Un grupo de 17 efectivos policiales fueron detenidos luego de que el fiscal Aldo Hernán Lozano los imputara por "allanamiento ilegal, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad" a raíz de la irrupción ilegal que realizaron en la noche del 13 abril a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Lozano sumó a la imputación el agravante por apremios ilegales, vejaciones y prolongación indebida de privación de la libertad cometida contra el presidente del Centro de Estudiantes y Consejero académico Estudiantil, Joaquin Quispe, y el estudiante Ignacio García.  

El fiscal de Investigación Penal N° 4 imputó también al exjefe de la policía provincial Aldo Soles y al exsubjefe Natalio Ruiz, quienes habían presentado su renuncia la semana pasada. Esta tarde, asumirá el nuevo titular de la Policía de Jujuy Ernesto Guillermo Corro, quien estaba en el cargo de Coordinador General de Seguridad en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Gerardo Morales. Las imputaciones contra Soles y Ruiz son por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En paralelo a la investigación por la irrupción en el edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias, la UNJu presentó una demanda penal a la gobernación de Gerardo Morales por el accionar ilegal de la policía jujeña. La decisión fue tomada por unanimidad el jueves pasado en una sesión especial del Consejo Superior, que rechazó las disculpas ensayadas por mandatario enrolado en Cambiemos. 

El jueves 13 a la madrugada una docena de policías con armas largas y sin identificación patearon un portón y entraron a un campus universitario donde se hacía un asado de bienvenida a nuevos alumnos. Joaquín Quispe, presidente del centro de estudiantes, fue el primer detenido, por preguntarles a los policías si tenían orden judicial. Ya en la seccional 1ra., por negarse a sacarse la ropa para ser requisado, lo asfixiaron levantándolo del cuello y cuando notaron que lo ahorcaban, esposado por la espalda, lo tiraron al piso y lo dejaron a la intemperie. Lo liberaron a las 10 de la mañana, sin permitirle hacer un llamado.

El episodio trascendió por la denuncia inmediata y la difusión de los videos que muestran a Quispe pidiendo que no lo lastimen. Frente al descargo del Ministerio de Seguridad jujeño, que sugirió que habían actuado para constatar una contravención por “ruidos molestos”, se produjo un repudio generalizado que incluyó a organismos de derechos humanos, universidades de todo el país, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y hasta la agrupación radical Franja Morada, que pidió sanciones para “el o los responsables de este irregular accionar”. Finalmente, el viernes por la noche, Morales pidió disculpas.