Durante el transcurso de las últimas dos décadas, diversos países del mundo han implementado políticas públicas para promover el desarrollo de biocombustibles. Este impulso bioenergético se fomentó por diversas razones: promoción de sectores agrícolas, agregado de valor a la producción primaria, generación de puestos de trabajo, fortalecimiento de exportaciones y sustitución de importaciones, avanzar en la diversificación energética, y cumplir objetivos ambientales como la disminución de gases de efecto invernadero.
En ese marco, en el año 2006, se sancionó a instancias del entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, la Ley Nacional 26.093 de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles. Una norma verdaderamente progresista que, entre otros beneficios, creó el mercado de los biocombustibles en Argentina al establecer un corte porcentual obligatorio con combustibles fosiles, e incentivó las inversiones necesarias a través de beneficios promocionales.
Los biocombustibles líquidos se elaboran con productos agrícolas y forestales, tales como caña de azúcar, maíz, soja, etc. En particular, en lo que respecta a la producción salteña (y regional), la caña de azúcar es el cultivo de mayor importancia para la producción de bioetanol, el que también puede lograrse a partir del maíz, u otros cultivos ricos en sacarosa o en almidón.
Desde la sanción de la ley, se han concretado inversiones estimadas en miles de millones de dólares, traducidas en más de 50 plantas industriales, localizadas en 10 provincias. Por su parte, el sector de la producción de bioetanol de caña de azúcar representa decenas de miles de puestos de trabajo directos en la región NOA, a los que deben sumarse los empleos de relación indirecta que genera la actividad. Además, esta oferta bioenergética ha permitido mejoras en la balanza comercial, sustituyendo importaciones de combustibles fósiles y logrando divisas con el biodiesel.
Mirado desde la perspectiva del cuidado ambiental, el uso de biocombustibles es un factor importante en la disminución de Gases de Efecto Invernadero. El cuidado ambiental enmarcado en un desarrollo sostenible es central a fin de reducir los efectos del cambio climático. En 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), presentaron un informe sobre la agricultura y la ruralidad en las Américas. En él sostienen que "Las bioenergías, y sobre todo los biocombustibles líquidos (principalmente bioetanol y biodiésel) y el biogás, forman parte importante de las estrategias de descarbonización que hoy se discuten en el marco de los Acuerdos de París de 2015.
Este es un tema en que los países de Latinoamérica tienen grandes ventajas, no solo por las materias primas que se necesitan para su producción, sino también por el desarrollo de los mercados, tanto nacionales como internacionales. Desde el punto de vista de la bioeconomía, los biocombustibles constituyen una plataforma estratégica, pues además de contribuir a crear una matriz energética más limpia, tanto en lo que se refiere al parque vehicular como a la producción de energía eléctrica, las biorrefinerías involucradas en su producción podrían tener un efecto multiplicador en otros sectores de la economía.
El régimen promocional y regulador de la Ley 26.093 cumple su vigencia en mayo de este año. Por esta razón, el Senado de la Nación aprobó a fines del año pasado, de manera unánime, su prórroga por 4 años.
Por su parte, hay distintos sectores que plantean que la ley de biocombustibles debe ser actualizada y no solo prorrogada, sosteniendo las ventajas que brindó desde el 2006 -sobre todo en lo que respecta a las economías regionales- y buscando fortalecer el rol de las PyMES. Esta es una idea que viene elaborándose en algunos ámbitos del gobierno, y que fue bosquejada por el secretario del área energética semanas atrás en la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja.
En particular, a principios de este año presenté una iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación para aumentar gradualmente el porcentaje de mezcla del bioetanol y el biodiesel (con la nafta y el diesel respectivamente), tomando como ejemplo la realidad de muchos países que avanzan por ese camino, y centrándolo primordialmente en el caso del bioetanol por su significancia en la región NOA.
Atento a los plazos de vigencia de la Ley 26.093 (cuyo vencimiento opera en 20 días), la aprobación de una nueva norma actualizadora con características progresivas, antes que se cumpla la fecha límite, seguramente prosperará enmarcada en un consenso mayoritario. De otra manera, lo más conveniente es prorrogar el régimen actual, mientras se elaboran de forma consensuada y participativa, y en un período razonable, las modificaciones que generen una política pública superadora.
* Diputado nacional por Salta del Frente de Todos