Un alto funcionario de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dio detalles en la justicia de cómo ese área creció exponencialmente durante la gestión de Gustavo Arribas y de cómo la exSIDE trabajaba con las escuchas de los presos kirchneristas en el Penal de Ezeiza. La información aportada complementa la investigación que viene llevando adelante la fiscalía de Lomas de Zamora, que está analizando las grabaciones que la exSIDE tuvo en su poder con conversaciones entre los políticos detenidos y sus abogados en lo que se supone que era un círculo vicioso que servía para nutrir nuevas causas.

“Para mí el crecimiento del área de Jurídicos principalmente fue al solo efecto de crear cargos y poner a trabajar a amigos”, dijo ante los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide un alto funcionario de la DAAJ durante el macrismo que integra el organismo de inteligencia desde hace veinte años, habiendo pasado por ocho gestiones distintas. JMRP -- su nombre se preserva por haberse presentado como agente en actividad y por no estar imputado en la causa -- detalló que fue en 2016, con la llegada de Juan Sebastián De Stefano, que ese área se empezó a llenar de caras nuevas.

La DAAJ absorbió otras direcciones, como la de Asuntos Institucionales, la de Coordinación con el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y la Estratégica Criminal. Para marzo de 2018, además, se creó una que iba a estar dedicada íntegramente a hacer las transcripciones de las escuchas, cuyas filtraciones en los medios tuvieron un rol clave en la persecución a opositores. La llamaron Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DADCCO) y quedó en manos de un abogado que estaba próximo a jubilarse, Mariano Ruda Bart, uno de los tres exintegrantes de la DAAJ que fueron procesados por el juez Juan Pablo Augé en febrero.

“A mi entender no se debería hacer ese trabajo desde Jurídicos”, declaró JMRP. “Esa fue una decisión más política”, completó. Ruda Bart no declaró en indagatoria, pero sí presentó un largo descargo ante el juez Augé, en el que relataba que había ingresado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 1995 y había estado en la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como la “Ojota”, hasta 2015, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó una reforma de la ley de inteligencia que creaba la AFI y ponía el manejo de las escuchas bajo la órbita de la Procuración General.

Fue la actual interventora en la AFI, Cristina Caamaño, que comandó ese traspaso al Ministerio Público, que quedó trunco a los pocos días de asumido Mauricio Macri, quien buscó recortar el poder de la procuradora Alejandra Gils Carbó al ordenar que la oficina de escuchas quedara bajo la órbita de la Corte Suprema. Bajo el control del máximo tribunal se creó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Ruda Bart volvió a quedar a cargo de un área vinculada a las escuchas por decisión de De Stefano y llevó a gran parte del personal que había revistado en la “Ojota”, según relató JMRP.

La DADCCO de la AFI funcionó primero en el octavo piso de la central de inteligencia en la calle 25 de Mayo. Después se mudó a la base de Villa Martelli, donde estaba asentada el área de Contrainteligencia. Pese a los escándalos en los que periódicamente la exSIDE se vio involucrada, distintos jueces siguieron pidiendo su intervención en las investigaciones, lo que quedó ahora vedado por decisión de Caamaño y del presidente Alberto Fernández. Si así lo solicitaban los magistrados, todas las mañanas la DAJuDeCO le enviaba a la DADCCO las grabaciones a través de un sistema de interconexión punto a punto que primero llamaron Sistema de Administración, pero después nombraron SIDEA, probablemente porque les traía recuerdos de los años felices de la Secretaría. También seguían yendo a buscar los CDs, que después debían entregar en el juzgado.

Las escuchas quedaban tanto en la DADCCO, que era un área administrativa, como en las áreas operacionales que llevaban los casos, como podían ser Contrainteligencia o Terrorismo. Así pasó con la causa sobre Mario Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, que sirvió de paraguas para que la AFI escuchara a los presos kirchneristas detenidos en Ezeiza. Esas escuchas terminaban filtradas o en los medios o en manos del juez Claudio Bonadio. En la fiscalía de Lomas de Zamora están focalizados ahora en las conversaciones que registró la AFI entre los presos y sus abogados, a pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que es querellante en la causa. "Es impresionante la cantidad de información de la que disponían", dijo una persona con acceso a la causa.

Que hubiera dos áreas de la AFI, una operacional y otra administrativa, trabajando con las escuchas sirve aun para que de un lado al otro se arrojen la culpa sobre las filtraciones. Lo que es singular es que la ya poderosa DAAJ también decidiera la creación de un área como la DADCCO para seguir sumando influencia. Ese rol deberán desentrañar los fiscales mientras la Corte decide si la causa continúa en Lomas de Zamora o si se muda a Comodoro Py, como resolvió la Sala IV de la Casación por mayoría.

Espionaje cumbre

“La causa del G20, a diferencia de Segovia, sí se inició a pedido de la Agencia”, declaró JMRP. Ese expediente, que también tramitó en la justicia federal de Lomas de Zamora, fue el que la AFI utilizó para justificar el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner después de que identificaran que un auto de la exSIDE estaba montando guardia afuera del Instituto Patria.

“Para mi criterio no debería haberse pedido desde la AFI autorización judicial para hacer tareas de inteligencia a raíz de estos eventos internacionales, ya que el organismo estaba facultado para cumplir esta misión”, opinó el abogado. Aun así, la AFI pidió el acceso a los lectores de patentes, a las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza y a las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, y recurrió a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para “evitar el ingreso al país de ciertas personas”, relató el testigo. La compulsa en las bases de la DNM durante las cumbres se investiga en una causa que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos en Comodoro Py.

El espionaje sobre periodistas que se acreditaron para cubrir la cumbre del G20 o sobre activistas y académicos que querían participar de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) está siendo investigado por la fiscala Paloma Ochoa, al igual que el espionaje sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

A fin de marzo, Ochoa pidió que se llame a declaración indagatoria al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, a la exsubdirectora Silvia Majdalani y al exdirector Operacional de Contrainteligencia Martín Coste. Los tres ya están procesados en Lomas de Zamora. Arribas y Majdalani, también en Dolores. La novedad es que también la fiscala Ochoa pidió la indagatoria de Carlos Tonelli Banfi,el excuñado de Gabriela Michetti que, para entonces, estaba a cargo de la dirección de Eventos Especiales de la Dirección Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo. Esa dirección junto con Contrainteligencia fue la que estuvo a cargo de hacer las "fichas" de los acreditados. El juez Julián Ercolini aún está analizando el pedido de la fiscala.

Con la documentación requerida tanto a la AFI como al Ministerio de Seguridad y a la Cancillería, Ochoa pudo determinar que la AFI se involucró directamente en los eventos con los que el macrismo daba la idea de “retorno al mundo” y que además tuvo una opinión vinculante sobre quiénes ingresaban o quiénes no. Todo esto contradice las explicaciones que dio la AFI en ese momento ante pedidos de información o en las causas que tramitaron en el fuero contencioso administrativo, como hizo notar el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en una presentación en la causa. Lo curioso, además, es que con la acreditación de los periodistas los espías empleaban un “semáforo” según el interés que el espiado despertaba, el mismo sistema que los Súper Mario Bros usaban con los presos kirchneristas en Ezeiza. Afuera o adentro, la lógica era vigilar y controlar.