Tras la polémica decisión del juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Ramón Alberto Haddad, de citar a audiencia a un niño de 9 años y hasta de hacerlo firmar la citación por la policía, por el supuesto delito de haber rayado un auto, el subsecretario de Niñez y Familia de la provincia, Pablo Martínez, indicó que muchos jueces aún se manejan con la vieja normativa de la Ley de Patronato y no con la que indica la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños y Niñas y la Ley nacional 26.061.

El funcionario provincial adelantó que quiere estudiar en detalle el expediente y para ello ya le pidió a la delegada de ese organismo en Metán, Mariana Cendoya, que se presente en el Tribunal de Hadad y lo solicite “para poder ver las actuaciones desde la fuente oficial y evaluar si actuó conforme a la normativa”.

“El juez de menores tiene una normativa especial que es el régimen penal juvenil, pero eso no significa que se aplique sin tener en cuenta la Ley de Protección Integral (26.061)”, aclaró Martínez, y adelantó que a priori, según lo que se dijo en los medios, si el magistrado envió una cédula de notificación directamente al niño, no le parecía la forma, “hay que hacerles saber por otros medios y más simples, no se le puede decir que queda notificado y deberá comparecer, si ni siquiera un adulto muchas veces lo entiende”.

También sostuvo que se debería haber hecho llegar el documento a su representante legal o tutor, “su mamá”. Y por otro lado subrayó que no puede estar un niño sujeto a indagatoria “porque tiene un plus de derechos y garantías y una condición distinta a un adulto”. Aunque sobre ese último punto tanto Haddad, como la asesora de Menores de Metán, Karina Singh, se encargaron de aclarar que no era una indagatoria sino más bien una “audiencia informativa”.

“Sí puede ser oído, de hecho tienen ese derecho los niños en los juzgados de menores, a expresarse igual que a defenderse”, detalló. Con respecto al delito denunciado, indicó que el juez podría haber pedido las cámaras de las calles “y constatar la veracidad de la denuncia y evitar estas situaciones de llamar a un menor de edad y ponerlo ante semejante estrés”, aunque reiteró que no maneja aún información sobre si el juez siguió alguno de esos pasos o no.

Pero reconoció que muchos jueces aún se manejan con la vieja Ley de Patronato y les cuesta adecuarse a la nueva normativa “de manera armoniosa”. “Yo puedo aplicar un régimen penal, pero tiene que ser de la mano del sistema de Protección Integral, que me indica que puedo evitar llamar a un niño buscando otras formas y modos, buscando cámaras y otras herramientas, como testigos, antes de avanzar de esa manera”. “Cada juez y organismo interviniente tiene que tener ese tacto”, sostuvo.

El funcionarió contó a Salta/12 que recién ayer la asesora de menores tomó conocimiento de la causa y recibió el expediente, “ella es -explicó-, a diferencia de la Subsecretaría, la que tendrá una participación activa en el proceso y vela por los derechos del niño”, ya que es su ámbito de incumbencia dentro de la Justicia, mientras que el organismo provincial solo puede emitir una recomendación. Pero aseguró que cuando pueda estudiar el expediente con todo lo actuado, se expedirán al respecto “para evitar situaciones como estas, en donde uno se imagina el susto de un niño de 9 años al que le llega un documento citándolo a comparecer”.

Los hechos

El martes último se conoció que un niño de 9 años había sido citado a declarar por el juez de Metán, Ramón Alberto Haddad, por el supuesto delito de haber rayado el auto de una pareja de aquella localidad, que entre otras cosas tiene un problema personal con su madre, una reconocida periodista que anteriormente los había denunciado por amenazas, y que desde ese momento vive con custodia policial.

Según la madre del niño, el 12 de marzo denunciaron a su hijo sin siquiera tener pruebas, ya que “primero dijeron que recibieron un mensaje de un vecino que los advertía de que mi hijo estaba rayando su auto solo, y después ese mismo testigo dijo que lo vio con un amiguito”. Pero lo peor pasó el 16 de marzo, cuando se presentó en su departamento la policía “para realizar una identificación simple a mi nene”.

“Lo hicieron firmar, y con todo este contexto de violencia que estamos atravesando, fue muy fuerte que le pidan que firme a él”, contó. La periodista sostuvo que no llevará a su hijo a declarar si no se le garantizan algunas condiciones, y entre otras cosas reclamó como mínimo una cámara Gesell. Y agregó que la pareja que la sometió previamente a amenazas de muerte y hasta llegaron a tirarle ladrillos en la ventana de su casa, la sigue atacando, “pero esta vez usando a mi nene”.

La periodista denunció el año pasado a Leonel Washington Ifran y Rosana Fernández, quienes viven apenas un piso debajo de su departamento, por amenazas y agresiones, y desde el 12 de enero viven con custodia ella y sus dos hijos.

El martes, el Ministerio Público Fiscal anunció que los fiscales de la Unidad Fiscal a cargo decidieron elevar la causa a juicio tras relevar testigos, informes policiales, técnicos, psicológicos y socio vecinales que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios.