La causa iniciada en Andalgalá luego del ataque a las oficinas de Minera Agua Rica – Alumbrera y de la sede del Consejo Departamental del PJ cuenta con once detenidos. Siete fueron arrestados el martes, en tanto que los otros cuatro se sumaron a lo largo de la semana. Entre ellos se cuentan dos mujeres y un hombre de 73 años.
El Fiscal Hugo Costilla viajó a inicios de esta semana a “acompañar” la causa que está a cargo de la fiscal subrogante Soledad Rodríguez. Con la llegada de Costilla la intención fue acelerar la investigación que venía demorada.
Los detenidos deberán responder por distintos delitos. Hay cuatro tipos ya establecidos, entre ellos daños y violación de domicilio. Uno de los detenidos deberá responder, además, por incumplimiento de deberes de funcionario público, se trata de Oscar Martearene, ahora ex funcionario municipal, ya que renunció debido a su implicancia en los hechos. Otro acusado debe responder por lesiones, al intentar maniatar a quien se encontraba tomando registro de los hechos.
Desde hoy dos de los detenidos cumplirán arresto domiciliario, por tratarse en uno de los casos de un hombre de 73 años, Aldo Flores, quien goza de gran afecto de los vecinos andalgalenses por su defensa ambientalista, y de una mujer embarazada, Sara Fernández. Andalgalá no cuenta con un lugar de detención exclusivo para mujeres, la mujer restante estaría alojada en una oficina de la comisaría.
En la jornada de ayer jueves, un equipo de gobierno de la Secretaría del Interior y de la Dirección de Derechos Humanos viajó a Andalgalá para revisar la situación de los detenidos.
El secretario del Interior, Nicolás Verón; el director de Derechos Humanos, Hernán Velardez Vaca; y el secretario de Seguridad, Martín Miranda, mantuvieron una entrevista con los detenidos para constatar las condiciones sanitarias y generales de las 11 personas implicadas en los hechos hasta ahora.
“Nos pudimos entrevistar con los detenidos, poniéndonos a disposición de sus requerimientos. Nos manifestaron que no sufrieron malos tratos por parte del personal policial durante su alojamiento en la comisaría", aseguró el director de Derechos Humanos de la Provincia.
Velardez Vaca dio a conocer que en razón de peticiones realizadas por los detenidos, los funcionarios enviados por el Ejecutivo arbitraron los medios necesarios para gestionar y brindarles con premura las condiciones sanitarias y edilicias solicitadas, entre ellas las detenciones domiciliarias.
Según el comunicado oficial, “los funcionarios se reunieron con la fiscal Soledad Rodríguez para verificar que los procedimientos se hayan realizado en el marco de las leyes y ante la denuncia de malos tratos al momento de los allanamientos, solicitaron a la Justicia el cumplimiento de las garantías constitucionales en todo el proceso”.
Las autoridades provinciales se reunieron con el intendente Eduardo Córdoba y se pusieron a disposición para alcanzar “la pacificación de la comunidad andalgalense en un marco de diálogo y respeto”. En la reunión estuvo la representante del Centro de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ana Raduski y el subjefe de la Policía de la Provincia, Agustín Lazarte.
En la capital de Catamarca se realizó por la tarde una marcha en contra de la actuación policial y del gobierno en la que denunciaron que se emprendió una “cazería” con los “activistas en favor del agua”.
Varias organizaciones se sumaron al reclamo en pleno centro, en el que además denunciaron “hostigamiento y persecución” a miembros de la Asamblea El Algarrobo.
Los detenidos hasta el momento son Damián Abel, Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela, Ailen Saracho Diamante, Jorge Ramos, Eduardo Villagra y Oscar Martearene.
Aclaración sobre personal militar
En la tarde de ayer se viralizaron fotos de una supuesta presencia militar en el departamento Andalgalá. Esto fue desmentido por el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien a través de Twitter aclaró:
“El personal militar que aparece en las fotos pertenece al RIM 15 de La Rioja. Van rumbo a Santa María, Catamarca, a replegar un radar y regresarlo a La Rioja. Pararon en Andalgalá en un kiosco a comprar agua y gaseosa. No está bueno descalificar sin información”.
