El intendente de Salvador Mazza, localidad perteneciente al departamento San Martín y que colinda con Bolivia, nuevamente se ve envuelto en una polémica. A las denuncias que ya corren en la Justicia Federal y en la Provincial en su contra por evasión fiscal y por incumplimiento a lo establecido en la Carta Orgánica municipal, ahora vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo ayudar económicamente a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.
El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante de aquella localidad el 16 de marzo, e indicaba que el municipio beneficiaría a Yenny Barroso, madre de un niño de 5 años con leucemia, y al joven de 27, José Luis Soruco, vecino de un paraje de Salvador Mazza y que padece la misma enfermedad, con $15.000 mensuales a cada familia para gastos de traslado y alojamiento mientras dure su tratamiento.
Sin embargo, el Ejecutivo decidió vetar la normativa un mes más tarde por considerar que ya existe una ley provincial, la 7.786, promulgada en 2013 y reglamentada en 2016, que creó un sistema de cobertura intersectorial e interdisciplinario para la atención de tratamientos de cáncer infanto-juvenil. Asimismo, el intendente argumentó que ese cuerpo deliberativo no está facultado para emitir ese tipo de ordenanzas, “más aún sin criterio médico”. Y advirtió que en caso de llegar a insistir con el pedido, se reservaba el derecho de plantear ante la Justicia un “conflicto de poderes”.
La autora del proyecto de ordenanza en Salvador Mazza, la concejala Marisa Valdivieso, en diálogo con Salta/12 se mostró muy dolida con el veto del intendente Rubén Méndez, “son situaciones que desgastan mucho, porque una solicita y pide pero no se la escucha”, expresó, y aseguró que siente, al igual que los familiares y las personas con cáncer, abandono por parte de los Estados provincial y municipal.
Valdivieso relató el periplo que tienen que realizar tanto Barroso y su hijo, como Soruco, para llegar a Salta, a más de 400 kilómetros de distancia, y cumplir con su tratamiento de rutina. “Son gastos de traslado y hospedaje altísimos, y la provincia lo único que les garantiza es el tratamiento y a medias”, explicó. Agregó que en épocas de pandemia, se exponen a riesgos complementarios por su delicado estado inmunológico, por lo que la mayoría de las veces tienen que optar por movilizarse en taxi para evitar “romper con sus burbujas”.
Contó que Soruco es un joven del paraje rural de El Sauzal, que para llegar a tratarse en la ciudad de Salta tiene que hacer grandes esfuerzos y ni siquiera está alcanzado por la ley 7.786, ya que esta contempla a jóvenes hasta los 21 años de edad y él tiene 27. “El está necesitando de forma urgente una ayuda”, manifestó la edil, quien detalló que su familia, en pleno aislamiento obligatorio, “tuvo que vender lo que tenía” para poder pagarle un hotel en la capital, ya que los albergues que antes conseguía estaban todos cerrados.
Sobre la respuesta que dio el intendente, Valdivieso sostuvo que Méndez desconoce o quiere negar que la provincia está incumpliendo, “el tratamiento y el medicamento no está llegando en tiempo y en forma”, afirmó. Y subrayó que desde el municipio ni siquiera se acercaron a preguntar qué necesidades tenían las familias.
Resaltó que tampoco sería válida la excusa de falta de presupuesto en la comuna de Salvador Mazza, ya que son solo $30.000 por mes, y por ser una ciudad de frontera con puerto seco, tiene un ingreso adicional por cobrar peaje a cada camión que entra o sale por allí, “esa erogación no va a hacer que las arcas entren en rojo”, sostuvo.
Por último, reconoció que parte de su enojo se debe a que antes de ser concejal, es madre, y que enterrar un hijo o una hija, como le sucedió a ella, “es un infierno con el que hay que convivir y me genera un nudo en la garganta con solo pensarlo”.
La presidenta de la Fundación Hemato Oncología Pediátrica (HOPe), Guadalupe Colque, lamentó que Méndez no acompañe la decisión del Concejo deliberante de Salvador Mazza de ayudar económicamente a esas personas, y confirmó que "en ningún momento reciben apoyo del gobierno provincial porque la ley no se cumple".
El cumplimiento de la ley 7.786 está siendo criticada por familiares de niñes y la Fundación HOPe, quienes en enero realizaron marchas en Tartagal y Salta capital denunciando demoras en la entrega de la medicación y la falta de recursos estructurales y humanos para la atención médica por parte del gobierno provincial.
En cuanto a los subsidios que la normativa provincial prevé para los pacientes y sus familiares para hacer frente al transporte y el alojamiento,2w Colque ya explicaba en aquel entonces que la reglamentación no fue clara respecto ante quien se debe gestionar. Y contó que por esa imprecisión, en algunas ocasiones se hace ante el Ministerio de Desarrollo Social y que las ayudas salen con suerte una vez al año y no durante la totalidad del tratamiento, como indica.
Piden archivar la causa del niño de 9 años en Metán
En tanto en Metán, la asesora de Incapaces Karina Singh, tras haber tomado conocimiento de la causa contra un niño de 9 años por supuestamente haber rayado un auto, y que fuere citado a declarar por el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Ramón Alberto Haddad, pidió su archivo basando su solicitud en la inimputabilidad del nene en razón de su edad.
El escrito expresa que “habiendo tomado intervención y siendo que este Ministerio de Menores actúa en representación del niño y efectuando seguimiento en otros ámbitos de incumbencia a su protección integral y en resguardo de sus derechos, es que, dada la edad del mismo y su inimputabilidad, solicito el archivo de los presentes, comunicando que esta Asesoría de Incapaces continuará impartiendo medidas a su respecto en los procesos mencionados”.
La noticia cobró relevancia la semana pasada, cuando se hizo público que un niño de 9 años había sido citado a declarar por Haddad, por el supuesto delito de haber rayado el auto de una pareja de aquella localidad, que entre otras cosas tiene un problema personal con su madre, una reconocida periodista que anteriormente los había denunciado por amenazas, y que desde ese momento vive con custodia policial.
Resta saber, después de las críticas que recibió el magistrado, si hará lugar al pedido del Ministerio Público Pupilar o mantendrá su decisión de hacer declarar al niño, algo a lo que la madre ya se negó públicamente y aseguró que asistirá sola y no expondrá al menos a una situación tan estresante.
