Tres policías imputados en al menos cuatro causas por violencia institucional fueron detenidos el lunes por orden del juez de Garantías Ignacio Colombo, a pedido de la fiscala Verónica Simesen de Bielke. Pese a estar acusados por actos de violencia y abuso de poder, los efectivos seguían en funciones y como respuesta a esas denuncias solo habían sido trasladados.
Los tres se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana, más conocida como 911. La fiscala Simesen de Bielke señaló que esta es una de las áreas con más denuncias por violencia policial en Capital. El sargento Pablo Exequiel Toledo había sido trasladado y cumplía funciones en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita había sido enviado al destacamento La Silleta, en el vecino departamento Rosario de Lerma, mientras que el oficial subayudante Rómulo Segovia se encontraba en la subcomisaría de Los Toldos, en el extremo norte de la provincia.
Pese a las denuncias, los policías no habían sido sancionados administrativamente, el Ministerio de Seguridad no informó que se hayan sido sometidos a sumarios, y su continuidad en la fuerza les permitió cometer otros abusos policiales.
La primera denuncia fue radicada el 10 de enero de 2020, en ese entonces Gustavo Vilar Rey estaba a cargo de la fiscalía especializada en investigar a los integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia, pero no hubo avances en este proceso. Ahora la fiscala Simesen de Bielke, que reemplaza a Vilar Rey desde julio del año pasado, imputó a los policías y advirtió que estaban implicados en varias causas.
El 9 de enero de 2020 cerca de las 9, tres policías llegaron a una casa en el barrio Norte Grande, dos mujeres que iban con ellos manifestaron que una bicicleta que estaba en la puerta de la vivienda era de ellas y que se las habían robado hacía instantes. Los policías ingresaron al domicilio y encontraron a un hombre escondido en el techo, quien escapó. El denunciante relató que los policías lo acusaban de "encubrimiento", lo subieron a la caja del móvil y lo esposaron. Estando allí le dispararon con balas de goma en las piernas, el hombre se tiró en la caja y dijo que uno de los efectivos le pisó la cabeza. Las lesiones fueron constatadas por el gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El 12 de enero de 2020, cerca de las 7.40, en el barrio Primera Junta, los mismos policías atacaron a un adolescente de 15 años, a quien le causaron lesiones con proyectiles, según constató el certificado médico. La hermana del chico contó que fueron agredidos al salir de su casa por los policías que estaban despejando a un grupo de personas que consumían alcohol en la vía pública.
En la denuncia se hizo constar que uno de los policías le dio una patada en el pecho al adolescente y lo insultó. Luego, cuando la madre les recriminó esta acción, el policía "le vociferó insultos y la empujó. Luego, el mismo efectivo sujetó del cuello al menor y lo golpeó contra el móvil policial", detalló la fiscala en su acusación. Después los efectivos le dispararon con balas de pintura.
Quizás si el Ministerio de Seguridad hubiera tomado alguna medida correctiva en ese momento, o la Fiscalía interviniente hubiera actuado, se podría haber evitado que en febrero de 2020 los mismos policías hirieran de gravedad al joven Luciano Cruz, de 19 años, a quien le dispararon a la cara en el barrio Norte Grande. Por esta agresión el joven perdió un ojo y ahora sigue luchando para no perder el otro.
La denuncia de Cruz contra los tres policías no resultó suficiente para que accionaran las autoridades competentes. Y consecuentemente, los abusos siguieron. En la madrugada del 13 de junio de 2020, los tres colaboraron en un procedimiento de la Subcomisaría de Villa Lavalle, vieron a los asaltantes de un remisero. Alcanzaron a un mejor de edad que escapaba y lo detuvieron. Según contó luego, lo llevaron a la Subcomisaría, donde lo metieron en un habitación y lo golpearon en distintas partes del cuerpo, con lo que le produjeron lesiones que fueron luego constatadas y registradas en certificados médicos.
Simesen de Bielke consideró que existen motivos suficientes para sospechar que "los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común", por lo que sospecha que podrían influenciar a personas que serán llamadas a declarar en la audiencia de juicio y es necesario que declaren "libres de toda influencia". La fiscala añadió, como otro motivo para la detención, que en caso de resultar condenados, la pena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas que tienen.
