La falta de servicios de salud, o de Policía en una zona de frontera permeable fueron dos de los factores que surgieron en los reclamos de las comunidades wichí de La Puntana, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este (SVE), ante diputados provinciales que visitaron la zona.

Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorgelina “Koky” Juárez, quien junto a su par de Orán, Iván Mizzau, visitaron la zona a pedido del también diputado provincial por Rivadavia, Ramón Villa, que fue parte del recorrido. 

En una reunión que tuvieron en el establecimiento escolar que comparten chicos de la escuela primaria y del nivel secundario, los padres se quejaron de la venta de drogas dentro del lugar. Advirtieron que si esto continúa no enviarán más a sus hijos al establecimiento.

Salta/12 se comunicó con la legisladora luego de escuchar el informe que dio ante la Cámara el martes, el cual fue breve debido a que el presidente del cuerpo, Esteban Amat, le señaló que ese momento de la sesión no era el indicado para dar un informe extenso de ese tipo.

En la madrugada del primero de abril pasado (en el inicio del Jueves Santo), una nena de 13 años que estaba con su familia en la asamblea de la Iglesia Evangélica salió para buscar un baño a unos 50 pasos del lugar y fue violada por dos hombres. Los atacantes, que andaban en moto, la secuestraron, la desmayaron y se la llevaron. La chica volvió la madrugada de ese día, a rastras hasta su domicilio, golpeada.

Los legisladores fueron a ver cuál era la actual situación de la familia y si contaban con contención ante estos hechos acontecidos. “Toda la familia está angustiada y viven en un estado de precariedad”, dijo Juárez. Mencionó que este mismo lunes que visitaron la comunidad, la niña había sido llevada en un móvil policial a los tribunales de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, junto con su madre. 

Pero al volver, la Policía solo la llevó a Santa Victoria Este, desde donde todavía resta un buen trayecto hasta llegar a La Puntana, a donde no llegan servicios públicos de transporte de pasajeros. Cuando los legisladores se aprestaban a ir al pueblo para buscarla, “nos llamaron diciendo que un camión de una empresa la estaba llevando. Pero nunca lo hizo un vehículo del Estado”, contó la diputada.

El enojo de la familia también tiene que ver con las demoras que hay para conseguir Justicia en la zona. Y como toda la comunidad de La Puntana, lo adjudican a las dificultades para acceder a la Policía o a un servicio de salud en mínimas condiciones, ambos a 45 kilómetros de la comunidad, en SVE. 

Incluso los pobladores contaron que en la propia comunidad hay quienes conocen el paradero de los hombres que perpetraron la violación. Los habitantes señalaron que no logran que la Policía llegue, y contaron que les dicen que “no hay móviles”. “Ellos temen que de seguir así, se haga justicia por mano propia”, mencionó Juárez. Los dos acusados de la violación continúan prófugos con pedido de captura nacional e internacional.

El consumo, un reiterado problema

Esta misma falta de personal policial es lo que entienden, permite la permeabilidad de la frontera con Bolivia, y el ingreso de droga que luego se vende en la comunidad y hasta en el establecimiento escolar. Habría un alumno que vende, pero también ingresan extraños. Eso se manifestó en la reunión que mantuvieron los habitantes de La Puntana con el responsable del colegio, quien por su parte solicitó más controles, lo que por ahora, sin policías en el lugar, sería casi imposible.

Por otra parte, los techos de la infraestructura escolar están agrietados y temen que se derrumben sobre los estudiantes cuando salgan a los pasillos. Los habitantes de la zona solicitaron también que se gestione la titularidad y estabilidad de docentes, dado que muchos son itinerantes y por lo tanto solo “están un tiempito y se van”. Para la comunidad, la solución es que desde el Ministerio de Educación de la provincia se acondicionen viviendas para los docentes.

El consumo de bebidas alcohólicas más la venta y consumo de drogas es uno de los flagelos denunciados en todas las comunidades victoreñas. Más de una vez llegaron a este medio las quejas y preocupaciones de referentes de las distintas poblaciones originarias de SVE, donde el Hospital no tiene siquiera un psicólogo (como sucede en todo Rivadavia), y debe derivar los casos graves de consumo a Tartagal. Mientras, la situación de niños, niñas y adolescentes también prende la alarma. Según la confirmación del Hospital de SVE, se registraron dos suicidios de adolescentes de 17 y 18 años en enero y febrero pasados.

En La Puntana, además de lo ocurrido con la niña (que también se habría cometido en una situación de consumo de alcohol y drogas de los agresores), los pobladores recordaron que hace un par de meses tres chicos quedaron internados por heridas de consideración que les provocaron tres agresores, y solo uno de los sospechosos de las lesiones se encuentra detenido, mientras que otros dos siguen prófugos.

“Estos son reclamos que siempre hace el diputado Villa”, recordó Juárez, quien sostuvo que se solicitará una audiencia con los ministros de las carteras de Seguridad, Desarrollo Social, Educación y Salud para plantear estas situaciones.

Por su parte, fuentes del Chaco salteño contaron a Salta/12 que el problema con la venta y el consumo de drogas también tiene que ver con el hecho de que el paso de las sustancias por la frontera antes se lo pagaba con dinero, y de un tiempo a esta parte se abona con parte del propio estupefaciente que se traslada. Entonces “no queda otra que venderla”, dijeron. Esa venta se hace en el mismo lugar.