Un día después de los manteros, llegó al Centro Cívico Municipal un grupo de vecinos nucleados en una organización social denominada Unidos y Organizados reclamando con urgencia trabajo y bolsones para unas 6.000 personas. Argumentaron que la situación de crisis “ya no da para más”.

Los manifestantes marcharon desde el centro de la ciudad hasta la casa municipal. Allí, al encontrarse con las puertas cerradas, comenzaron a intentar forzarlas, cortaron todos los accesos al CCM y realizaron una olla popular sobre la avenida Paraguay.

Finalmente, algunos miembros de la organización barrial lograron romper uno de los ingresos que da al estacionamiento y se apostaron en la puerta de ingreso a las oficinas de los funcionarios hasta ser atendidos. En medio del forcejeo con personal de seguridad y algunos efectivos de la Policía, fueron agredidos dos periodistas que se acercaron a cubrir los sucesos.

Horas más tarde, la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) repudió los hechos de violencia y amenazas que recibieron los colegas de la prensa “ejercidos por un grupo reducido de manifestantes”, expresaron en un comunicado. E instaron al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público Fiscal “a instrumentar las acciones necesarias para dar con estas personas”.

Los ánimos lograron calmarse un poco cuando el secretario de Desarrollo Humano municipal, Santiago Lynch, recibió a un grupo de referentes de la organización. “Era un reclamo común por trabajo y alimentos”, le contó el funcionario a Salta/12 y pidió aclarar que no había manteros en los reclamos, como circuló en varios medios salteños.

Lynch detalló que eran movimientos sociales de distintos barrios de la ciudad que movilizados por la necesidad, fueron a pedir trabajo, pero fue cauteloso a la hora de hablar de los hechos de violencia, “la mayoría, como en cada uno de estos reclamos, son pacíficos”, dijo, aunque aceptó que hubo un grupo “que denotaba otro nivel de discusión y con una estrategia más violenta”. Aunque reconoció que se trabaron las puertas, sostuvo que rápidamente los funcionarios municipales salieron a dialogar, entre ellos la subsecretaria de Gobierno, María Pía Juncosa Llimos, “que estuvo una hora conversando con un grupo de ellos en una puerta”.

Con respecto al sector autodenominado Unidos y Organizados, recordó que hace un mes ya estuvieron manifestándose en el mismo lugar, y que en la ocasión habían acordado reunirse en el día de hoy. Por eso mismo se mostró asombrado de su accionar, “ya habíamos hablado y tenían que venir mañana (por hoy) y aparecieron de esa manera”. E indicó que específicamente con esa agrupación tienen en ejecución cuatro proyectos en el marco de “Más Comunidad”, tal como se denomina al antiguo programa Pan Casero, que fue reformulado a partir de algunas capacitaciones para liderazgo juvenil y desarrollo comunitario, “no solamente es harina, es una puerta al barrio y a cada manzana”.

“Acá hay un montón de apreciaciones que cada uno puede tener pero yo no quiero hacerlas”, indicó, pero repitió que supone que se presentarán hoy a la hora acordada, “diálogo había, hay y seguirá habiendo, porque sostenemos que los vecinos tienen que ser escuchados”, subrayó Lynch.

De todas maneras aclaró que hay pedidos que la intendencia no puede contener, como la cantidad de puestos laborales que le solicitaron, “pidieron 6.000 puestos, algo que es imposible”, pero sí cree viable “que podemos ser parte de la solución articulando y utilizando nuestras herramientas”. Entre ellas mencionó la de inscribirlos en las capacitaciones a través de la Escuela de Artes y Oficios, generar emprendimientos o fortalecer sus espacios “para formalizar los espacios de las ferias y que sean acordes, con baños, luz, protocolos de distanciamiento, y cada uno con su monotributo”.

Detalló todas las ayudas sociales que se están ejecutando desde la gestión a los barrios periféricos, “antes venían de la Cooperadora, pero como ya no existe salen de los fondos municipales”.

Por último, insistió en que están abiertos al diálogo y a encontrar soluciones “y puentes”, pero subrayó que no es aceptable “que tengan de rehenes a miles de empleados, vecinos y a la ciudad”, y más en una pandemia. Y volvió a solicitarles que entiendan que son una municipalidad, “no el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o de Nación”.

Romero también repudió los hechos

"Nunca la violencia es el camino”, afirmó Bettina Romero en sus redes sociales, y añadió que “Las protestas son un derecho, pero tienen un límite en el respeto al otro. Encerrarnos con violencia durante 4hs. Prohibiendo la libre circulación de los vecinos y trabajadores de Salta no soluciona los desafíos que vivimos los argentinos”, escribió en su cuenta de twitter y lo acompañó con un video.

La intendenta también expresó que todos los grupos que protagonizaron los incidentes fueron recibidos oportunamente y vienen trabajando hace meses con su equipo. Sostuvo que entiende la difícil situación social y económica que existe en el país “y por eso hemos hecho las gestiones necesarias para todas estas organizaciones sociales”.