Con media sanción de Diputados, la Cámara de Senadores aprobó de manera definitiva el proyecto para modificar el artículo 11 de la Ley Orgánica 5.167 del Instituto Provincial de la Vivienda y agregar un inciso en el que se protege a los beneficiarios de las viviendas y sus familias con la inembargabilidad del inmueble.
“Este inciso protege a los adjudicatarios de las viviendas del IPV que antes tenían que hacer un trámite ante la dirección de inmuebles para inscribirla como bien de familia ante cualquier riesgo legal de perderla”, explicó el senador por La Poma, Dani Nolasco. Con esta modificación se logró que desde el momento que se adjudican las viviendas “salgan con esa protección legal para que no sean embargadas”, y subrayó que la mayoría de las viviendas que entrega el IPV son adjudicadas a los más necesitados “y no podemos correr el riesgo de que queden desprotegidas”.
Con el agregado, la Ley Orgánica del IPV afectará a los inmuebles que entregue ese organismo al Régimen de Protección de la Vivienda del artículo 244 del Código Civil y Comercial de la Nación. A modo de ejemplo, Nolasco citó al Banco Hipotecario Nacional y su normativa interna a la hora de realizar préstamos para viviendas sociales, que dispone que a la escritura traslativa de dominio se le incluya una cláusula de inembargabilidad para todos los acreedores particulares del titular registral, “algo que no sucede con las viviendas que entrega el IPV y que vamos a subsanar con esta reforma”.
Añadió que el trámite de afectación de un inmueble como protección de la vivienda familiar, conocido como bien de familia, instaurado por le Ley 14.384 es gratuito, por lo que además de darle una protección al adjudicatario no significará un aumento de gasto en el inmueble.
Además, indicó que el agregado tiene rango constitucional porque está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución, que protege la vivienda familiar, y en el 37, que establece que el Estado tiene la obligación de proteger el asiento del hogar como bien de familia.
Aunque aclaró que esto será para las nuevas adjudicaciones y no para quienes ya tengan sus viviendas con anterioridad, por lo que alertó a que esas personas sí deberían hacer el trámite en Inmuebles para protegerse de futuros problemas legales. “Son muchas familias las que ya han quedado en la calle por distintas situaciones, alguna deuda, el pago de una tarjeta que quedó sin cubrir y que después les terminaron embargando”, concluyó.
El representante por Rosario de Lerma, Sergio Ramos, expresó que es un proyecto esencial por el momento económico que está atravesando el país, “significa que le estamos asegurando a esa familia de por vida, que no le van a embargar y van a ser propietarios los que viven allí, sus hijos y nietos”. Y afirmó que siempre valorará las medidas que tienen que ver con la protección a la familia y con un Estado presente.
La pandemia presente
En la sesión de ayer se aprobaron varios proyectos de declaración y hubo más de un reclamo solicitando personal, insumos y equipamientos para los hospitales del interior provincial antes de que se desate descarnadamente la segunda ola de covid como ya lo está haciendo en gran parte del país.
Una de las declaraciones, de autoría de Javier Mónico y Juan Cruz Curá, le solicita al Poder Ejecutivo que se equiparen los montos que se abonan en concepto de horas guardia en todos los Hospitales Públicos de la Provincia de Salta. Los legisladores exigieron la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional en todas las regiones y que se garantice la prestación de un servicio integral.
“Es una necesidad de muchos años y esperamos que el Ejecutivo pueda interpretarla”, sostuvo el senador por Orán, Juan Cruz Curá, y recordó que desde la creación de los Hospitales autogestionados para capital, la diferencia en el pago de las horas guardias expulsa a los trabajadores de la Salud de los nosocomios del interior. Si bien el Ministerio tiene un criterio unificado para toda la provincia, los de la capital pueden pagar un plus por tener acceso a dinero que obtienen del cobro de algunos servicios.
En tanto el legislador por Rosario de la Frontera, resaltó que el mecanismo actual “hace difícil tener realmente un sistema federal de salud y que en el interior podamos mejorar la precariedad, debido a que los de autogestión de capital pueden pagar mejor las horas guardia que cualquiera de Rosario de la Frontera u Orán, por ejemplo”. Y sostuvo que es un principio plasmado en el derecho constitucional, “a igual tarea igual remuneración”. “Porque sino seguimos fomentando el centralismo”, finalizó.
Otro proyecto de este último senador, solicita que se de mayor autonomía a los gerentes de hospitales públicos y los responsables de establecimientos asistenciales de Primer Nivel de Atención para que puedan determinar los horarios y carga horaria del personal médico de guardias y emergencias, para de esa manera cubrir los distintos servicios mientras dure la vigencia de la Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley.
El senador por Los Andes, Martín Arjona, también pidió a través de una declaración que el Ministerio de Educación envíe “en carácter de urgente” a San Antonio de los Cobres los elementos e insumos de bioseguridad para asegurar la limpieza y las previsiones sanitarias correspondientes para los establecimientos educativos.
En tanto al Ministerio de Salud Pública, le exigió las partidas correspondientes de insumos y medicamentos necesarios para la asistencia preventiva y en particular para atención de los pacientes afectados por la covid-19 a los hospitales de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, así como a los Centros de Atención Sanitaria en pueblos y comunidades del departamento que representa. Y alertó sobre el enojo que hay en los habitantes de la localidad por el abandono y la falta de insumos, “solamente los funcionarios de escritorio pueden obviar las necesidades de la gente y pensar que solo respetando los protocolos y cuidados de higiene se evitarán los contagios, y no mejorando las condiciones del sistema”, expresó.
Por último, el senador por Capital, Guillermo Durand Cornejo criticó abiertamente al ministro de Salud, Juan José Esteban, por no asistir a esa cámara a dar respuestas a algunas preguntas con respecto a camas UTI, ocupación, fallecimientos mensuales, equipamientos, insumos y otros datos. E insistió con volver a invitarlo, mientras remitió un pedido de informe requiriendo montos de la partida presupuestaria asignada a la dirección de Asistencia Médica para medicamentos, insumos y prestaciones médicas. Así como el mecanismo de abastecimiento de medicamentos destinados a personas de escasos recursos y con patologías complejas. La cantidad de personas alcanzadas y las razones por las que faltan medicamentos.