La investigación por espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri ya aterrizó en los tribunales de Comodoro Py, como reclamaban exfuncionarios y espías macristas. Así lo resolvió el juez federal de Lomas Juan Pablo Augé después de que se lo ordenara la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes inicialmente sostuvieron que el expediente de altísimo impacto político debía continuar en ese juzgado hasta que la Corte se expidiera sobre la competencia.

La causa quedará en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la última llegada a los tribunales de Comodoro Py y una de las dos únicas mujeres que pisan fuerte en el tercer y cuarto piso del edificio de Retiro. La primera decisión de Capuchetti estará vinculada, nada más y nada menos, a resolver si acepta el pedido del fiscal Carlos Stornelli para apartarse de la causa. Stornelli, procesado en la causa de espionaje que tramita en Dolores, se excusó de intervenir no por el proceso que tiene abierto en su contra, sino porque dijo que él es querellante en la llamada causa Puf -- en la que se usaron escuchas ilegales --supuestamente filtradas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-- para torpedear la investigación sobre el D’Alessiogate.

Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa lo recusaron, además, este jueves por estar procesado en la causa de Dolores. Se espera que Capuchetti resuelva este viernes la situación de Stornelli. Es probable que acepte el apartamiento del fiscal procesado y envíe el tema a la fiscalía de Cámara -- que ocupa José Agüero Iturbe -- para definir quién será el representante del Ministerio Público en la causa.

El traspaso de la causa se precipitó después de que llegara a Casación un recurso de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri y el más activo a la hora de reclamar la mudanza a Comodoro Py. En ese incidente, Borinsky y Carbajo sostuvieron que la Cámara Federal de La Plata se había excedido en su jurisdicción porque ya Casación había establecido que la causa debía mudarse a Comodoro Py.

La tercera integrante de la Sala IV, Ángela Ledesma, les recriminó a sus colegas que no habían tratado las recusaciones que habían formulado querellantes después de que estallara el escándalo de las quince visitas de Borinsky a Olivos. No solamente se difundieron los encuentros en la quinta presidencial, sino también que Nieto --el principal interesado en forzar el pase a Comodoro Py-- habría estado en esas visitas e incluso que tenía agendado en su teléfono que debía hacerle una consulta al camarista sobre una denuncia, lo que demostraría cierto trato entre ambos. Además, Ledesma le remarcó a Borinsky que dos meses antes le había dicho a Augé que todavía no mandara la causa porque no estaba firme la decisión que habían tomado él y Carbajo. 

Augé escribió que se desprendía de la investigación en estricto cumplimiento de lo resuelto por los casadores y que Capuchetti deberá combinar con la fiscalía que encabezan Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para que le remitan todas las constancias de la causa. Horas antes, los fiscales le habían pedido al juez que no mandara la causa a Comodoro Py porque entendían que lo resuelto por Casación no estaba firme. Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, ya había anunciado que iba a apelar la decisión de Borinsky y Carbajo.

El futuro de la causa estará en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si convalida la decisión de Carbajo y Borinsky de que tramite en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

El espionaje al descubierto

La investigación tiene dos tramos: el del Instituto Patria y el de las andanzas de los Súper Mario Bros junto con el espionaje penitenciario. La primera parte estuvo inicialmente en manos de Augé y delegada en la fiscalía. La segunda parte estuvo los primeros meses a cargo del juez Federico Villena, que fue apartado por la Cámara Federal de La Plata. Después de esa resolución, Augé asumió al frente de los dos expedientes. De perfil bajo, Augé actuó como un juez de garantías y dejó que fueran los fiscales quienes marcaran el ritmo de la investigación.

La causa contempla más de 300 hechos de espionaje y ronda los cien querellantes. En el espionaje macrista no hubo grieta: la sufrieron tanto CFK como el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, así como la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri. La AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani actuó en coordinación en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para espiar a los presos kirchneristas en el penal de Ezeiza e incluso llegó a llenar de cámaras y micrófonos una alcaidía provincial de Melchor Romero en la que, según declararon espías, planeaban llevar detenidos a Hugo y Pablo Moyano.

Por el espionaje a CFK en el Instituto Patria tienen sus procesamientos confirmados tanto Arribas, Majdalani como el exdirector de Operaciones Alan Ruiz y el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste. Augé dictó los procesamientos contra otros 35 imputados en febrero por el otro tramo. Entre los procesados están el exdirector del SPF Emiliano Blanco y el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano. Todo eso quedó pendiente de revisión.

Los fiscales no encontraron elementos para pedir el procesamiento de Nieto, que fue quien motorizó el pase a Comodoro Py, por lo que Augé dictó una falta de mérito. Sin embargo, en las últimas semanas, los fiscales reactivaron la investigación, sobre todo centrada en el rol que podría haber tenido en la adulteración de los ingresos a Olivos para borrar las visitas de distintos magistrados. Además, estaban abocados a revisar las escuchas a los presos kirchneristas que hacía la AFI.