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Desde Santa Fe
La denuncia del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, para que la justicia federal investigue si la agencia de turismo de Hugo Oldani -asesinado el 11 de febrero de 2020- era una pantalla de una “cueva financiera” tuvo ayer otro impacto en Tribunales. El juez Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº 2- procesó a los diez imputados en la investigación del fiscal Walter Rodríguez, entre ellos a la hija del empresario, Virginia Oldani y a su empleada, María José Calle, por supuesta “intermediación financiera no autorizada” y ordenó embargar los bienes de todos ellos por medio millón de pesos a cada uno. Bailaque valoró las evidencias y llegó a la misma conclusión que el fiscal, que ambas mujeres operaban “bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores de las maniobras delictivas” que describió en su resolución de 70 páginas. La prueba clave de la causa es el peritaje del celular de Oldani que tiene más de 17.000 folios con registros, diálogos, operaciones y contactos de sus clientes. El fiscal Rodríguez ya le anunció al juez Bailaque que avanzará en la pesquisa sobre dos hipótesis: los negocios de Oldani con 27 inversionistas, operadores y empresarios del círculo rojo santafesino y sus vínculos con el grupo Carey de Rosario.
Uno de los hechos que denunció Sain fue la “sustracción de una suma millonaria” de la oficina de Oldani, que una pericia de la Policía Federal estimó en “un millón de dólares y tres millones de pesos”, pero de esa plata sólo quedaron las fotos. Virginia Oldani declaró en la causa que ella y su esposo retiraron “el dinero” porque la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro --que investigó el crimen- los había autorizado “a sacar todas las cosas de valor”. Por lo que el 18 de agosto del año pasado, Rodríguez denunció a Ferraro por supuesto “encubrimiento” y le abrió una causa penal que investiga su conducta.
Además de Virginia Oldani y María José Calle, los otros ocho procesados son la presidenta de la sociedad de Bolsa Mediterránea, Carina Chelmo, dos operadores del grupo Carey de Rosario: Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, el abogado Leandro Javier Forchetti y los inversionistas Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marco Molinas y Eugenio Francisco Alonso. Todos por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, que tiene una pena de uno a cuatro años de prisión.
Las indagatorias se realizaron en noviembre. El fiscal Rodríguez pidió el procesamiento de los diez imputados el 18 de marzo. Y volvió a insistir el 12 de abril, cuando solicitó al que juez que resuelva la situación procesal y le devuelva la causa para “profundizar la investigación” sobre los 27 del círculo rojo y qué “intervención” tuvieron en los hechos. El fiscal ya tiene los números de celulares de esos 27, algunos con nombres y apellidos y otros con los apodos que anotaba Oldani.
El juez reveló que en la agencia de turismo, en el microcentro, se realizaron “distintas maniobras” reservadas al sistema financiero, que eran “habituales” y no estaban autorizadas. Estimó el lapso de las operaciones “desde el año 2018 hasta el 11 de febrero de 2020”, el día del crimen. Y las agrupó en cuatro modalidades: 1) “La obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Oldani por un tiempo determinado a cambio de una tasa de interés”. 2) “La búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días)”, 3) Préstamo de dinero a terceros a 24 o 48 horas, a cambio de cheques y préstamos en dólares, 4) Y transferencia de divisas al exterior.
“En ese contexto –dijo Bailaque-, se puede afirmar que Virginia Oldani y María José Calle, realizaron aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores, en las maniobras delictivas” que describió en la resolución.
El juez explicó que Carina Chelmo, presidenta de la sociedad de bolsa Mediterránea, en ese período, “realizó un aporte individual por fuera de la estructura de la firma Turismo Oldani” y generó “un vínculo horizontal” con el empresario en operaciones de “préstamos”, “cheques” y “transacciones” al exterior. Mientras que los otros siete imputados: Forchetti, Molinas, Giulioni, Trucco, Alonso, Ciochetto y Bacigaluppo participaban en “operaciones con cheques”.
Bailaque precisó que Ciochetto y Bacigalupp tenían “una vinculación con el Grupo Carey de Rosario, dedicado a servicios financieros y asesoramiento bursátil, en el que Oldani poseía dos cuentas: una en pesos y otra en dólares, que eran administradas” por los imputados. “El teléfono utilizado por Bacigaluppo se encuentra registrado a nombre del Grupo Carey sociedad de bolsa, según la información obtenida del celular de Oldani”. “Bacigaluppo (…) fue empleado de “Cardiff Cambio SA y de la Asociación Mutual 29 de Noviembre” y “figura como gerente “CTPM SRL”, junto con María Florencia Woelflin, de apellido materno Carey”, dijo el juez. Y reveló un diálogo entre Oldani y un tal “Tope” –el primero de los 27 que está bajo la lupa- en el que el empresario le dice que “la mutual es la que tiene Carey para hacer algunas cosas en ese color”.
