"El Fino Ocampo murió como vivió: en un mundo donde la violencia era moneda corriente y cotidiana, y en el que tuvo la rara cualidad de que propios y extraños lo buscaron para matarlo", dice el investigador a este cronista, tratando de ayudar en la descripción de quien fue la víctima que por un rato ocupó las portadas de noticias el viernes por la tarde. Es que en rigor, mientras se sospecha que sus viejos compañeros de la banda de Alvarado lo buscaban a pedido de su jefe, el memorioso pesquisa recordó que cuando quisieron vengar el brutal atentado que casi le cuesta la vida a Mariana Ortigala, también Los Monos le habían puesto precio a su cabeza. La sangría se detuvo sin embargo con el primero de la lista: Rodrigo Carlos Sánchez. Así se llamaba el hombre de 44 años ejecutado cerca del mediodía del 19 de marzo de 2020 en una transitada esquina de barrio Fisherton, en el oeste de la ciudad. El conductor de un Renault Logan se puso a la par de la Toyota Hilux que conducía Sánchez, dos hombres armados bajaron y le efectuaron más de 20 tiros. Sánchez integraba la estructura comercial ilícita de varias empresas que la Fiscalía le atribuyó a Esteban Lindor Alvarado cuando quedó imputado el año pasado por liderar una asociación ilícita.

Ahora, en al actual pesquisa de Ocampo, sus teléfonos serán de suma importancia, para saber si hubo algún otro "negocio" que pudiera haber generado esta pena de muerte. Actualmente compraba y vendía autos. También porque podrían develar si hubo algún aviso reciente "o alguna bronca que venga de otro lado", aunque la principal hipótesis hoy es que lo ejecutaron a pedido de su otrora jefe, amigo y padrino de su hijo, justamente, la criatura de dos años quien vio morir acribillado a su padre, y terminó lastimado por las esquirlas de una ventanilla que se rompió por los disparos.

Fino Ocampo fue detenido a principios de 2019 como integrante de la banda mixta de Alvarado, acusado como instigador del crimen del prestamista Lucio Maldonado y como jefe de la asociación ilícita a la que le atribuyen ataques intimidatorios a funcionarios judiciales y edificios del Poder Judicial. En ese marco, a Ocampo le atribuyeron “una colaboración esencial” en la balacera de Rioja al 500, donde fue atacada la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra lo acusaron de haber intentado involucrar a un testigo protegido del caso Maldonado –que brindó detalles en la ejecución del prestamista– con pistas falsas plantadas a la Fiscalía como el autor del ataque del 31 de enero de 2019 en Rioja al 500.

El hombre aceptó en un acuerdo abreviado una condena a tres años de prisión efectiva y en agosto pasado salió en libertad condicional. Con este proceso, fue una de las primeras personas del entorno de Alvarado en reconocer ante la Justicia la existencia de una asociación ilícita.

Apenas salió, su casa recibió siete impactos en la puerta y en un fallo de la camarista Carina Lurati donde confirmó la prisión preventiva para el abogado histórico de Alvarado, Claudio Tavella, hizo alusión a este ataque como una represalia al considerar que tres personas que fueron cercanas a Alvarado y declararon en su contra, habían sido atacadas.

Los investigadores sospechan que Alvarado parece no haberle perdonado a ninguno de sus laderos haber cambiado de opinión y haberse presentado ante la justicia brindando datos, como lo hiciera Mariana y Rodrigo Ortigala o como Carlos Argüelles, o ahora el propio Ocampo, que cometió la "deslealtad" de firmar un juicio abreviado donde reconocía haber formado parte de la asociación ilícita liderada por Alvarado. "En verdad, no hay ninguna imputación probada y definitiva, había que probar en juicio la participación del Esteban en esa organización, pero se ve que lo tomó como una traición y parece haber dado la orden desde la cárcel", dice ahora una fuente judicial, aclarando que lo de Ocampo no es definitorio en el entramado del expediente que ya lleva más de dos años tejiéndose.  

Este atentado no es nuevo ni inaugura una modalidad, es bien conocido en el mundo del hampa: pocos días antes de que Esteban Lindor Alvarado cumpliera dos años detenido - el 2 de febrero de 2019-, un testigo protegido que declaró en su contra denunció que su auto fue atacado a balazos cuando circulaba con su familia por Gaboto al 5500, en el barrio Triángulo. El hombre atacado es Carlos Héctor Argüelles, señalado en audiencia imputativa por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery y Luis Schiappa Pietra como testaferro de Alvarado. Argüelles es un mecánico de 46 años que se encargaba de “emponchar” y acondicionar autos a Alvarado. En julio de 2019 accedió a una morigeración de prisión preventiva que le permite circular por la calle en libertad.

Pero no fue el único caso de quienes fueron allegados al Esteban y terminaron baleados: otro fue Rodrigo Ortigala, cuyo aporte resultó clave para la detención del líder del clan. Hasta presentarse como testigo arrepentido, Alvarado había sido su jefe en una banda de las más pesadas y temidas de la región centro. Al traspaso Ortigala lo pagó con el ataque a balazos del que fuera blanco su hermana Mariana, abogada de 41 años, quien fue atacada a balazos con tres pistolas cuando salía de su casa en el residencial barrio de Bosque Azul en Roldán, el 13 de marzo de 2020. Le dispararon 35 veces. Tres de los proyectiles impactaron en el cuerpo de la mujer y le provocaron serias lesiones en un tobillo, un fémur y la cintura. Pero sobrevivió. Fue un ataque a balazos que, por el peso específico de los protagonistas, ganó notoriedad pública.