Los familiares de Araceli Fulles, la joven de 22 años denunciada como desaparecida hace 23 días, se quejó de que la Bonaerense y la fiscalía “están trabajando lento” en la búsqueda. El hermano de la joven, Marcelo Fulles, informó que la familia ya designó a un abogado para que los represente y “procure imprimirle mayor celeridad” a la causa. “Estamos en permanente contacto con la policía y la fiscalía. Cada vez que llamamos nos dicen que están trabajando pero nada más, porque no hay ninguna pista nueva ni nada. Lo que yo veo es que están trabajando lento”, dijo Marcelo Fulles. En el documento de NiUnaMenos leído ante el Senado el jueves pasado, fueron denunciadas las peripecias vividas por la familia de la joven. El colectivo NUM lo llamó “ninguneo” y lo asoció a la falta de preparación sobre mirada de género en la justicia y la policía, y a la misoginia que impera entre jueces, fiscales y uniformados.

Marcelo Fulles aseguró que “mañana (por hoy) presentarán a un abogado” que patrocinará a la familia en la causa y que realizará una serie de “pedidos”, y aunque no quiso adelantar en qué sentido, se especula con que formalizaría la solicitud para que intervenga una fiscalía especializada en el delito de trata, ya que sospechan que la joven fue raptada con ese objetivo.

En el documento de NUM se describía la situación de este modo: “Hoy buscamos a Araceli Fulles en San Martín, desaparecida hace 15 días. La fiscalía de San Martín no aceptó la ayuda de la Unidad especializada de Trata de personas para descartar esa hipótesis. En otras palabras, nos ningunean, y todas las medidas que efectivamente existen para prevenir y erradicar la violencia machista son desoídas una a una”.

¿Por qué la desaparición de una joven, en este marco, no recae inicialmente en una fiscalía especializada y después de que sea descartada, en todo caso, se pase a una fiscalía común? Porque en general quien inicia la causa es quien recibe la denuncia, y mayormente la denuncia la recibe la policía. Los uniformados tienen el hábito de reducir la voz por una mujer desaparecida en un expediente burocrático de búsqueda de persona. Lo hacen por costumbre machista, por protección a la trata o por interés directo. La búsqueda de persona se inicia con un comentario habitual: “¿No se habrá ido a la casa de algún novio?” y se dan dos o tres días para que vuelva arrepentida. 

Por otro lado, la justicia recibe la instrucción policial y la suele mantener bajo el mismo rótulo, búsqueda de paradero, porque habría que desandar la opinión policial y son los uniformados los que van a seguir investigando; y en muchas ocasiones, porque coinciden en el punto de vista del “ya va a volver”. Esos días de titubeo son suficientes, si fue secuestrada por una red de trata, para que desaparezca del territorio o para que quede tapada bajo un buen paraguas.

Marcelo contó que desde que desapareció su hermana no dejaron de recibir llamadas “de gente que dice haberla visto”, pero ninguno de esos datos “termina aportando algo concreto a la investigación”.

El pasado viernes Interpol emitió un alerta amarilla para activar su búsqueda internacional y la incluyó en la lista de los 66 argentinos buscados, al cumplirse tres semanas de su desaparición.

La familia de la joven no tiene contacto con ella desde el domingo 2 de abril a las 7 de la mañana, cuando le mandó un mensaje a su madre diciéndole “Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa”, algo que nunca ocurrió.

La investigación está a cargo de la fiscal Graciela López Pereyra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín. El Ministerio de Seguridad bonaerense ofrece una recompensa de hasta 500.000 pesos a quien pueda aportar información sobre el paradero de la joven. Más allá de la publicidad de mostrarse interesado en encontrar a Araceli –una manera de decir que se hace algo–, la oferta de medio millón de pesos no implica nada. Excepto los casos donde las pistas provistas huelen a servicios de inteligencia, no hay datos oficiales sobre la gestión exitosa en la solución de un secuestro mediante el pago de una recompensa a un testigo interesado en cobrarla. Por Candela ofrecieron 400 mil pesos, y ahora, en el juicio, surge lo que ya se había denunciado, que la Bonaerense estaba embarrada.