El Gobierno nacional no participará de la audiencia de conciliación a la que convocó la Corte Suprema para este miércoles a raíz de la demanda que inició en septiembre del año pasado la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ante la modificación que redujo la coparticipación de 3,5 por ciento a 2,3 por ciento, primero por decreto y luego a través de una ley. La Procuración del Tesoro --que nuclea a los abogados y abogadas del Estado-- presentó un escrito donde señala que considera que el máximo tribunal no tiene "competencia originaria" en este asunto y desconoce el carácter de provincia de la CABA. Dice, además, que ya convocó al gobierno porteño a tres reuniones que fueron rechazadas. Apuntaba a establecer un diálogo para lograr un acuerdo entre ambas jurisdicciones en función del Convenio de transferencias de las facultades y funciones de seguridad que fue convertido en ley a fin del año pasado. En 2016 Mauricio Macri había incrementado los fondos coparticipables porteños, que originamente eran de 1,4 por ciento, por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

A la hora de la cita suprema, establecida para las 11 de la mañana, todo indica que asistirá a la Corte algún representante letrado del Ministerio de Economía y presentará un escrito adicional donde volverá a invitar al gobierno de Rodríguez Larreta al diálogo. Este escenario de alta tensión transcurre mientras la Ciudad, además, intenta que lxs supremxs declaren la inconstitucionalidad del tramo del DNU que estableció entre las nuevas restricciones frente a la explosión de casos de coronavirus, la suspensión de clases presenciales por quince días. Hay un punto de ambos expedientes en común, que es que la CABA se presenta invocando derechos y un estatus equivalente al de una provincia, que en el Estado nacional insisten en desconocer. En ambos casos la Corte reconoció su competencia, pero en el conflicto por la coparticipación, el gobierno decidió volver a discutir ese punto pero insistió en que es la Ciudad la que no acepta pactar. Ante el fracaso de la audiencia en puerta, la Corte se vería en situación de tener que dictar algún pronunciamiento.

Rodríguez Larreta había presentado en la Corte un amparo, con pedido de medida cautelar y declaración de inconstitucionalidad del decreto 735 por el cual Alberto Fernández recuperaba un punto del monto de la coparticipación que Macri había destinado a la CABA a raíz del traspaso de la policía. El expresidente lo había llevado de de 1,40 por ciento a 3,75 por ciento. El Congreso luego aprobó una ley con la misma disposición, que también cuestionó Rodríguez Larreta. Esa norma establecía un lapso de 60 días para la negociación, que es lo que CABA no admitió. La decisión oficial se había originado después de las protestas de la policía bonaerense que llegaron a la Quinta de Olivos y fueron acompañados del argumento de la necesidad de fondos para la provincia de Buenos Aires.

La presentación de la Procuración del Tesoro dice: "la competencia originaria de esta Corte es restringida y se halla circunscripta, en lo que aquí interesa, a los casos en los que una provincia sea parte, y la Ciudada Autónoma de Buenos Aires no es una provincia; la conclusión lógico jurídica ineludible para el silogismo es que la ciudad no goza de la prerrogativa de llevar a juicio a la nación ante el Máximo Tribunal en instancia originaria"; a eso agrega que "los señores Ministros del Interior y de Economía de la Nación invitaron al señor jefe de gobierno" porteño "a una reunión preliminar con el objetivo de definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones..." Ahora habrá que ver qué dice la Corte.