El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sigue sin funcionar en la provincia porque falta que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia a cargo de Ricardo Villada lo oficialice. 

El año pasado se completaron las designaciones de los miembros que faltaban, mediante concurso público se eligió al representante de la Cámara de Diputados mientras que el Senado por su parte nombró a un representante interino. En este 2021 se le asignó un presupuesto, pero a más de tres años de la sanción de la ley 8024 que establece la creación del organismo, ésta sigue sin hacerse efectiva. 

La ley fue sancionada en julio de 2017 y reglamentada en 2018. En 2019 se concursaron dos cargos para elegir a los representantes por los organismos de derechos humanos: la especialista en archivología y militante social Cristina Cobos y el abogado Rodrigo Solá. 

Por el Ejecutivo se designó al abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. El año pasado se nombró a Ramón Corregidor como representante de la Cámara de Diputados y a Marcelo Robles de forma provisoria por Senadores. 

En 2020 faltaba que se apruebe el presupuesto y se asignara una partida al Comité. Este año se destinó el dinero, Cobos indicó que es mínimo, un poco más de dos millones, pero serviría para que el organismo empiece a funcionar. "Tenemos autarquía pero lamentablemente la intención es que dependamos presupuestariamente del Ministerio de Gobierno. Con el presupuesto estábamos en condiciones de que nos designen, sin embargo hasta ahora, a pesar de las notas hechas al ministro de gobierno, no lo hacen. No hay interés para que funcione", explicó Cobos a Salta/12. 

Sin el trámite burocrático de la oficialización el organismo se ve imposibilitado de actuar como tal. "Hay una negación del ministro de Gobierno que es el que tiene que sacar el instrumento legal designándonos como integrantes del Comité", sostuvo. 

"En octubre tuvimos audiencia con el ministro de gobierno y la secretaria de derechos humanos, Mariana Reyes. El Ejecutivo tiene que sacar un decreto, acto administrativo necesario para el funcionamiento. El organismo tiene que tener presupuesto propio", afirmó por su parte Corregidor a Salta/12. También consideró que la partida destinada para el Comité es un "escaso monto".

Desde el Comité, sus miembros realizaron un pedido de audiencia con Villada en febrero pero esa solicitud no tuvo respuesta. "Nos ignoran" consideró Cobos. Por su parte, Corregidor manifestó que "hay una negacion de la aplicación de la ley".

Corregidor contó que ya empezaron a recibir casos que les envía la gente sin embargo no tienen las competencias para actuar. Dijo que los vecinos lo contactaron por la situación ocurrida en Hipólito Yrigoyen en que dos mujeres fueron demoradas el pasado viernes por la policía, y en un vídeo se vio como los efectivos se llevaron a una de ellas arrastrándola. 

El operativo policial se realizó por un intento de toma de tierras que pertenecen al Ingenio Tabacal, sobre las que ya hay un pedido de expropiación de diputados de Orán para intentar dar respuesta al déficit habitacional. Lxs vecinxs aclararon que las mujeres demoradas por la policía no estaban implicadas en el intento de toma, una es vecina del barrio colindante Santa Emilia, que solo había expresado apoyar a los manifestantes  y la otra mujer era una vendedora de bingos ajena al reclamo. 

Además, Corregidor, se refirió a otro caso que recibió en diciembre, de Orán, sobre un hombre golpeado por la policía, indicó que envió un pedido de intervención a la secretaria de Derechos Humanos pero que no tuvo respuesta. 

"Al no estar el Comité Provincial funcionando, es un órgano menos de denuncias, de lucha, de choque, contra los que están produciendo violencia institucional. Para ellos es inconveniente", evaluó Cobos.

"Tenemos una responsabilidad política, hemos sidos seleccionados para poner coto a la represión, a la violencia policial que la fiscal de derechos humanos está certificando día a día", manifestó Corregidor. "Tenemos que ir a las cárceles y a las comisarías, y objetivamente hay una negación", añadió.

Cobos explicó que el Comité tiene como fin "evitar el mal accionar de las fuerzas de seguridad", en las cárceles y en otros lugares de encierro en los que las personas están privadas de la libertad, como centros juveniles, geriátricos, y psiquiátricos "donde la gente no tiene la facultades para accionar por sus propios medios". "Hay muchas cosas para observar, o pedir que se cambien", opinó.

La falta de funcionamiento del Comité fue informada por sus integrantes a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y al Ministerio del interior. Corregidor añadió que también informó al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y desde allí le dijeron que esperen hasta abril antes de que decidan otras acciones. 

"Estamos trabajando juntos y preocupados", manifestó Corregidor en relación a lxs otrxs integrantes del Comité ante la falta de la oficialización del gobierno. 

La fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, informó en la semana que pasó a Salta/12 que entre enero y marzo de este año hubo 745 policías denunciados por violencia institucional. El año pasado, ante la recrudecida violencia policial que se hizo notar durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, diversos organismos de derechos humanos consideraron que el Comité debía ponerse en funcionamiento y reclamaron por ello, el pedido sigue sin una respuesta positiva.