La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, solicitó este viernes, en carácter de “urgente”, la historia clínica y los antecedentes de la atención a una adolescente a la que un médico le pidió un pago de 20 mil pesos, o encuentros sexuales, para practicarle un aborto en una clínica privada. El pedido fiscal se hizo casi 6 meses después de radicada la denuncia contra el profesional.

La actuación se conoció justo el día en que Salta/12 dio a conocer la denuncia que el 30 de octubre de 2020 hizo una profesional de la Salud del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de esa ciudad.

En este caso en particular, la chica a la que el médico especialista en gineco-obstetricia le hizo el “ofrecimiento” tenía 15 años en el momento de los hechos. La profesional denunciante se enteró de estos hechos el 14 de julio, cuando atendió a la adolescente en un Centro de Salud. Otro caso de similares características fue relatado por una mujer de 31 años a otras profesionales del hospital tartagalense. Las agentes de Salud elevaron una nota a la gerencia del hospital informando de estas acusaciones.

Salta/12 tuvo acceso a esa nota presentada el 2 de marzo pasado, cuando el médico Juan López estaba a cargo de la institución. Le sucedió en la gerencia Santiago Payo, que sigue actualmente en el cargo.

Este medio pudo confirmar que el hospital ya cursó la notificación para que el médico haga su descargo, pero aún no llegó a su destinatario debido que está con licencia por razones de salud y, según fuentes consultadas, no fue encontrado en su domicilio particular. Este paso es necesario para comenzar con el sumario administrativo.

En la denuncia penal se relata que el 7 de julio se atendió a la chica de 15 años con un embarazo no deseado de tres meses en el Centro de Salud Madres de Plaza de Mayo. En una siguiente consulta, el 14 de julio, la adolescente contó llorando a otra profesional que un médico (que trabaja en el hospital y también en una clínica privada) al que recurrió en su consultorio privado le había ofrecido interrumpir su embarazo a cambio de $20 mil o “tener sexo con él tres veces por semana”.

Además, el médico examinó a la chica de una manera que hace presumir un abuso, dado que además de tocarla en partes íntimas de su cuerpo, tuvo prácticas médicas no indicadas para su situación clínica. En la nota elevada a la gerencia, las profesionales recuerdan que el “legrado no se recomienda como práctica de interrupción del primer trimestre en nuestra legislación”. La médica que la atendió y escuchó este relato dispuso el tratamiento con misoprostol.

Las profesionales pudieron determinar que la chica sufría también violencia intrafamiliar, por ese motivo volvió a entrar al hospital y frente a otras profesionales de la Salud ratificó su testimonio.

El jueves, en declaraciones a Radio Nacional, Ana Pérez Declerq, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra la Mujer en Salta, indicó que esta semana pidieron a la fiscal Martínez que informe sobre el estado procesal de la causa, sobre cuyo avance no se conocen más datos que el pedido de la historia clínica de la chica.

Por otra parte, en la nota a la gerencia del hospital se indica que el 24 de febrero se atendió a una mujer de 31 años que contó “haber solicitado una interrupción del embarazo” al médico denunciado, en una clínica privada, en enero, cuando cursaba un embarazo de 5 semanas.

Igual que en el caso de la adolescente, el médico le ofreció interrumpir el embarazo a cambio de $20 mil, pero “si tenemos relaciones sexuales, te lo hago gratis”, relató la mujer que le dijo. La mujer rechazó la propuesta y en la situación en que se encontraba y como tampoco tenía información sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) accedió a pagar los 20 mil.

Las profesionales que escucharon su relato hicieron notar que otra vez se desprende de sus dichos la existencia de prácticas no permitidas tanto al momento de la revisión de la paciente como en la disposición de un legrado cuando no es lo enmarcado por la ley, ni por los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, ni por las recomendaciones de la OMS. Tras el aborto en la clínica privada, la mujer ingresó con complicaciones al Hospital de Tartagal, “con fiebre y escalofríos”. Contó que mientras estaba internada el médico denunciado fue a su habitación a “realizarle un tacto vaginal sin su consentimiento”.

Un objetor en la parte pública

Las profesionales de la Salud recordaron en la nota que “este tipo de prácticas vulneran los derechos de las pacientes ejerciendo múltiples violencias (obstétricas, de género y sexual), y constituyen un delito de acuerdo al marco legal de nuestro país”. Entendieron que denuncias como estas no pueden ser pasadas por alto, más cuando el denunciado cumple funciones como ginecólogo en el hospital, “posición institucional que ante la falta de información de las pacientes respecto de las prácticas médicas legales o ilegales, le posibilita ejercer abuso de poder”.

Recordaron asimismo que en el hospital norteño solo dos médicas realizan las IVE mientras. Ayer se pudo conocer que quedó solo una profesional sin adherir a la “objeción de conciencia”. “El resto del personal médico se comporta como objetor de conciencia”. Entre ellos se encuentra el denunciado. Y recordaron también que “es un delito según las normativas vigentes que el doctor practique interrupciones en la parte privada y no las garantice en público”. En la nota reseñaron que gran parte de la comunidad del Hospital, y de Tartagal, conoce de las prácticas realizadas por el médico denunciado.