La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Madgalena Odarda, solicitó informes al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, por la tala ilegal en la comunidad Territorios Comuntarios Wichí, ubicada en el kilómetro 3 de la ruta nacional 86 del departamento San Martín.

La reiterada denuncia sobre la tala ilegal tuvo como último exponente a Martín Kraft, un documentalista que visitó la zona y pudo ser testigo directo de la devastación del monte en el territorio de la comunidad, que se encuentra relevado en el marco de la ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. Se añade a esta situación particular que existe una medida cautelar que prohíbe la tala desde diciembre de 2019, sin que se cumpla lo ordenado por la Justicia.

En la nota enviada el pasado 9 de abril, Odarda pidió a De los Ríos que informe sobre la situación suscitada en territorio comunitario relevado. El INAI referenció la denuncia de la comunidad respecto del avance del desmonte ilegal de bosque nativo en su territorio ancestral.

Odarda añadió la solicitud de que se remita “a la brevedad, copia de las denuncias penales efectuadas por el Ministerio a su cargo hacia privados o funcionarios públicos por los delitos eventualmente cometidos, o en su defecto autorización administrativa fundamentada sobre excepciones a la vigencia de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosque Nativo nro. 26.331”.

La funcionaria nacional recordó que “el territorio indígena guarda un vínculo inescindible e irrenunciable con el derecho a la identidad y la cultura de las comunidades y pueblos. Este derecho es reconocido por la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17 y 22, compromisos internacionales asumidos por Argentina en relación a los derechos de los pueblos originarios y jursiprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Recordó también la sentencia dictada en marzo de 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la causa caratulada "Salas, Dino y otros c/Salta y Estado Nacional s/amparo", por la cual se ordenó de manera provisional el cese de los desmontes y talas de bosques nativos, autorizados por la provincia, pues "se configura una situación clara de peligro de daño grave porque cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no solo los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras, perjuicio que se producirá de modo irreversible”.

Por otra parte, indicó que la comunidad ha denunciado amenazas por parte de privados por sus legítimos reclamos, por lo que solicitó que se arbitren todos los medios, a los efectos de la preservación de la integridad física de integrantes de ese grupo poblacional.

También pidió que se ordene el cese inmediato del desmonte ilegal sobre monte nativo en la provincia de Salta, en orden a las competencias y atribuciones otorgadas al INAI por la ley 23.302.

Por último, Odarda le señaló a De los Ríos que la comunidad Territorios Comunitarios Wichí “ha recibido la documentación que acredita la finalización del relevamiento territorial y el reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública, prevista por la ley 26.160 y sus prórrogas”.