Desde Washington, DC. Mientras se encamina a la marca de los primeros 100 días de gobierno, el demócrata Joe Biden mantiene una buena imagen en el país norteamericano. El mandatario tiene una aprobación del 59 por ciento a casi tres meses de haber asumido la presidencia de los Estados Unidos, según un estudio del centro de investigaciones Pew que se conoció esta semana. Desde la campaña de vacunación, que ya logró que casi 130 millones de personas hayan recibido por lo menos una dosis, hasta el paquete de estímulo económico aprobado en marzo, el mandatario cosecha elogios por su gestión de la pandemia. Pero la nueva administración encuentra dificultades para encarar dos de las cuestiones sociales que atraviesan el país desde hace décadas: inmigración y posesión de armas.
Apenas dos puntos por debajo de la aprobación que tenía Barack Obama en 2009 a la misma altura del gobierno, Biden parece conformar a la población estadounidense. Lo hace, sobre todo, en el manejo de la crisis del coronavirus. Cuando asumió el 20 de enero pasado, esa era la principal preocupación del país, según el centro Pew. Ahora, el 72 por ciento califica como “buena” o “excelente” la gestión de la producción y la distribución de la vacuna. No es solo una mirada positiva del lado demócrata, que, por supuesto, da una aprobación del 88 por ciento a ese trabajo. También una mayoría de republicanos (55 por ciento) tiene esa opinión.
Invitado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Biden prepara ahora un discurso frente a integrantes de los dos cuerpos del Congreso estadounidense. Lo hará el próximo 28 de abril, cuando cumpla 99 días en el gobierno. En esa intervención, destacará lo que la nueva administración considera sus principales logros: una vacunación que ya alcanzó a más de un tercio de la población y el plan de recuperación de la economía.
El apoyo público a ese plan, aprobado sin ningún voto republicano en el Congreso y promulgado por Biden hace poco más de un mes, se mantiene sólido. Dos tercios de la población apoyan el plan de 1,9 billones de dólares que se convirtió en la piedra angular de los primeros 100 días de la administración. Contiene un envío de 1.400 dólares para unas 280 millones de personas, expansión del seguro de desempleo, aportes para escuelas y salud pública y asistencia a gobiernos estatales y locales. Aunque parte del Partido Demócrata esperaba que la ley incluyera el establecimiento del salario mínimo en 15 dólares por hora para todo el país, la iniciativa no prosperó y se convirtió en el primer revés para el ala progresista en esta nueva gestión.
“Los presidentes exitosos, más que yo, han sido exitosos en gran parte porque saben cómo asignar tiempo a lo que hacen, ordenarlo, decidir y priorizar qué es lo que tiene que hacerse”, dijo Biden el mes pasado, cuando dio su primera conferencia de prensa formal como jefe de Estado.
Ahora, la nueva batalla del gobierno pasa por alcanzar la aprobación de un plan de infraestructura que no termina de conformar a algunos legisladores propios, que lo consideran poco ambicioso y, por supuesto, no encontrará voces de apoyo del lado republicano. La iniciativa, un paquete de dos billones de dólares a invertir en los próximos ocho años, será la prioridad de Biden una vez que la pandemia logre estar bajo control. Implica destinar cientos de millones de dólares a modernizar autopistas, calles, puentes y sistemas de transporte. También apunta a invertir en el mercado de vehículos eléctricos, en tecnología de la información y en vivienda y construcción, entre otros sectores. El objetivo de Pelosi es que la Cámara de Representantes lo apruebe antes del 4 de julio próximo. Si lo logrará, todavía es un misterio.
La iniciativa que parece haber quedado relegada a un segundo plano es la reforma migratoria, una de las primeras promesas del nuevo presidente. El plan de Biden es crear una ruta para legalizar a 11 millones de personas que llegaron a los Estados Unidos sin papeles y, eventualmente, darles la ciudadanía. Mientras las chances de que el Congreso apruebe esa reforma disminuyen, la frontera con México experimenta números récord de niños y niñas que ingresan solos al país. Fueron 18.500 en marzo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicados por NBC News. La cifra es un 60 por ciento más alta que el récord anterior, de mayo de 2019.
Los intentos de cruzar la frontera también se encaminan a su mayor nivel en 20 años, según reconoce la propia administración, con 170.000 registros solo en marzo. La mayoría fueron rechazados y el gobierno insiste en que los números son normales para la época del año.
La inmigración no es el único tema que, en los últimos tres meses, volvió a ser protagonista de una agenda que parecía dominada solamente por la pandemia y las protestas por justicia racial. Los tiroteos masivos también volvieron al centro del debate y llevaron a Biden a reclamarle al Congreso que reinstale la prohibición de tener rifles de asalto por 10 años, una legislación que estuvo vigente entre 1994 y 2004.
“Esto tiene que terminar. Es una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional lo que está pasando. Y no se trata solo de estos tiroteos masivos que están ocurriendo. Cada día hay un tiroteo masivo en Estados Unidos si cuentan todos los que son asesinados en las calles de nuestras ciudades o en nuestras áreas rurales. Es una vergüenza nacional y debe terminar”, insistió el presidente esta semana.
En la última semana, Biden también hizo otro de sus grandes anuncios: la orden de retirar de Afganistán las tropas estadounidenses que todavía están allí a casi dos décadas de la decisión de George W. Bush de invadir el país asiático como respuesta al atentado contra las Torres Gemelas.
“Es tiempo de terminar la guerra más larga de Estados Unidos”, dijo el mandatario desde la Casa Blanca. “Soy el cuarto presidente de los Estados Unidos en estar a cargo de la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán: dos republicanos y dos demócratas. No voy a pasarle esta responsabilidad a un cuarto”, agregó. El plan de retirada empezará el 1 de mayo. El objetivo de Biden es que estén fuera antes del 11 de septiembre, cuando se cumplan 20 años del atentado.
