El 6 de marzo Daniel Giovanni Yacquez Rodríguez, de 35 años, fue hallado muerto, colgado en un calabozo de la comisaría 9 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos. El día anterior lo habían detenido en forma arbitraria, en su casa, por denuncia de vecinos, luego de tener una crisis derivada del consumo de sustancias tóxicas. La abogada María del Carmen Verdú, en representación de la familia, reclamó a la Justicia que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la muerte “a una persona que tendría que haber sido llevada a un hospital y no a un calabozo”.
La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) le dijo a Página/12 que aguarda los resultados de los estudios toxicológicos, para establecer de manera fehaciente su estado de salud cuando lo detuvieron. La explicación oficial sobre la forma en que murió es similar a otros casos de supuestos suicidios en sede policial. “Dicen que se colgó de las rejas de un ventiluz, en lo alto de la pared, a la que podía llegar parado sobre la cama” de la celda. Dicen que “se suicidó colgándose luego de armar una tira de tela, rompiendo el (calzoncillo tipo) bóxer” que llevaba puesto.
“La autopsia dice solo que murió ahorcado, pero no hay forma de probar si primero lo estrangularon y después lo colgaron”, como ha ocurrido otras veces en comisarías. “Lo lógico es que lo hubieran llevado a un hospital y no a un calabozo”, insistió Verdú. El pasillo que lleva a los calabozos tiene cuatro cámaras de seguridad, pero ninguna funciona porque el monitor y el disco rígido fueron secuestrados en una investigación, por otra muerte ocurrida en la misma comisaría.
Al joven lo detuvieron acusado del delito de “daño”, porque había roto muebles y otras pertenencias, en el interior de su domicilio. El fiscal Matías Michenzi, que ordenó su detención, determinó por medio de una comunicación con la policía, sin hacerse presente en el lugar, que los hechos se habían producido en un contexto de “violencia de género”. La pareja del joven, María Zulema Correa, aclaró ante la policía y ante la Justicia que ella no sufrió agresión alguna y que fue un episodio producto del problema de adicción que tenía Yacquez Rodríguez, uruguayo, quien trabajaba como heladero.
La mujer relató en forma detallada cómo ocurrieron los hechos que determinaron la detención de su pareja, que tenía problemas de adicción y alcoholismo. Antes de la crisis, él le dijo que se había tomado “una pepa”.
Verdú sostuvo que “no correspondía que lo detuvieran por ‘daño’”, como sucedió. La causa por la muerte está a cargo de la jueza Vanesa Peluffo y del fiscal Marcelo Romá. La abogada solicitó que se aparte del caso a la División Homicidios de la misma fuerza de seguridad involucrada en el hecho.
Dos médicos policiales dijeron que el joven tenía lesiones en las manos que habrían ocurrido durante la crisis que tuvo en su casa, pero también golpes en la cabeza, supuestamente porque él mismo se habría pegado contra la puerta del patrullero, según el informe policial.
El 5 de marzo, entre las 11 y las 11,30, la policía de la Ciudad concurrió al edificio ubicado en Alberti 1665, en respuesta al llamado de vecinos y de la portera. El alerta fue porque escucharon gritos y golpes provenientes de un departamento del piso 12. La oficial Pabla Ferreira y el oficial Adrián Cejas Caballero subieron y golpearon la puerta del departamento. Una voz femenina respondió sin abrir: “No pasó nada, es una discusión de pareja”.
Ante la insistencia de una vecina que había llamado al 911, la dueña de casa abrió la puerta. Al entrar, los policías observaron que había muebles dados vuelta, un cristalero y un televisor rotos.
Correa explicó que estaba durmiendo con su pareja, que él se levantó y empezó “a romper cosas por celos”, pero sin golpearla. Ella logró calmarlo y se volvieron a dormir, hasta que llegaron los agentes. Aunque ella les dijo que no quería iniciar una acción judicial, los policías se comunicaron con Matías Michenzi, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 40, que estaba de turno. El fiscal ordenó iniciar actuaciones, detener a Daniel por el delito de “daño en contexto de violencia de género”, tomar declaración a vecinas y portera, y comunicar la detención al consulado uruguayo.
Los policías dijeron que, durante el traslado, Daniel se golpeó varias veces el rostro contra la ventanilla del patrullero. Señalaron que luego “no respondía a estímulo alguno”. Por esa razón llamaron al SAME y concurrió la ambulancia 355 del Hospital Penna, a cargo del médico Erid Murillo Cruzatty. En la causa no hay constancia del resultado de ese control clínico del SAME.
Con posterioridad, se dejó constancia de la revisación que hizo el médico legista Adrián Vibbo, quien atendió al detenido en la alcaidía 8, a las 18. Vibbo dijo que Daniel estaba “orientado en tiempo y espacio, con algunas escoriaciones en ambos miembros superiores de data anterior a las 12 horas, por golpe o choque con superficie rugosa y dificultad para flexionar dedos anular y meñique de la mano derecha”. El detenido fue llevado a las 23,25 del 5 de marzo a la comisaría comunal 9. Verdú precisó que esa dependencia “fue habilitada de emergencia (como varias otras en la CABA) para tener personas presas ante la situación de emergencia del servicio penitenciario decretada a principios del año pasado, que hizo que las alcaidías estén saturadas”.
En la comisaría, el detenido fue alojado, solo, en el calabozo número 1. Los policías de guardia, en el horario de 22 a 6, dijeron que Daniel estaba “en óptimas condiciones”, según precisó la oficial Noelia Noemí Arjona. Por su parte, el inspector Marcos Gómez, consideró que el aspecto era “normal respecto de ebriedad y otras intoxicaciones”.
Daniel les dijo que era diabético, les pidió un vaso de agua y le dieron mate cocido dulce y le prometieron darle la medicación por la mañana. Antes de que entrara a la celda, le quitaron una cadenita, un dije, un rosario de madera, una llave y los cordones. Cerca de las 4,50, el oficial de guardia Alan Sorensen le fue a hacer preguntas y varios de los agentes de guardia dicen haber escuchado que respondía sin dificultad.
El ayudante de calabozos Jonatan Urquizo Porco declaró que lo vio “despierto y normal” cerca de las 5 de la mañana. A las 6, el oficial Diego Martín Romero y el sargento Omar Chapa afirman que lo vieron “recostado y cuando lo llamaron por el apellido, respondió”.
Dos horas después, el propio Chapa, cuando empezó a repartir los desayunos entre los detenidos, cuando abrió la mirilla de la puerta del calabozo 1 “lo vio colgado de la reja de la ventana de ventilación” y dio la alarma. Las cámaras de seguridad de la zona de calabozos no funcionaban porque la Gendarmería secuestró el monitor y el disco rígido, en una causa por otra muerte ocurrida en la misma seccional.