios y violentos” luego de que, el lunes a la mañana, la policía provincial ingresara a viviendas y detuviera a siete vecinos que se oponen a la megaminería. Los operativos, ordenados por la fiscal Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro, se produjeron luego de una masiva movilización en rechazo a la Minera Agua Rica (que avanza con un proyecto sobre las fuentes de agua) y que, con denuncias de infiltrados y zona policial liberada, incluyó el incendio de la oficina de la empresa. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) destacó que la fiscal Rodríguez trabajó para empresas mineras y organismos de derechos humanos denunciaron la judicialización de la protesta.

Decenas de policías de Catamarca y efectivos especiales del grupo antimotines Kuntur patearon puertas y rompieron ingresos a viviendas de vecinos de Andalgalá. “Las únicas pruebas en las que se basan son personas que concurrieron a la caminata del sábado. La marcha fue multitudinaria, por lo cual debieran detener a todo el pueblo”, denunció Ana Chayle, de la Asamblea El Algarrobo, histórico espacio que cuestiona el accionar minero.

Andalgalá conoce de megaminería desde hace 24 años, cuando llegó Minera Alumbrera (hoy en manos de las multinacionales Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) y prometió trabajo, desarrollo local y cuidado del ambiente. Ningún indicador socio-económico mejoró. “Somos más pobres nunca”, suele recordar Aldo Flores, docente jubilado, histórico militante socioambiental y uno de los siete detenidos e incomunicados desde el lunes.

Desde hace once años enfrentan a Minera Agua Rica (de las trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont), que impulsa una explotación tres veces más grande que Alumbrera, con el agravante de estar ubicada mucho más cerca de la ciudad (17 kilómetros) y donde nacen los ríos que alimentan de agua a la región.

Todos los sábados, desde hace once años, se marcha por las calles de Andalgalá denunciando el accionar de las mineras, por el cuidado del agua y contra el extractivismo. En particular, se hace hincapié en el rechazo al proyecto Agua Rica (ahora también llamado proyecto “MARA”, por su unión con Alumbrera).

El sábado pasado fue la marcha número 584. Y fue multitudinaria. En buena medida porque a fines de marzo la empresa aceleró su tareas, con apoyo del gobernador Raúl Jalil, en el cordón montañoso El Aconquija.

Cuando la marcha pasó por las oficinas de Minera Agua Rica, un pequeño grupo (con rostros tapados) comenzó a patear las puertas e ingresó. A los pocos minutos comenzó un incendio, que se mantuvo por horas.

La Asamblea El Algarrobo afirmó que el fuego lo iniciaron “infiltrados” y que se “trató de una zona liberada”. Remarcaron que ningún integrante de la asamblea participó de esos hechos.

“Como todo Andalgalá sabe, desde hace once años y 584 caminatas, las distintas asambleas ciudadanas, incluida la Asamblea El Algarrobo, y demás ciudadanos que rechazamos la megaminería, nos manifestamos pacíficamente por las calles de nuestro pueblo para exigir la inmediata paralización de la actividad en el yacimiento Agua Rica”, señaló en un comunicado la Asamblea.

“Ante el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violación sistemática de las leyes, durante una multitudinaria caminata el pueblo de Andalgalá expresó su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero. Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social”, añadió el texto.

El mismo sábado comenzaron las versiones de detenciones masivas (ya habían sucedido luego de la represión del 15 de febrero de 2010). Los medios de mayor alcance provincial comenzaron a tildarlos de “antimineros violentos” y en redes sociales se inició una campaña de ataques personales a los referentes de la organización socioambiental.

El domingo la Asamblea emitió un segundo comunicado: “Repudiamos los ataques difamatorios y persecuciones a las vecinas y vecinos que luchan por el agua pura para nuestro pueblo. Estos intentos de perseguirnos y difamarnos solo demuestran que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Somos un pueblo que viene demostrando desde hace más de 20 años que no quiere la destrucción de su territorio, que no se vende ante la ilusión de un falso progreso que piensa que puede repartir espejitos de colores”.

Aldo Flores envió un mensaje de texto a este diario el domingo a las 18: “Hay una tensa calma. Ya sabemos como funciona el poder minero y político. Estamos esperando las detenciones”.

A la mañana siguiente, una decena de policías ingresó con violencia, rompió la puerta, destrozó pertenencias y detuvo a Flores, docente jubilado.

Graciela Chayle, también de la Asamblea, relató en redes sociales lo sucedido: “Acabo de ser allanada violentamente en mi domicilio. Seguramente a muchos de nosotros nos está pasando esto. Lamentable. Pero ni un paso atrás en la lucha”.

Conocidos los allanamientos, comenzaron a llegar respaldos de numerosas asambleas y organizaciones de todo el país, con especial protagonismo de las provincias que resisten la avanzada minera: Chubut, Río Negro, San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy. El martes hubo movilizaciones en distintos distritos, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Catamarca entre ellos.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) denunció el conflicto de intereses de la fiscal Soledad Rodríguez, quién solicitó las detenciones y años atrás fue empleada del sector minero (síndica de la empresa FMC Minera del Altiplano --que explota litio en Catamarca y Salta--). La UAC difundió un artículo de la revista empresaria “Panorama Minero”. En una entrevista a Soledad Rodríguez, señala: “Empezó como asesora de empresas mineras y nunca pensó que en un futuro tendría que salir en defensa del sector ante las asambleas antimineras. ‘Trabajar y defender la actividad me ha enriquecida en todos los sentidos’”.

Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas repudiaron la represión y pidieron frenar a Agua Rica. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la “criminalización de la protesta”.