En lo que fue la octava sesión del año para el Concejo Deliberante capitalino, y tras una decena de pedidos al Ejecutivo municipal para mejorar calles y luminaria en la ciudad, los ediles avanzaron con la aprobación de una Declaración dirigida a la Legislatura provincial para que se incrementen las multas establecidas en la Ley 8.206, que prorroga la Emergencia Sanitaria por la pandemia de coronavirus, contra quienes incumplen las medidas de prevención con fiestas clandestinas o reuniones sociales que no respetan el número de personas permitido, ni el horario estipulado para circular.

La intención, dijo Raúl Córdoba, autor del proyecto, es que se aplique y se suba el monto de la multa para aquellos que realizan encuentros sociales con más gente de lo permitido y las fiestas clandestinas para desalentar las mismas. “Hay un desprecio por la vida por parte de quienes realizan estas reuniones”, manifestó el edil, y aseguró: “Nos enteramos de 20 fiestas clandestinas, pero en realidad hay muchas más”, y pidió a los legisladores que avancen en ese sentido y hasta se animó a pedir el arresto de 30 a 60 días a quienes infrinjan la ley establecida en la emergencia sanitaria que produjo la covid-19.

La concejala Frida Fonseca recordó que en lo que va del año se clausuraron 326 fiestas clandestinas, según informó el Ministerio de la Seguridad, y se realizaron más de 8.000 multas por infringir la ley. Y al igual que lo solicitó el gobernador, pidió que se publiquen los nombres de las personas responsables de esos eventos.

También citó el antecedente de la ciudad de La Plata, que aumentó ese ítem a más de un millón de pesos cuando la fiesta es en casas particulares de barrios cerrados, y llega hasta los dos millones para bares y restaurantes. Mientras que en Córdoba, prosiguió, se llegó a cobrar $1.600.000 a los dueños de una vivienda de un barrio privado que realizaron una fiesta multitudinaria. “No podemos relajarnos, porque los casos van a seguir subiendo”, finalizó Fonseca.

Más adelante aprobaron la ordenanza de la concejala Rosa Herrera, que propone establecer el concurso musical anual denominado "A los 4 vientos" para bandas y solistas locales de todos los géneros musicales. 

Su autora explicó que se viene realizando desde 2017, y que si se le da carácter normativo se podrá sostener en el tiempo a pesar del cambio de los gobiernos. Detalló que se llama cuatro vientos porque se realiza en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y la final se hace en el centro, y ya fue declarado de interés municipal por la gestión anterior de ese cuerpo deliberativo. “La idea del certamen es que quienes participen cuenten con temas de su propia autoría”, detalló. 

El premio es la grabación de un disco y un videoclip de la banda. Desde que comenzó este certamen participaron más de 80 grupos de diferentes géneros de toda la ciudad. “Es generar nuevos espacios para los artistas salteños”, culminó Herrera.

José García Alcazar, como músico, adhirió al proyecto argumentando que es la posibilidad de muchos músicos de poder avanzar y llegar a tener su propio material, “algo que muchas veces es muy difícil”.

También se aprobó un proyecto de ordenanza presentado por Julio Romero, que propone crear el programa Murales Inclusivos en el ámbito de la Municipalidad de la ciudad de Salta. Con la iniciativa se busca suprimir las barreras de comunicación con personas sordas o hipoacúsicas, enseñando desde la primera infancia y a través del juego el lenguaje de señas.

“Servirá para romper las barreras visuales que existen en la ciudad y adquirir los registros dactilológicos que utilizan esas personas”, relató Romero, y sumó a su argumento que servirá para conocer su lenguaje y así ir en camino de una sociedad más inclusiva. E imaginó que se pueden realizar en espacios verdes, en las paredes del Centro Cívico Municipal y hasta en el edificio de ese Concejo.

Raúl Córdoba subrayó que el trabajo y la propuesta se realizó en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, y propuso que se los invite “para que ellos nos hablen y nos cuenten sus experiencias de vida”.

La concejala Liliana Monserrat recordó que ya existe una ordenanza para avanzar en la aplicación y la enseñanza de la lengua de señas en todos los ámbitos públicos (la 10.860), pero que solo se cumplió a medias con talleres opcionales para los empleados municipales. “El año pasado nos reunimos con las organizaciones y quedó pendiente volver tratar y ampliar esa ordenanza”, comunicó. Aunque reconoció la iniciativa de Romero y la votó a favor, solicitó al cuerpo que se vuelva a tratar la vieja ordenanza, y al Ejecutivo municipal, que la haga cumplir en su seno.

Romina Arroyo resaltó que los murales sirvieron siempre para hacer escuchar a quienes no tienen voz, haciendo referencia a la frase popular “las paredes son la imprenta de los pueblos”, y agregó que la sociedad en general y los funcionarios en particular, “somos muy ignorantes en cuanto a lenguaje de señas”.

Tras ser debatido ampliamente por algunos concejales que pedían que vuelva a comisión para hacerle algunas mejoras, el proyecto fue aprobado por mayoría.

Por otro lado el edil Raúl Córdoba presentó un proyecto de ordenanza que fue aprobado por unanimidad y que prevé modificar la normativa N° 14.395, en cuanto a los requisitos que deben cumplir las escuelas de conductores y agregar a la nómina ya existente que deben contar con un representante técnico, con título de técnico superior o licenciado en seguridad vial o perito en accidentología vial. Además, dispone que deberán otorgar de manera obligatoria un certificado de aprobación del curso.

Mea culpa, críticas y repudios

La concejala Candela Correa no se olvidó del cruce de palabras que mantuvo la semana pasada con Raúl Córdoba, quien pidió se avance en un juicio político contra su par, y en el momento de manifestaciones comentó que cuando era precandidata le llamaba la atención que la palabra Concejo “se escribía con C y no con S de aconsejar”, pero que se informó que la etimología del término viene de conciliar, algo que utilizó para hacer mención que vivimos en una sociedad violenta “y agraviante”. E inmediatamente aclaró que si era la ocasión de hacer un mea culpa, “lo hago en este momento”.

Jorge Altamirano repudió los hechos de violencia sucedidos en el Centro Cívico Municipal durante la mañana, en donde resultaron agredidos periodistas, vecinos que estaban realizando trámites, empleados y funcionarios municipales por parte de manifestantes que pedían trabajo y bolsones. José Gauffín y Rosa Herrera también se manifestaron al respecto, “me llamó una señora que dijo se sentía rehén”, contó Herrera, y pidió mayor tolerancia y diálogo.

En tanto, el concejal del Frente de Todos Fernando Ruarte criticó la reforma del Código Contravencional que realizaron los diputados y que solicita que los artistas callejeros tengan un permiso emitido por la municipalidad para realizar sus tareas , “quieren criminalizar el arte callejero y no es un delito, es un derecho”, indicó el concejal y pidió que lo acompañen en su pedido de declaración al respecto.