Una de las principales acciones de las escuelas, y por lo tanto de la educación, es enseñar a respetar la ley. Esta acción pedagógica es fundamental para una convivencia democrática. Su aprendizaje se logra a través de muchas actividades que se inician en el nivel inicial hasta la finalización de la escuela secundaria. El porqué de su importancia y valor en la enseñanza escolar radica en la formación de ciudadanos, los forma para el ejercicio de la ciudadanía lo cual implica un desempeño individual y social responsable.

Cuando los niños y las niñas juegan con dados sobre un tablero aprendiendo el sistema de numeración tienen que cumplir con una regla simple, avanzar tantos casilleros como indican los dados. Si no lo hacen así, no solo lo corrige su maestro sino también hay reclamos de sus compañeros. Cuando aprenden a escribir la regla de la escritura: de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y sobre el renglón es lo que hace posible dominar su normativa y disponer de un código común de comunicación. Estos son solo dos ejemplos de infinidad de situaciones que se presentan en la escolaridad cotidianamente.

Por otra parte, los educadores, también administran justicia y dirimen situaciones de controversia y desacuerdo dando razón a algunos y no dándosela a otros con argumentos que no siempre satisfacen a los estudiantes. Sin embargo, y es bueno que así sea, las familias no instruyen a sus hijos e hijas a desobedecer a sus maestros y profesores.

Cuando las autoridades educativas blanden la bandera de la desobediencia a las normas no miden las consecuencias de cómo estas acciones, expresiones y decisiones afectan el pensamiento de los niños y los adolescentes. Estamos cambiando las expectativas de desempeño de los niños y adolescentes para un país democrático donde el imperio de la ley garantiza una convivencia sostenida por un consenso básico vinculado con la protección de la vida.

Para el común de la gente, el cuidado por la educación se manifiesta de múltiples formas, algunas más visibles que otras, e inciden en el humor social. Veamos algunas de ellas, una es el financiamiento de la educación, cuando se reduce el presupuesto se amplía la desatención; otra, cuando se amenaza a los maestros, decae la confianza en la escuela y su acción; cuando la respuesta es desobedecer a la norma, se habilita un comportamiento anómico que pone en riesgo la seguridad y la convivencia bajo las reglas de un sistema democrático.

Las escuelas y los docentes no proponemos el pensamiento único, valoramos el disenso y la posibilidad de alcanzar compromisos de acción siempre y cuando no pongan en riesgo ni a los estudiantes ni a toda la comunidad educativa.

Enseñar y aprender remotamente por un segmento de tiempo acotado no vulnera el derecho a la educación. Se trata de participar de un juego cuya ganancia es que el virus no se “coma” a los contrincantes, alumnos, docentes y familias y cuyo resultado al finalizar la pandemia sean casilleros vacíos de pupitres y escritorios que no puedan ser reemplazados.

* Alberto Iardelevsky es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de la UBA y de la UNLZ.