El fiscal Franco Picardi pidió ampliar este jueves la imputación contra el ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por irregularidades en los procedimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

Picardi le dio impulso a la investigación al presentar ante la jueza María Eugenia Capuchetti una ampliación del requerimiento de instrucción e impulsando la acción penal en base a la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA), que alcanza además al entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y los sucesivos titulares del Banco Central, Federico Struzenegger y Guido Sandleris al momento de firmar el acuerdo y sus modificaciones. 

La denuncia

La denuncia fue presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. La presentación se basa en informes suministrados por el Banco Central y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). 

La causa está caratulada como “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” y acusa al gobierno de falencias administrativas para adquirir el crédito de 57 mil millones de dólares con el FMI, de los cuales llegaron a desembolsarse 44 mil millones; y de perjuicios para la economía nacional.

El informe elaborado por el Banco Central le permitió a la Sindicatura General determinar la siguiente serie de supuestas irregularidades administrativas:

1) No se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización de un Acuerdo Stand-By.

2) Los funcionarios actuantes suscribieron la Carta de Intención y los memorándums sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente.

3) La firma de los acuerdos no contó con las autorizaciones e informes exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo.

4) Se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio establecido en el artículo 61 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias para determinar el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento.

5) Se detectaron posibles incumplimientos de los objetivos fijados en la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018 en forma concomitante con su celebración, en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI.

En paralelo a estas falencias se encuentran los perjuicios para la economía nacional: de la denuncia surge que la conducta imputada a los acusados se desplegó en el contexto de una política económica, monetaria y financiera que permitió “generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés". Esto "atrajo cuantiosas inversiones especulativas de residentes y no residentes, que vendían la divisa norteamericana en la plaza local para hacerse de pesos para acceder a dichos títulos y así obtener ganancias con el diferencial de la tasa”. Luego de un tiempo, tras cobrar los intereses, los capitales se fugaban del país.

"Un monto similar a los desembolsos efectuados por el FMI fue adquirido en el mismo período para la formación de activos externos de libre disponibilidad, sin que se hubieran tomado medidas tendientes a limitar esta situación hasta septiembre de 2019", concluye el gobierno.