Los fiscales a cargo de la acusación en el jury por acoso sexual y laboral contra el ex jefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales y titular de la Fiscalía N°1, Julio César Castro, pidieron la remoción del cargo del fiscal, acusado de ser responsable de una serie de episodios de acoso y abuso sexual y maltrato laboral a sus empleados y empleadas. El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) escuchó los alegatos de la acusación, a cargo del fiscal general ante los tribunales orales federales de Rosario, Federico Reyares Solari y la fiscal general ante los tribunales orales federales de Santiago del Estero, Indiana Garzón, y de la defensa, a cargo de las abogadas Pamela Aguirre y Roxana Piña. El 6 de mayo se conocerá la decisión del Tribunal. “El patrón de todas las situaciones es el abuso de poder en el que incurrió el fiscal Castro”, advirtió el fiscal Reynares Solari.
Según describieron los fiscales, el comportamiento de Castro, condenado a seis años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de su ex pareja, quien lo denunció en 2017, constituye “un patrón de violencia de género y violencia laboral en el ámbito funcional y extra funcional, lo que es constitutivo de mal desempeño en sus funciones”. Los fiscales solicitaron una serie de medidas reparatorias para las y los denunciantes, que consideraron que los agravios de Castro perjudicaron sus respectivas carreras profesionales. “Este juicio va a ser muy importante desde el punto de vista institucional, la remoción, porque todavía nos encontramos con personas así en fiscalías”, señaló Reynares Solari.
Por el aumento de contagios en el marco de la pandemia del coronavirus, este miércoles y jueves la audiencia se llevó a cabo de manera virtual. Las abogadas defensoras, por su parte, opinaron que “no se puede juzgar a alguien 25 años después con las pautas actuales” y señalaron que se deben “valorar hechos de los años noventa con criterios de los años noventa”. Después del alegato de la defensa, el fiscal Castro pidió ante el Tribunal “una decisión que limpie mi nombre” y afirmó que la sentencia “va a resultar favorable porque soy inocente”.
Los fiscales a cargo del relato de los hechos de acoso sexual y maltrato laboral por los cuales se lo acusa a Castro describieron la vida cotidiana en las fiscalías que él tuvo a cargo desde 1995, cuando comenzó su carrera judicial. Durante los alegatos el MPF clasificó los hechos, que afectaron a nueve trabajadoras y dos trabajadores judiciales, en tres tipos de delitos: acoso laboral, acoso sexual y acoso sexual ambiental, que describieron como “un comportamiento de índole sexual que agobia a la persona que trabaja” y que “enrarece o intoxica el ambiente laboral”. El fiscal Reynares Solari advirtió que “no se puede permitir que una persona del Ministerio incurra en abusos laborales, vacíe de trabajo y trate de inútiles no a una sino a varias personas”.
Los hechos
“Lo que me produce ahora es vergüenza, vergüenza de haber tenido que pasar yo por esa situación que hoy día no la toleraría”, señaló G.S., una de las víctimas que declaró durante el proceso. G.S. trabajó junto a Castro en la Fiscalía N°13 entre 1994 y 1998, y fue una de las testigos de la situación de acoso sexual que vivió otra de las víctimas, M.V.N. La fiscal Garzón, luego de solicitar al Tribunal que “no se naturalice ni se minimice la violencia que sufrieron las personas involucradas”, explicó que la falta de testigos tiene que ver con que “difícilmente el acoso se lleve a cabo en un ámbito con otras personas o compañeros de trabajo” y recordó que, respecto de hechos descriptos como “miradas libidinosas” hay “cinco mujeres víctimas que dicen lo mismo”.
Para M.V.N. “todos estos acosos fueron paulatinos, no fueron fáciles de identificar”, precisó la fiscal. La denunciante, abogada, conoció a Castro cuando empezó a trabajar en la Fiscalía N°13, a sus 25 años. Según declaró en el expediente, el fiscal “empezó a caminar por la puerta de mi casa constantemente (…), pasaba en auto, corriendo, pasaba con el auto despacito, pasaba caminando”. En el análisis del caso, Garzón explicó que la denunciante “no quería tener una relación extra laboral con Castro. Quería hacer su trabajo y volver a la casa. No le gustaba verlo fuera del trabajo, no lo fomentaba ni aceptaba”. El caso de M.V.N. incluyó una serie de situaciones que los fiscales describieron como “miradas libidinosas, manoseos y un episodio de naturaleza sexual”, que habría ocurrido en julio del 2005. “En todos los casos donde se produce el quiebre de la víctima que no se somete, Castro la traslada”, remarcó la fiscal a cargo de la acusación.
“Los comentarios sobre las mujeres eran permanentes”, señalaron los fiscales durante la exposición del caso de otra de las denunciantes, S.M.B., que trabajó junto al fiscal Castro entre 2009 y 2015 en la Fiscalía N°15 y relató distintas situaciones de acoso sexual, una de ellas en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9: “vino Castro y empezó a hablar de mí: ¿viste, esta rubia, ahora está rubia pero está medio baqueteada, está vieja ¿viste? Pero está buena para darle”, relató S.M.B. durante su declaración en la causa.
En el expediente, otras cinco mujeres declararon haber sufrido acoso sexual por parte del fiscal, situaciones que oscilan entre comentarios e invitaciones a salir, dentro y fuera del ámbito laboral. “Los efectos del acoso son terribles en la salud y tienen consecuencias económicas y sociales en las carreras profesionales”, advirtió Reynares Solari y remarcó que “todos, sin excepción, tienen la marca de haber sido víctimas del acoso de Julio César Castro”.
En la exposición los fiscales recordaron también un episodio de contacto inadecuado de Castro con una joven menor de edad a través de la red social Twitter, y la condena penal del 2019 que pesa sobre el fiscal, que se encuentra en etapa de revisión en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. “La violencia sexual en el ámbito extraoficial constituye mal desempeño”, precisó el fiscal Reynares Solari y remarcó que “la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y van en contra del trabajo decente”. Respecto de la condena por abuso sexual y lesiones, las abogadas de la defensa sostuvieron que “no hay violencia física ni de género, la víctima manipuló toda la prueba”.
El Tribunal, conformado por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, César Grau, por el Senado de la Nación, Juan Carlos Paulucci y Alejandra Obregón, por el Ministerio Público Fiscal, Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional, y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional, dará a conocer el próximo 6 de mayo su veredicto sobre si absuelve o destituye al fiscal.
Informe: Lorena Bermejo
