Hay una situación que envuelve principalmente a las mujeres que no creó la pandemia pero que sin dudas contribuyó a visibilizar: la importancia de las tareas de cuidado, tanto de niños como de adultos mayores o personas con capacidades diferentes, las horas y el esfuerzo que llevan. 

En América latina, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, por falta de respuesta pública el cuidado se resuelve en el ámbito familiar. Casi siempre recae en mujeres. Argentina no es la excepción a esta realidad.

En el Documento de Trabajo N° 1: “Infraestructura del Cuidado. Obras Públicas, Niñez y Género” que acabamos de publicar desde la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, se destacan varios datos contundentes. Más del 80 por ciento del total de niños y niñas de hasta 2 años no asiste a un centro de cuidado infantil, mientras que para niños y niñas de 3 años la inasistencia desciende a 59,5 por ciento, y para niños y niñas de 4 años, a 25,9 por ciento. 

Las familias que tienen recursos contratan a una mujer para esta tarea -muchas veces en la informalidad- y las que no, simplemente lo delegan en alguna mujer del grupo familiar, que pasa a sacrificar buena parte de su tiempo para dedicarse a eso. Estas tareas no remuneradas representan una carga desigual, que explica que haya más mujeres pobres que hombres pobres, la denominada “feminización de la pobreza”, porque aun cuando son remuneradas, lo son mayormente con bajos ingresos y elevado nivel de informalidad.

Un tercio de las mujeres menores de treinta años no estudia ni trabaja, son las mal llamadas “ni-ni”, pero casi el ochenta por ciento de ellas realiza tareas de cuidado intrafamiliar no remunerado. Además de hacerse cargo de esa tarea, que limita sus oportunidades y elección de proyectos de vida, sufren estigmatización: se reconocen como amas de casa pero, al no estudiar ni trabajar, se autoperciben ociosas.

La obra pública 

La infraestructura del cuidado, que abarca distintas obras con distintos ejes -tal vez el más emblemático sean los 300 Centros de Desarrollo Infantil proyectados por el Ministerio de Obras Públicas en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, es la respuesta del sector público frente a esta inequidad. 

Recientemente se aprobó, a través de una resolución del Ministerio de Obras Públicas, el Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil. Es decir, ya tenemos presupuesto y marco normativo para avanzar, que plasma una decisión política del ministro Gabriel Katopodis, siguiendo la priorización que fue marcada para avanzar en esta agenda por parte del presidente Alberto Fernández.

Esta infraestructura liberará gradualmente a las mujeres de menores recursos de su carga de trabajo no remunerado, para que puedan incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones y obtener mejores ingresos. Las mujeres que son contratadas para realizar cuidados remunerados pueden hacerlo sólo porque delegan el cuidado de sus propios hijos… en otras mujeres de su familia. Es decir, hay un círculo de reproducción de la desigualdad. Eso es lo que nos proponemos romper. 

La infraestructura del cuidado viene a contribuir para cerrar esa brecha de género. Se plantea así que el Estado brinde servicios del cuidado acentuando el derecho de las personas a ser cuidadas y no la obligación de las mujeres a hacerlo.

Desigualdad

La pobreza no es un tema estrictamente monetario sino también estructural. Independientemente del nivel de ingresos, la pobreza se puede medir en acceso o carencia de servicios esenciales, la calidad de la vivienda o si se habita en zonas inundables o no. En todas estas variables, las mujeres y las niñas son afectadas en mayor medida que los hombres y los niños. 

Infraestructura del cuidado es poner la obra pública al servicio de la satisfacción de estas necesidades, que en muchos casos es urgente. Es humanizar la obra pública.

Por ejemplo, en 2020, año de la pandemia, el Ministerio de Obras Públicas invirtió 8,5 por ciento de su presupuesto en infraestructura del cuidado, y se duplicó la inversión en obras de agua y saneamiento respecto de 2019, el último año del gobierno anterior.

A la vez, debemos ser serios a la hora de plantear metas y objetivos. Por caso, con el tema agua y saneamiento no se puede hablar de 100 por ciento de cobertura sin desagregar por zonas. Claramente no es lo mismo población urbana que barrio popular o población rural agrupada que población rural dispersa, ya que la dispersión imposibilita la construcción de redes centralizadas. Cada uno de ellos requiere un tipo de intervención específica y los objetivos tampoco son los mismos.

En todo el país, para 2019 el 43,9 por ciento (19,7 millones de personas) tiene déficit de cobertura de saneamiento, pero esta carencia tiene implicancias muy distintas, según se trate de zonas rurales, urbanas o asentamientos. En zonas urbanas, casi 4 de cada 10 personas no accede al desagüe cloacal. Incidir al respecto es prioritario.

Un buen diagnóstico termina dotando de mayor efectividad a las políticas. Si el Estado por definición tiene una actuación acotada en la resolución de las demandas sociales, por cuanto siempre una política pública incide sólo parcialmente en una realidad crítica y cambiante y puede expresarse por acción u omisión, pues entonces resulta prioritario identificar cuáles son los nichos que determinan esa situación de pobreza y cuya inalterabilidad reproduce esa condición generación tras generación.

Inversión

El Estado cuenta con mucha información relevante que hay que reunir, consolidar y procesar sistemáticamente. Ese trabajo nos permite un diagnóstico claro de dónde se concentran las necesidades para derivar allí las obras. El criterio es estrictamente estadístico para reducir la discrecionalidad y la arbitrariedad a la hora de definir las inversiones y su emplazamiento.

En tal sentido, hemos puesto en marcha el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas de Obras Públicas, coordinado desde la Dirección Nacional de Transparencia, que periódicamente produce informes de coyuntura, y lo hace a través del trabajo conjunto de la Red de Áreas de Monitoreo y Evaluación conformada por las Secretarías de Hídricos y de Obras Públicas del Ministerio, sus empresas y organismos descentralizados como Aysa, Enohsa, Acumar, Vialidad e INA. En este caso, observamos las mayores carencias en el norte del país (NOA y NEA) y en el conurbano bonaerense.

La visión debe ser de un ministerio “vidriado” con todos los actores, instancias y procesos a la vista de cualquier ciudadano, donde cada paso y cada decisión tienen carácter público y las decisiones a tomar se respalden en datos objetivos y verificables.

* Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Coordinadora Académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flacso-Argentina.