A la hora de decidir realizar una denuncia penal en Catamarca, las sobrevivientes de violencia de género se someten a un nuevo tipo de agresión y es la violencia institucional. En ese círculo, las mujeres terminan muchas veces dándose por vencidas, porque la carga termina cayendo sobre ellas mismas, y algunas, incluso, terminan perdiendo la libertad en pos de los derechos del violento.
Astrid Acuña es integrante del Registro de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género que depende de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En diálogo con Catamarca/12 , se refirió a esta problemática, aseguró que “en casos de violencia de género la justicia empodera al agresor”.
“El problema de la Justicia penal es que se enfocan en la víctima. La carga la termina soportando ella sobre su vida y su libertad. Eso es precisamente lo que pasa. Si analizás, la Justicia puede parecer eficiente, se dictan medidas cautelares, prohibiciones de acercamiento, astreintes (sanciones valuadas en dinero) en casos de incumplimiento, pero el problema es que no es eficaz”, resaltó la abogada.
En este contexto, señaló que “cuando se dictan estas medidas y son incumplidas, esta medida tiene que ser asegurada y darle efectividad con una investigación diligente del incumplimiento. El administrador de justicia, se tiene que poner en la cabeza del agresor, evaluar el criterio de riesgo. Si el violento conoce entre el bien o mal, si no es respetuoso de una obligación legal y es consciente, entonces ¿qué hacemos dándole oportunidad todo el tiempo?”, se preguntó.
Acuña ejemplificó con casos recientes publicados por Catamarca/12, como el de las dos sobrevivientes que dieron sus testimonios y aseguraron que habían denunciado previamente a Javier Salcedo, actualmente acusado de asesinar a su última pareja, Débora Barros, y que no fueron escuchadas aunque él incumpliera las restricciones, situación que las obligó a perder su libertad y caminar con miedo en la calle.
También citó la situación de la mujer que debió permanecer 14 meses en el Hogar Integral para Mujeres Warmi, porque la Justicia no detuvo a su ex, quien, aún hoy, la sigue amenazando de muerte mientras ella debe permanecer con consigna policial. Y el de la madre que denunció más de una docena de veces a su ex esposo y a sus hijos, quienes intentaron asesinarla y pese a las restricciones la policía no los detuvo.
“Los sujetos siguen libres aún cuando se los denunció veinte veces. Esto sólo genera en ellos la sensación de impunidad. Los empodera a ellos. Mientras, la mujer está soportando toda la carga y sufriendo lo que se denomina 'indefensión aprendida' que no es otra cosa que resignarse porque golpearon todas las puertas y nadie hace nada, o recluidas con ataques de pánico, o viviendo con un custodio policial, cuando lo correcto sería que se lo pongan a ellos. La violencia institucional que soportan es terrible”, aclaró.
Asimismo, resaltó el derrotero que debe atravesar en la Justicia una mujer que denuncia. Señaló que la justicia penal se fija en el daño a su salud, pero sólo busca lesiones físicas. “Estos casos que te cuento son de víctimas que por todo esto tienen el psiquismo partido en dos. Con informes psicológicos que denotan miedo, angustia, trauma, estrés, pero para los fiscales resulta totalmente invisibilizado, ellos buscan el moretón y si no hay, no actúan”, aseguró y agregó: “Así como hay que visibilizar la violencia contras las mujeres para prevenirla, creo que es justo visibilizar la falta de eficacia de la justicia penal, y la violencia institucional que ejercen por la misma razón”.
Tras resaltar que “tenemos funcionarios eficientes, pero no efectivos”, la letrada señaló que esta experiencia “tiene que generar prácticas transformadoras, generar políticas de actuaciones. Al menos avancemos poniendo la cabeza en lo que incumplen y no en las víctimas”.
Por otro lado, explicó que muchas veces los administradores de justicia pueden incurrir en el delito de incumplimiento de funcionario público, visto que hay recomendaciones de organismo internacionales, guías, normativas para cumplir y no lo estarían haciendo.
Por último, la abogada, que además es la única en toda la provincia que actúa defendiendo en causas de violencia de género, citó un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de una mujer de apellido Fernández. "A través de la negligencia y falta de efectividad del Estado para procesar y condenar a los agresores, no solo se viola esta obligación sino también la de prevenir estas prácticas degradantes. Esa inefectividad judicial general y discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia domestica al no existir evidencia socialmente percibida de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad para sancionar esos actos”, concluyó.
