El asesor de Incapaces de Embarcación, José Cortez, pidió la reactivación de un Centro Sociosanitario en el que se brindaba asistencia a niños, niñas y adolescentes con problemas de adicciones en la localidad de Coronel Juan Solá, también conocida como Estación Morillo.
El pedido fue manifestado en una reunión que el lunes pasado tuvieron todes les asesores de "menores e incapaces" de la provincia con la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, y el subsecretario de Niñez y Familia, Pablo Martínez. El espacio de diálogo fue impulsado por la titular de la Asesoría General, Mirta Lapad.
Cortez explicó a Salta/12 que se reunieron para abordar la problemática que venían observando y les preocupaba respecto a los dispositivos proteccionales, ya que ocurrieron situaciones en que niñes y adolescentes se fugaban de estos lugares y querían saber qué es lo que estaba pasado, por qué había dificultades para contenerles. En ese marco, el asesor indagó respecto al centro de contención sociosanitario de Morillo y la ministra le confirmó que no estaba funcionando.
Cortez indicó que había enviado un pedido de informe respecto al centro de contención en febrero pero no obtuvo respuesta del Ministerio de Desarrollo Social, luego reiteró ese pedido, y esta semana insistió de modo directo ante Figueroa. El asesor contó que la funcionaria le dijo que habría que gestionar con el Ministerio de Salud u otra área el presupuesto para que se pudiera dar la reapertura del espacio. "(La ministra) confirmó que estaba cerrado, no dio explicaciones. No dio ningún motivo. Ayer (martes) remití un oficio para que nos informen y nos den precisión acerca de cómo quedó, si va a seguir funcionando. Pedí que nos informen de forma precisa de qué manera se va a restablecer o piensan trabajar", manifestó.
El funcionario explicó que el Centro cumplía con una función "bastante buena" de brindar asistencia, pero "lo más importante era la prevención", tarea que se desarrollaba con operadores de las propias comunidades. Trabajaban una psicóloga, una asistente social y un referente de la comunidad. En el plan de abordaje había operadores comunitarios que habían sido elegidos por las comunidades para la actividad. En el lugar se realizaban actividades deportivas, recreativas, y dictaban charlas informativas destinadas a los familiares de niñes afectades por el consumo por inhalación de combustible o de paco.
El Centro de contención funcionaba de día y el asesor destacó que las personas podían acercarse a manifestar sus inquietudes, y que padres, madres o adultes responsables de niñes y adolescentes con problemas de adicciones podían encontrar orientación ahí. "La gente estaba interesada en que este flagelo (de las adicciones) salga de la comunidad", afirmó.
Cortez señaló que en la zona está funcionando el plan Unir, pero dijo que "no es lo mismo" al Centro de contención, ya que este último abordaba con mayor especificidad el tema de las adicciones. El espacio se había creado en 2018, bajo la órbita del entonces Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social. La decisión de crearlo surgió, en medio de protestas y reclamos de las comunidades originarias de la zona por el aumento de las adicciones. El Centro Sociosanitario trabajó durante 2019 y dejó de funcionar durante la cuarentena por covid-19 en 2020.
Pobreza y adicciones
El asesor de Incapaces detalló que cada dos semanas interviene ante situaciones de niñes o adolescentes con problemas de adicciones, de las que toma conocimiento porque les chices cometen algún delito vinculado al consumo. "La mayoría de los chicos, de las comunidades indígenas o criollas, cuando llegan detenidos casi un 70% tiene problemas de adicciones", aseveró.
Cortez describió un contexto de mucha vulnerabilidad por el que se ven atravesadas las infancias y adolescencias de los lugares donde tiene intervención: Juan Coronel Solá (Morillo), Los Blancos, Capitan Pagé, Pluma del Pato, localidades ubicadas en el departamento Rivadavia Banda Norte, y también en Embarcación y General Ballivián, que corresponden al departamento San Martín. Indicó que es "una zona muy abandonada en la que faltan políticas públicas".
El asesor describió que el combustible es allí "la droga de los pobres", y asoció ese consumo a la vulnerabilidad social, económica, territorial, a la falta de vivienda y de contencion en la escuela y a la escasez de ofertas de empleo. Señaló que les chiques tienen pocas oportunidades de movilidad social; quienes terminan la secundaria, si quieren continuar sus estudios, deben trasladarse a Embarcación, donde hay carreras terciarias, pero "pocas". También hay dificultades de traslado porque tienen un solo colectivo, con un solo horario.
Los centros de rehabilitación con los que cuentan son el de Tartagal, inaugurado en 2019 para tratamiento y rehabilitación de personas con adicciones, y que funciona bajo el programa Puente Norte del gobierno provincial. Cortez señaló que hay un solo psicólogo allí, que faltan personal y recursos materiales, dijo que hay pocas camas. Contó que la internación es voluntaria y suelen progresar les niñes que tienen acompañamiento por parte de la familia o redes afectivas. Señaló que la internación obligatoria solo se puede pedir con la intervención de un o una psiquiatra y no hay especialistas de esa área en la zona, necesarios además para los diagnósticos, y tratamientos. En caso de requerir la asistencia de un o una psiquiatra, se deben gestionar traslados a Capital o a veces se consigue de forma virtual.
El otro centro de rehabilitación de adicciones más cercano funciona en Orán. Cortez manifestó que para que la gente vaya o lleve a sus hijes, debe gestionar en la municipalidad los pasajes, la comida, y con la pandemia de covid-19, también la prueba de PCR.
"En Morillo hay una sola estación de servicio autorizada que expende combustible. Una fiscalia penal detectó que en varios domicilios se expendía combustible sin las medidas de seguridad que exigen estas actividades, se logró infraccionar a los domicilios donde decía 'hay gasoil' o 'nafta'. A veces no se puede porque la excusa es que la usan para uso personal. También es zona rural, la gente se autoabastece y revende", explicó el asesor. "Otra de las cuestiones es que por ahí roban motos para sacar el combustible e inahalar", añadió.
Además de la inhalación de combustible también se da el consumo excesivo de alcohol. El asesor de Incapaces indicó que llevan dos casos de este tipo en la actualidad y que desde el Plan Unir intervienen con asistencia. Hace unas semanas intervino ante la situación de una joven de 19 años, quien dormía en la vía pública con su bebé y presentaba problemas de alcoholismo. Cortez relató que también son varios los casos en que ha intervenido ante madres con problemas de alcoholismo o adicciones, que ya son jóvenes o adultas, y a menos que tengan discapacidad o alguna patología psiquiátrica no competen específicamente a sus funciones pero gestiona que reciban asistencia. También indicó como importante que les niñes no sean apartades por la justicia del seno materno ante estas problemáticas. Señaló que las adicciones se dan mayormente en varones que en mujeres.
Ahora, rige un protocolo para actuar en caso de niñes y adolescentes con problemas de adicciones o de salud mental, mediante un convenio entre el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, para coordinar la contención, sin embargo, Cortez precisó que se han suscitado situaciones en que ha debido "insistir mucho" para que se cumpla.
El asesor dijo que en Embarcación cuentan con una sola ambulancia y eso es inconveniente si se requiere el traslado de chiques con problemas de adicciones, ya que no son prioridad para el sistema de salud si deben elegir entre elles y personas afectadas por la covid-19 u otra patología.
Pese a las dificultades, el asesor indicó que hubo chicos que han logrado recuperarse con el sostenimiento de sus familias. Ante algunos casos, desde la Asesoría, "actuamos con el rol de padre por esta vulnerabilidad que se vive acá", expresó.