La Ley de Educación Superior (LES) tiene un gran vacío respecto a las realidades de los pueblos originarios. Nada dice, nada exige. A pesar de que la Constitución Nacional reconoce en su artículo 75 inciso 17 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la realidad mantiene cierta distancia con este punto. La LES no explicita la importancia de garantizar una interculturalidad que acorte la brecha de desigualdad que existe con los pueblos originarios y afrodescendientes. La buena voluntad de sus actores, en los casos en que se cuenta con los recursos materiales, institucionales y financieros necesarios, es lo único que permite que en algunos centros educativos se lleven adelante programas de becas, acompañamiento o enseñanza intercultural bilingüe.
Estas políticas universitarias, en mayor o menor medida, son las herramientas necesarias en el avance para la erradicación del racismo estructural, una bandera que Daniel Mato, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, levantó a través de su Cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina en la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF). No se trata de una cátedra que dicte clases, sino que funciona como un centro de investigación, educación y comunicación pública y tiene como una de sus principales influencias de trabajo las declaraciones resueltas en la II y III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES). “Lo que está detrás de este trabajo es el concepto de qué investigación hacés y para qué, y en este caso se trata de investigación para intervenir”, explicó.
El trabajo que realiza desde la cátedra permitió ser un nexo entre representantes de las universidades del país en la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, formada en 2018, que en la actualidad tiene como uno de sus principales iniciativas la redacción de un proyecto de modificación de la LES para que se explicite y exija la total garantía de derechos para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Su extensa trayectoria en los programas Unesco en América Latina le permitió conocer a fondo casos y proyectos similares en la región, estrechando vínculos con sus referentes para poder replicar esas experiencias en una ley argentina.
“El hecho de que esté en la ley enciende una lucecita para que se sepa que con este tema se tiene que hacer algo. De esta forma, si a la Secretaría de Políticas Universitarias no se le prende, llega la gente que labura en el tema y le exige que trabaje sobre el tema. Pero si no está en la ley, solamente depende de la inspiración del secretario y que le asignen los fondos necesarios”, destacó Mato, sobre la importancia de esta explicitación en la ley.
Una actualización necesaria
La ley vigente de Educación Superior N° 24.521, sancionada en 1995, tuvo su última actualización en noviembre de 2015, denominada “ley de implementación efectiva de responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior”. Allí se modificaron e incorporaron artículos que, entre varios puntos, exigen garantizar derechos a personas con discapacidades y atender problemáticas de género. Esa modificación, impulsada por la entonces diputada del Frente Para la Victoria Adriana Puiggrós, tenía otro objetivo: garantizar la gratuidad y el acceso a la educación superior, ante un cambio de gobierno.
Con el nuevo contexto, en el cual el presidente Alberto Fernández manifestó y reiteró la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior, hace mucho más probable que esta propuesta se apruebe, ya sea como actualización a la norma vigente, lo que demandaría menos tiempo, o incorporada a una nueva LES.
Tras extensas reuniones propuestas por la cátedra Unesco en las que participaron rectores, referentes de comunidades indígenas, representantes del Ministerio de Educación y diputados interesados en la propuesta, la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) elaboró un anteproyecto de ley que consta de la modificación de sólo 5 puntos de la ley (2, 3, 13, 28 y 29) en los cuales se incorporan, entre otras cosas, la promoción de políticas educativas, programas de educación intercultural, reconocimiento de diferencias y pautas culturales en el proceso de formación, y la asignación de recursos materiales suficientes para garantizar la realización de estos puntos.
Desde su redacción original, la Ley siempre obligó a garantizar los derechos para todas y todos en su sentido más amplio. Pero el proyecto de modificación busca explicitar las desigualdades existentes para que la garantía de derechos sea realmente amplia. “Las leyes no son como una Constitución y por lo tanto hay que contextualizarlas en la época. La del ‘95 planteaba que no debía haber ningún tipo de discriminación y punto. La del 2015 visibiliza el tema de las discapacidades y el tema de género. En este contexto, de la explicitación o de visibilización de grupos poblacionales, adquiere relevancia hacer esta modificación para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y el colectivo afrodescendiente”, detalló Juan Carlos Del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), quien fue uno de los redactores de la primera Ley de Educación Superior.
La última versión del anteproyecto fue enviada al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y fue evaluada en una asamblea. Allí se aprobó una declaración, que tiene ocho considerandos y dos puntos resolutivos, en la que se reconoce “la importancia y necesidad de reparar con urgencia la situación de discriminación y vulneración de derechos constitucionales de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas que la versión vigente de la LES ocasiona” y se respalda “la última versión de la propuesta de actualización de la LES”.
El investigador de la UNTREF no oculta su emoción. “Es algo histórico”, celebró pero advirtió que todavía se debe estar atento a lo que suceda en el Congreso cuando el documento finalmente se trate: “El conjunto de diputados del Frente de Todos elaboró un beneplácito. También dos diputados radicales se expresaron a favor en la reunión, aunque no produjeron ningún documento posterior. Además hubo una senadora oficialista que no pudo asistir, pero envió una carta de apoyo. Esto no quiere decir nada, pero percibimos un buen clima”.
Mientras debaten la Ley
Sólo el 10% de los jóvenes de entre 20 y 29 años provenientes de comunidades indígenas cursa estudios de nivel superior, en comparación al 35% de la población general del mismo rango etario, según los datos del Censo Nacional de 2010. A pesar del vacío que la LES tiene con respecto a estas comunidades, no son pocas las universidades del país que por su propia iniciativa llevan adelante programas de acompañamiento, becas y educación intercultural. Eso sí, con mucha fuerza de voluntad y una partida presupuestaria que podría crecer con la actualización de la norma.
Uno de los proyectos que mejor se desarrolla en el país es el Programa Pueblos Indígenas (PPI) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), coordinado por la profesora e investigadora Laura Rosso. “Fue definido como un programa institucional para abarcar a toda la universidad y que no sea algo puntual de alguna unidad académica. Se trabaja más fuertemente con la inclusión de estudiantes indígenas, pero consecutivamente se busca trabajar en extensión y en investigación, es decir que abarcamos todas las funciones. Por eso es algo integral”, puntualizó la docente.
“No buscamos solamente que ingresen estudiantes indígenas a la universidad y se reciban de la profesión que eligieron. Buscamos también que se produzcan transformaciones hacia el interior de la universidad, orientadas, por ejemplo, al trabajo docente con los estudiantes indígenas, al currículum, a los proyectos de extensión, los modos en los que se propongan esas relaciones. Para eso, el programa cuenta con una comisión asesora de la que participan referentes de los pueblos indígenas de Chaco”, detalló.
A través de sus principales iniciativas, como la entrega de becas, el programa de tutores pares (estudiantes con más del 50% de la carrera aprobada) o cursos de formación sobre la realidad de los pueblos indígenas (su cultura, la situación actual, la educación intercultural bilingüe) lograron una evolución académica de estudiantes indígenas en la universidad, llegando al 2021 con 5 egresados y 83 becarios del PPI.
Por su parte, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) logró un gran avance a fines del año pasado cuando se resolvió aprobar el programa “Educación Superior y Pueblos Originarios”. Al igual que su par de la UNNE, la iniciativa busca garantizar de forma fehaciente los derechos de la población indígena dentro de la educación superior.
Verónica Moreno, su vicerrectora, acompaña de cerca la implementación del proyecto estableciendo contactos directos con las comunidades para trabajar a la par dentro de la universidad: “El programa está orientado a dos destinatarios: los pueblos originarios y los claustros universitarios. Uno puede pensar cómo garantizar materialmente el ingreso, la trayectoria educativa, la terminalidad de cualquier estudiante, algo que nos carcome la cabeza, pero también hay que pensar cómo garantizar institucionalmente esa posibilidad. Las diferencias culturales y simbólicas en estos casos puntuales se agravan. Estamos hablando de poner en valor quiénes son. Tenemos que preparar a nuestros universitarios para que estén a la altura de la circunstancia y que los profesores y profesoras se puedan preparar y pensar en clave de interculturalidad. Esto para nosotros también es clave porque no se trata de decir ‘vos tenés otra expresión cultural y yo la respeto, pero vos te quedás con la tuya y yo con la mía’. Eso no es interculturalidad. O ‘somos muy interculturales, y te respeto, pero vos tenés que aprender esto que yo te estoy dando’. Tampoco es la respuesta”.
Las universidades ya piensan en clave intercultural. A partir de los recursos con los que cuentan, llevan adelante programas que, en mejor o peor medida, logran acompañar a estudiantes indígenas y afrodescendientes para transitar el camino universitario a la par y desde distintas visiones del mundo. Ahora, la responsabilidad es de diputados y senadores para avanzar junto a las universidades en este tránsito hacia una educación superior intercultural.
