El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ordenó a las clínicas y sanatorios de la Capital Federal "reprogramar y suspender" por 30 días las cirugías e intervenciones médicas en patologías que no sean de carácter urgente. Una decisión acertada ante el crecimiento exponencial de los contagios de Covid-19. Sin embargo y al mismo tiempo comprueba cuánto influyen las disputas internas en Juntos por el Cambio que obliga al intendente porteño a pelear con el Gobierno nacional por la presencialidad de las clases, en perjuicio de los habitantes de CABA.

La prueba de esta conducta disociada en Juntos por el Cambio en general y en la administración porteña en particular, la expresó días pasados la presidenta del PRO, Patricia Bullrich cuando publicó un tuit. "Tuvieron un año para adecuar el sistema de salud. No lo hicieron. Ahora, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires interviene el sistema de salud privado y pide suspender cirugías para dar prioridad al Covid. Se meten con la libertad y disponen de nuestra vida", escribió Bullrich el martes último.

En rigor, lo que Bullrich cuestiona y critica con dureza es lo que ahora Rodríguez Larreta decidió. Por lo tanto, el jefe de gobierno, según la interpretación de Bullrich, está llevando adelante políticas de corte autoritario que atentan contra la "libertad" de los ciudadanos de CABA.

La medida en la Ciudad fue dispuesta a través de un decreto que lleva la firma del jefe de Gobierno porteño para procurar "la mayor cantidad de recursos asistenciales disponibles que permitan la atención de pacientes con Covid-19, tanto ambulatoria como de internación". Incluso Larreta ya había decido que la salud pública porteña dejara de lado incluso análisis de sangre de rutina y otros estudios para ser dedicados exclusivamente a pacientes con coronavirus. 

Poco después, cuando ya se había desatado el conflicto por las clases presenciales, el Gobierno de la Ciudad reconoció que le pidió respiradores a la Nación para reponer los que la administración porteña le transfirió al sistema privado de salud de la Capital Federal. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, no solo lo admitió sino que además dijo que los entregó en comodato por lo que se entiende que no hay una contraprestación o pago del sector privado por esta decisión del gobierno porteño que, al quedarse sin stock de respiradores, le pidió a la Nación que se los repusiera para hacer frente al incremento de internaciones en unidades de terapia intensiva.

El actual decreto de Larreta establece que "los efectores del subsistema de salud privado y los de la seguridad social deberán reprogramar y suspender, durante el plazo de treinta días corridos, la atención programada y las intervenciones médicas vinculadas a patologías que con criterio médico no sean de carácter urgente".

El decreto se publicó en el Boletín Oficial porteño y dice que el objetivo es "contar con la mayor cantidad de recursos asistenciales disponibles que permitan la atención de pacientes con Covid-19, tanto ambulatoria como de internación". El decreto sostiene además que la medida "se fundamenta en el estado actual de la situación de emergencia epidemiológica, atento el elevado número de casos e incremento del nivel de ocupación de camas".

Esa ocupación alta alcanza tanto a las camas "generales como de cuidados críticos", según el decreto en el que además se remarcó que resulta "imperativo que el sistema de salud en su totalidad realice una adecuación y reprogramación de la atención sanitaria, priorizando la atención de Covid-19, a fin de proteger y salvaguardar la salubridad pública". En los considerandos, se explicó que la medida se tomó "en virtud de la velocidad con que evoluciona la situación epidemiológica".

Además, el decreto indica que "en el contexto actual, y atento la evaluación de la condición epidemiológica realizada por el Ministerio de Salud, se advierte la necesidad de una acción articulada y coordinada de todo el sistema de salud en su conjunto, enfocando los esfuerzos del sistema sanitario para la atención de pacientes con Covid-19, sin desatender las necesidades más urgentes".

En este sentido, el Gobierno porteño señaló que "corresponde en consecuencia establecer que los efectores del subsistema de salud privado y los de la seguridad social deberán reprogramar y suspender, durante el plazo de treinta días corridos, la atención programada y las intervenciones médicas vinculadas a patologías que con criterio médico no sean de carácter urgente o que no puedan ser discontinuadas o postergadas".