Desde que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tomó a su cargo investigaciones que antes le correspondían a la Justicia Nacional, las denuncias por violencia institucional nunca prosperan o naufragan de manera escandalosa cuando llegan al juicio oral. Eso pasó en el primer debate oral por vejámenes y apremios contra dos policías que golpearon a dos jóvenes, tras intervenir para ponerle fin a la discusión de una pareja en el barrio de Palermo. En el juicio, realizado en marzo de este año, el fiscal actuó como si fuera el defensor de los policías involucrados, que fueron absueltos por pedido de quien debía argumentar la acusación.

En marzo de 2018 se produjo el traspaso de competencia, en algunas causas penales, del Poder Judicial Nacional al de la Ciudad. En la primera causa que llegó a juicio en la nueva jurisdicción, dos policías porteños fueron imputados por el artículo 144 bis, inciso segundo, del Código Penal que prevé la sanción de prisión de 1 a 5 años e inhabilitación por el doble del tiempo. El artículo sanciona al funcionario policial que en un acto de servicio haya cometido algún tipo de vejación o apremios ilegales.

Los hechos investigados ocurrieron en la madrugada del 14 de marzo de 2018. Por un llamado al 911, la Policía de la Ciudad intervino debido a que una pareja, en la vía pública, mantenía una fuerte discusión, a los gritos, sin llegar a la violencia física.

Al llegar al lugar, los policías resolvieron detener al hombre que discutía con su pareja. Lo hicieron con violencia y lo golpearon en el piso, cuando ya estaba esposado.

Un joven, cuya madre había llamado al 911, al observar el accionar policial, intervino, para pedir que dejaran de golpearlo. La reacción de los policías fue la de empezar a golpear a la persona que les pidió que dejaran de golpear al joven esposado. El segundo joven recibió golpes en la región lumbar y en las piernas; tuvo que ser ayudado por otras personas para llegar a su casa. Ninguno de los dos fue detenido, porque los policías no tenían orden judicial.

La causa estuvo inicialmente a cargo de Daniela Dupuy, entonces titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 12. La fiscal consideró que había elementos para elevar la causa a juicio oral. Con posterioridad, la fiscalía pasó a manos, en forma interina, de Sebastián María Fedullo, quien fue el fiscal durante el juicio oral.

Fedullo tuvo actitudes que incomodaron en forma visible a los testigos propios, a los que debían impulsar la acusación contra los agentes, dijeron las fuentes consultadas por Página/12.

Los testigos clave de la parte acusadora “no fueron interrogados como correspondía y hasta fueron incomodados” por el fiscal que los había convocado. Fedullo llegó a la conclusión, en su alegato final, de que “no había elementos suficientes” como para condenar a los oficiales imputados, para quienes solicitó la absolución. El fiscal llegó a decir que no se deben hacer acusaciones “a la marchanta”, apelando a una expresión del lunfardo para que fueran absueltos los imputados.

Sobre el caso, la defensora general en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Marcela Millán, afirmó: “Como conclusión de este primer caso de denuncia de violencia institucional que llegó a la instancia de juicio, advertimos con preocupación que hay un divorcio entre los intereses de la víctima y los intereses del Estado en su política criminal que culminan en un pedido de absolución”.

Una constante de impunidad

Desde marzo de 2018, se produjo el traspaso a la Justicia de la Ciudad de algunos delitos de violencia institucional, como lesiones, amenazas, apremios ilegales y vejámenes. La Policía de la Ciudad es denunciada en forma permanente por casos de violencia institucional. Muchas veces, los fiscales ni siquiera dan curso a las denuncias, porque no las encuadran como delito. Por lo general son archivadas sin ser abierta la investigación.

El problema central es que no hay una fiscalía especializada en violencia institucional. Los fiscales, en turnos de 15 dìas, se ocupan de los casos en las distintas jurisdicciones de la Ciudad. En ese lapso, trabajan con los mismos policías que a veces son denunciados por personas detenidas en forma violenta. Esto significa que los fiscales aprueban las detenciones que realiza el personal policial, les da curso. Y luego, si se denuncia violencia institucional, ellos mismos tendrían que dar de baja la investigación que aprobaron antes. La mayoría son detenciones por “resistencia a la autoridad”, que terminan en golpes y apremios para los que se “resisten”.

Otro tema que agrava los casos de violencia institucional deriva de la cuarentena por coronavirus. Las alcaidías porteñas están colapsadas, porque el Servicio Penitenciario evita el traslado de procesados a las cárceles. En consecuencia, los detenidos están en las comisarías donde cumplen funciones los mismos policías que los detuvieron. Las alcaidías, al menos, dependen de otras dependencias policiales.

En 2017, las comisarías de la Ciudad dejaron de ser utilizadas como lugares de alojamiento de detenidos. En consecuencia, se convirtieron en depósitos. Desde el año pasado, en forma precaria, tuvieron que ser reacondicionados los calabozos, llenos de documentación, mercaderías y mobiliario. El hacinamiento y la violencia policial son frecuentes.