El 17 de febrero, María de Belén Giorgis terminaba de dar su clase de zumba en el Club Náutico Sportivo Avellaneda frente a decenas de alumnas. Se le llenan los ojos de lágrimas cuando recuerda la irrupción del presidente del club, Pablo Creolani, a los gritos, para quejarse porque no se cumplía el distanciamiento al final de la clase. Allí, delante de todas, trató a la profesora de “pelotuda”, entre gritos y descalificaciones. Belén se quedó helada, y al instante recordó otro episodio, en 2019, cuando fue a pedirle al mismo dirigente que el club se pagara la membresía requerida para enseñar la disciplina. El hombre le dijo “quedate tranquila” y le dio una palmada “en la cola”, dice con mímica en el bar de Tribunales la denunciante, que decidió acudir a la justicia, acompañada por la abogada Vanina Grosso. Con 9200 socios, y una cuota de alrededor de 10.000 pesos mensuales para un grupo familiar, el club cobra, además, una suma extra por las actividades. Belén cuenta que en julio de 2018, cuando empezó a dar clases, tenía unas 14 alumnas. Para febrero de este año sumaban unas 200. Belén no estaba registrada como trabajadora, y por ende no recibía los aumentos paritarios, ni aportes sociales. Desde febrero no cobra, ni siquiera, el mes que le deben y la liquidación final. Desde antes de este episodio, un grupo de mujeres comenzó a activar una subcomisión de género del club. Entre las alumnas de zumba y estas mujeres, hicieron una carta que elevaron a la comisión directiva para pedir una asamblea extraordinaria y la creación de una subcomisión de género. Belén concurrió a la justicia para denunciar violencia sexual y de género. 

“La ley 26.485 establece que la denuncia por violencia de género se puede hacer en cualquier juzgado y en cualquier instancia”, subraya Grosso, que es abogada laboralista con perspectiva de género, y también ha llevado adelante una demanda en nombre propio por maltrato laboral. La profesional subraya que hoy, con un tratamiento médico derivado del trauma que significó lo ocurrido, Belén no cuenta con salario, ni con cobertura de salud, que en el caso de una licencia médica debía pagar la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. El reclamo se elevó también a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia. 

El mismo día de los gritos, Belén le dijo a su empleador que no iba a aceptar esos tratos, porque ella siempre se había manejado con respeto. Cuando llegó a su casa, contó que no iría más al club. Su hija de 8 años lamentó: “Pero mamá, cómo no vas a dar zumba, si amás zuma”. Y ella le contestó: “Ante cualquier situación de maltrato, te tenés que correr, te tenés que ir”. En la entrevista, expresa que espera haber dejado una enseñanza en la niña. “Que este hecho le sirva para su vida”, espera. 

El relato de Belén se hizo viral en la red social Instagram. En marzo, escribió: “Después de una gran pausa en las redes, hoy elijo volcarme a ellas con el claro objetivo que cada palabra que escribo ayude a frenar los abusos, la violencia, el maltrato”. Contó que lo vivido le provocó “un cuadro de angustia, ansiedad y mucha tristeza”. En ese mismo posteo, planteó: “Yo era de las personas que no comprendía por qué las víctimas de abuso, de violencia, se callan. Simplemente es porque no podés decir, porque sentís miedo”.

El día de la agresión pública, y los siguientes, Belén recibió muchos mensajes de sus alumnas, indignadas con lo ocurrido. Su abogada plantea que entre las violencias simbólica, psicológica y sexual sufridas por Belén hay que sumar la económica, debido a la informalidad laboral. “Le pagaban menos dinero que a otros compañeros varones, que hacían el mismo trabajo y estaban registrados. Tenerla sin registro, sin respeto a las paritarias, es violencia”, planteó Grosso. Y subrayó que Belén está pagando tanto el tratamiento médico que requiere por la violencia sufrida, tanto como los medicamentos de su bolsillo, mientras el club todavía le adeuda la mitad de febrero que trabajó. Es que ante los pedidos de Belén de la liquidación final, recibió silencio como toda respuesta.

Belén naturalizó la primera violencia. Le quedó la incomodidad, pero recién meses después, al hablarlo en terapia, advirtió que se trataba de un abuso sexual. Cuando concurrió a la justicia, presentó testigos presenciales y también al médico psiquiatra que lleva adelante su tratamiento. 

Ante los reclamos de Belén, que también exige sus derechos laborales después de más de dos años de trabajo, la comisión directiva del club emitió un breve comunicado en el que avala lo actuado por Creolani. Rosario/12 se comunicó con el dirigente, que por toda respuesta dijo que ese tema había que hablarlo con el abogado del club, cuyo teléfono se comprometió a facilitar, pero no comunicó. 

En el club existe, con anterioridad al 17 de febrero, una grupo llamado CNSA Autoconvocadas por la Subcomisión de Género. El objetivo era "proponer a la comisión directiva armar un espacio donde se pudiesen volcar algunos reclamos, o cosas que nunca nos imaginamos que se iban a desarrollar, como lo de Belén, que no tuvo dónde hacer un reclamo". El 2 de marzo de este año, junto a un grupo de alumnas de Belén, elevaron una nota a la comisión directiva. "Nos preocupa que un dirigente de nuestro querido club se manifieste de ese modo y no pueda utilizar los canales de comunicación correspondientes", plantean y abogan por un club "libre de violencias".  

Ante la falta de respuestas, concurrieron --con más firmas-- a la Junta Fiscalizadora. Solicitan que cumpla con los deberes a su cargo, debido a que "la Señora Giorgis es instructora de zumba de esta institución, sin encontrarse registrada, en clara violación a la ley". Y también reclaman que se convoque a una asamblea extraordinaria. "Ya que es la comisión fiscalizadora la que debe velar por el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos del club", tal como está pautado en el artículo 63 del estatuto. La nota con firmas de numerosas socias y socios plantea además una "reparación o corrección del daño causado", como así también la creación de la subcomisión de perspectiva de género, transversal a todas las subcomisiones del club, y una capacitación anual obligatoria para todas las personas que integran el club, sobre la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, la ley Micaela, la Educación Sexual Integral, prevención de todo tipo de violencias y salud. También piden que esa instancia esté abierta a todas las familias y personas asociadas que quieran participar. "Esperamos una respuesta a la altura de la celeridad e importancia que el tema requiere", afirman con el fin último de "prevenir" este tipo de situaciones.