“Hasta el momento no hay radicada ninguna denuncia por el hostigamiento o malos tratos que los ambientalistas denuncian en sus redes sociales y a través de comunicados”, afirmó Hugo Costilla a Catamarca/12. El fiscal informó que en caso de radicarse alguna denuncia será cuestión de identificar a quienes hayan incurrido en los hechos: “al no existir denuncia concreta o conocimiento directo de testimonios, la fiscalía no puede tampoco actuar de oficio”, explicó.

Costilla confirmó la detención de los restantes cinco imputados durante la jornada de ayer, once en total. El jueves se había confirmado la detención de seis de ellos, dos de los cuales se encuentran bajo la modalidad de prisión domiciliaria: Aldo Flores y Sara Fernández. Los detenidos de ayer son una mujer y cuatro hombres que se encontraban en calidad de arrestados, que tiene el mismo efecto práctico que una detención.

El funcionario judicial adelantó que los implicados pidieron una prórroga para la realización de pericias informáticas en los celulares y otros dispositivos secuestrados, para proponer peritos de parte. Durante el transcurso de la semana se estaría llevando a cabo el peritaje en el laboratorio forense de la capital de Catamarca.

Mientras tanto, resta la inspección judicial en otras pruebas tenidas en cuenta, como grabaciones y videos. El fiscal informó, además, que las pericias pueden durar de tres a 48 horas dependiendo del dispositivo. El peritaje consiste en introducirse en la información de las últimas horas del aparato, y permite incluso rescatar accesos, mensajes o ingresos a búsquedas de borrados. El objetivo es determinar si hay datos que involucren a los detenidos en la organización de los hechos, si hubo una planificación. Durante la semana se va a pedir además a las empresas celulares que brinden información de llamadas y mensajes de los aparatos de los acusados.

A los últimos detenidos se les imputa el delito de estrago doloso, que implica penas de tres a diez años. Para poder ser imputados, el Código Procesal Penal de Catamarca requiere que se les realicen además pericias psiquiátricas, que se harán en los próximos días.

Si bien la mayoría de los implicados aparecen en los videos con la cara tapada y barbijos, se están realizando las comparaciones de ropa y otros elementos personales de los momentos previos a la marcha. Basándose en eso se verá si siguen surgiendo más imputados de los que ya están.

Según el Código de Procedimientos, recién en diez días se podría solicitar la prisión preventiva, sin resguardo de que puedan surgir otros implicados de la extracción de contenidos de los dispositivos. Personas que aunque no aparezcan en el video o no se las pueda identificar por tener la cara cubierta, puedan tener alguna participación en los hechos de manera presencial o no.

Los hechos en cuestión son el incendio provocado en oficinas de minera Agua rica Alumbrera, la explosión de cinco vehículos, y los daños inferidos en la sede del PJ de Andalgalá.

El Partido Justicialista presentó una acusación en contra del intendente Eduardo Córdoba por instigación al delito.

Los apoderados al frente de las denuncias creen que por como sucedieron los hechos pudo haber una zona liberada. La acusación es por supuesta instigación al delito. Conforme al artículo 45 del Código Penal, tiene la misma pena que el autor de los delitos cometidos. 

Se confirmó además otra denuncia del PJ para que se investiguen los hechos, que a través de sus apoderados Laureano Palacios y Hugo Emanuel Olmos, se constituyeron en querellantes particulares por los hechos acontecidos en el inmueble alquilado por el PJ.

El diputado provincial Augusto barros se refirió a la denuncia: “Esto se decidió luego de una reunión con todos los partidos que forman parte del Frente de Todos, ya que la sede funcionó durante la campaña como espacio de la alianza", dijo.

En la tarde de ayer viernes, la Asamblea El Algarrobo realizó una conferencia virtual. Rosa Farías, vecina de Andalgalá, integrante de la Asamblea, contó que “desde 1998 estamos luchando, cuando nos dimos cuenta de qué era la megaminería ya tenía tres años trabajando Minera La Alumbrera”.

“Con Alumbrera nos decían que iban a hacer barrios, hospitales, que iba a venir un tren de cargas… Ya llega el tren, ya llega el tren, nos decían. Entonces fuimos con chicos, con banderas de Argentina, y de pronto llega solo una máquina, y nunca más llegó nada. Y nunca se cumplió ninguna de las otras promesas. Se empezaron a meter en nuestras escuelas –a veces nos hacían formar para recibir mapas o útiles que llevaba la minera-, clubes de jubilados, hasta que alguien nos dijo que eso formaba parte de la responsabilidad social empresaria, y que con eso les hacían quita de impuestos. Un 14 de diciembre, cuando sabíamos que iba a llegar un nuevo proyecto, cruzamos la bandera para que no pasen. Este proyecto al que nos oponemos hace diez años es a quince kilómetros nuestro, con el agravante de que es en la cuenca del río Andalgalá, sobre el río Minas”, dijo.

Ana Katz, abogada de la causa, aseguró que “ante la duda se tiene que adoptar el principio de precaución. Violando la Ley de Glaciares y la de bosques, aprueban las exploraciones. Hay dos inspecciones que dan cuenta de la existencia de los glaciares, el Ministerio de Minería de la provincia reconoce que para poder dar cuenta de la extensión periglaciar, se necesitarían estudios de entre dos y tres años, pero que esto no obsta a que se autoricen las exploraciones. Para nosotros ese 'no obsta' es un principio violatorio de la Corte de Justicia de la Nación”.

Por su parte, la Cámara Minera de la Provincia de Catamarca, expresó “total y absoluto repudio ante los hechos sucedidos. Creemos que estos hechos no ayudan a promover el diálogo inclusivo o a resolver cualquier tipo de diferencia. Estamos convencidos que el desarrollo Minero con su debido compromiso y responsabilidad es la solución para seguir generando fuentes de trabajo genuinas”, aseguró.

En tanto, grupos ambientalistas se expresaron en contra de la comisión de Derechos Humanos del gobierno: “Queremos denunciar y repudiar los dichos del director de DDHH de la provincia, Hernán Velardez Vaca, y las autoridades provinciales que viajaron a Andalgalá.

Según indicaron, los funcionarios “constataron que durante el alojamiento en la comisaría no sufrieron malos tratos, pero omiten absolutamente nombrar las violencias y malos tratos ejercidos sobre los compañeros durante los allanamientos y detenciones, e incluso durante la estadía en la comisaría que implicó la privación ilegítima de la libertad”.

Desde el movimiento Pucará Pueblos Catamarqueños aseguraron que “en estos procedimientos golpearon, esposaron y tiraron al piso a algunos detenidos. Les apuntaron con armas, los golpearon en el rostro y ejercieron patadas en el abdomen”.

Además, detallaron que “las revisiones médicas fueron insuficientes, teniendo que intervenir para que luego de 48 horas llevaran a uno de los detenidos al hospital a realizarle estudios por los golpes propinados por los grupos de choque durante las detenciones”.

Para el grupo, “volver a la ciudad a decir que no hubo malos tratos, es negar la violencia sobre las y los compañeros detenidos. Es omitir que se les negaron a las asambleístas las garantías mínimas, violando los procedimientos legales dispuestos para las detenciones”.