Los intereses del agronegocio que acarrean la concentración de las tierras y los desmontes, son la cara de la misma moneda de la expulsión de poblaciones campesinas e indígenas de los territorios que siempre ocuparon y trabajaron.
Este es uno de los denominadores comunes en la realidad de las poblaciones rurales de la región latinoamericana. Su complejidad será abordada mañana a partir de las 10 en un encuentro virtual que tendrá como temática el acceso y tenencia segura de la tierra de cada país del Mercosur, más Colombia.
El objetivo es trabajar en una agenda común con miras hacia la promoción de acuerdos regionales y el desarrollo de propuestas de políticas públicas nacionales para el acceso y permanencia en la tierra. Los interesados en ver el Seminario Internacional REAF Mercosur Ampliado podrán seguirlo por el enlace de Youtube https://bit.ly/3ebfNbp.
La directora nacional de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (SAFCI), María José Castillo, indicó a Salta/12 que desde el momento en que se viralizó en septiembre un protocolo para detectar los conflictos de tierra, se notificaron 57 casos en el país. De estos, 22 incluyeron el desalojo, 8 la detención de personas, en 14 son mujeres las principales afectadas y 19 involucran a comunidades indígenas.
La situación de las comunidades originarias es la que más preocupa dado que a nivel nacional la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, suspende los desalojos. Sin embargo, como también se conoció en algunos casos de Salta, desde el Poder Judicial se avanza con órdenes de desalojo ignorando la normativa.
Pero no solo se trata de la ley nacional, pues los magistrados y fiscales actuaron en el mismo sentido pese a la existencia de leyes provinciales, como la 7658 en el caso de Salta, que está en plena vigencia.
Una ley madre, sin prórroga
Castillo recordó que no hay leyes en todas las provincias y desde la SAFCI se trabaja en un proyecto para que se pueda prorrogar la Ley Nacional de Agricultura Familias Indígena Campesina que también suspendía los desalojos de familias agricultoras no indígenas. La iniciativa que fue aprobada en 2015 venció en 2019 sin obtener una prórroga. Ante ello, se trabaja en un proyecto para solicitar que vuelva a tener vigencia por otros 10 años.
La funcionaria calificó a esta iniciativa como una ley madre, a la que deberían adherir todas las provincias. Pero recordó que, por ejemplo, en Tucumán, no hubo adhesión alguna ni tampoco se aprobó legislación a nivel provincial para proteger los derechos del campesinado. Salta, por el contrario, cuenta con la Ley 7658 de regularización dominial y la N° 7789, denominada Ley Felipe Burgos, en homenaje al dirigente campesino que fuera secuestrado y asesinado en la antesala de la última dictadura militar. Para Castillo, sin embargo, aún quedan por disponer instrumentos para la ejecución de estas normas.
El Poder Ejecutivo no es el único que debe aportar desde las acciones, pues también se debe contar con el soporte del Poder Judicial con el fin de evitar la agudización de los conflictos. En Salta, Castillo recordó que se conversó del tema con el procurador general de la provincia, Abel Cornejo. Por ahora se avanza en una capacitación respecto de las leyes vigentes ante los conflictos de tierras, dado que este es uno de los puntos neurálgicos para evitar el desarraigo de estas poblaciones.
Una de las propuestas a nivel nacional es contar con un Banco de Tierras para apuntar no solo a la regularización de los territorios, sino al acceso a ellos. Esta es una potestad en manos de las provincias, dada su autonomía. Sin embargo, la gestión del Estado Nacional tiene que ver con el hecho de que es el garante de los derechos humanos a nivel país. Uno de los ejemplos últimos, también en Salta, tiene que ver con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por la cual se ordenó al Estado argentino encontrar una solución al conflicto entre criollos e indígenas en los ex lotes fiscales 55 y 14 de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, y entregar el título comunitario de un territorio de 400 mil hectáreas a las comunidades originarias que ocupan ese lugar de manera ancestral.
Algunos casos como este, involucran conflictos entre comunidades indígenas y campesinos. En estos casos, Castillo afirmó que “queremos soluciones compartidas”, en el entendimiento que ambas poblaciones tienen por objetivo la producción de alimentos.
Entendió que las amenazas al diálogo intercultural que pueda llevar al entendimiento de las partes son producidas por intereses foráneos cuyo objetivo es dejar el camino libre “a los intereses del agronegocio”.
