Un obrero permanece detenido desde el martes en el destacamento policial del pueblo Nuestra Señora de Talavera, localidad de El Quebrachal en el departamento Anta, tras participar de una protesta de un grupo de alrededor de 10 trabajadores que pedían su reincorporación laboral, porque fueron despedidos el año pasado, durante el aislamiento obligatorio en plena pandemia, por la empresa TFP Construcciones, que realiza las obras de recuperación  y mantenimiento de vías en el Ferrocarril Belgrano. 

Juan Santillán tiene 26 años, lleva tres días detenido por pedido de la fiscala María Celeste García Pisacic al que dio lugar el juez de Garantías Héctor Guzmán. Lo imputaron por desobediencia judicial y amenazas coactivas. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que existía una cautelar emitida por el juez Guzmán para que las manifestaciones se realizaran al costado del ingreso al predio y no se entorpeciera el egreso de trabajadores y maquinarias. Aseguraron que la medida se notificó el martes a los manifestantes y a la media hora la incumplieron. 

Desde el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, informaron que ese día hubo protestas en dos obradores del Ferrocarril, la otra se dio en Joaquín V. González, donde un grupo "impidió que trabajadores salieran del predio a trabajar, después de amenazar con prender fuego a las máquinas y con golpearlos si entraban". Allí se encuentra la contratista UCSA, que declaró ante la Justicia que perdería $1.300.000 por día con la obra paralizada. 

Los trabajadores de El Quebrachal manifestaron a Salta/12 que no están vinculados con los de las protestas en Joaquín V. González.

El martes hubo pedidos de detención para otros tres despedidos a los que la policía buscaba con sus nombres en el obrador de Talavera, aunque solo quedó apresado Santillán. Uno de los obreros a los que buscaban contó a Salta/12 que no estuvo en las manifestaciones. 

"Están convirtiendo a una persona que quiere trabajo en un criminal. No se puede criminalizar la pobreza metiéndolo preso. ¡Después ¿cómo se lo reinserta socialmente?!", manifestó a Salta/12 el defensor oficial Juan Manuel Salinas, que representa a Santillán en esta causa. Contó que ya se opuso a la detención y presentó el pedido de libertad para el obrero, si no se lo dan afirmó que apelará e irá hasta "las últimas consecuencias". 

El defensor explicó que hay leyes que entran en conflicto ante una protesta, pero que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ampara a su defendido porque establece el derecho al trabajo y a la huelga. "Para mí no se configura el delito", sostuvo respecto a las causas que se le imputan al joven detenido.

La pareja del obrero, Carolina Sánchez, contó que él estuvo trabajando 6 meses el año pasado en la empresa pero "cuando comenzó la pandemia, empezaron a despedir a los compañeros, y después a él". Eso ocurrió en julio, ahora el grupo de 10 despedidos tuvo conocimiento de que la empresa estaba tomando de vuelta a trabajadores y Santillán fue con ellos a manifestarse. 

Sánchez explicó que Santillán fue a pedir que le devuelvan el trabajo porque no pudo reinsertarse laboralmente y solo ha conseguido algunas changas como jornalero que a veces surgen y otras no. Tienen en común 4 hijxs, entre ellxs una niña con discapacidad motriz. "Él es el único sustento de la familia", sostuvo la pareja.

La mujer contó que fue a la dependencia de la fiscalía que se encuentra en El Quebrachal, pero no encontró al auxiliar fiscal Rolando Savall Soto, solo pudo hablar con su secretario, quien le explicó que debía esperar "a ver qué determinaba el juez". Ella manifestó las dificultades que tiene para trasladarse al destacamento de Talavera donde se encuentra detenido el obrero porque queda a 32,5 kilómetros, este jueves pudo ir a verlo y llevarle cosas que necesitaba. A la vez, para anoticiarse de la causa con la fiscala o el juez debe hacer otros 30 kilómetros hasta Joaquín. V. González. La mujer solo tiene como medio transporte una motocicleta.

El defensor expresó que se trata de "una persona que está pidiendo trabajo y no está delinquiendo. Si le aplican una pena de prisión ¿cuál va a ser la resocialización?", cuestionó. "Dicen que estaba estorbando los arreglos sobre la vía del tren. Entiendo que es jurisdicción federal. Pedí que se aparte al juez y que se revea la competencia", añadió.

Salinas consideró que el joven detenido "quiere hacer las cosas bien", "lo único que quiere es trabajar, no quiere un plan social, ni que le den plata". El funcionario opinó que este es un reclamo en un contexto de mucha desocupación en el departamento Anta para el que se necesita una "solución política" y no judicial. Además, según lo que le relató su defendido, "no está muy clara la forma en que se toma a los trabajadores" en la empresa. 

"No es un delito pedir trabajo", dijo Salta/12 otro de los despedidos y compañero de Santillán. Expresó que prefería no dar su nombre para evitar tener que afrontar más problemas. Dijo que el gremio Uocra "no hizo nada" por su reincorporación, que se entrevistó con el secretario gremial, Rubén Aguilar pero "no pasó nada", y se quejó del referente que designó el gremialista en la zona, Mario Bravo, porque habría "un manoseo" respecto a quien ingresa o no trabajar en la empresa.